Diques y millones: la puja con la Nación que también dependerá de las elecciones

Entre las peleas que Mendoza tiene con la Nación hay una en la que las piezas se mueven igual que en el ajedrez y que dependerá mucho de lo que ocurra en las elecciones nacionales, es decir de quien sea el próximo presidente. Se trata de la disputa por el control de la energía, un recurso estratégico que en gran parte la Nación ha retenido en contra de lo que dice la Constitución. El año que viene vencen las concesiones de las principales hidroeléctricas mendocinas ubicadas en el Sur y el Estado nacional debe decidir qué hacer; quién mantiene ese control.

Las represas cuya concesión vencen el año que viene son Agua del Toro, Los Reyunos y El Tigre en el río Diamante y Nihuil I, II y III, sobre el río Atuel. Todas están en manos de la empresa Pampa Energía, bajo las compañías HINISA (hidroeléctrica Los Nihuiles) e HIDISA (Hidroeléctrica Diamante). En 2025 también vencerán las concesiones de Potrerillos, Cacheuta y El Carrizal (que fueron prorrogadas hasta esa fecha, pero se trata de centrales que ya están a cargo de la provincia).

Mendoza reclama la potestad para hacerse cargo, pero las señales no son buenas: desde Casa Rosada ya tomaron una dirección contraria con las represas de la Patagonia, cuyo control sería transferido a una nueva empresa estatal. En ese caso la disputa es multimillonaria porque se trata del 10% de la generación de energía del país. Las represas de Mendoza tienen menos potencial y están en un Estado que requiere reinvertir. Pero igual generan ganancias y son bienes estratégicos. En el juego entra también el sector privado. La concesión de los diques está a cargo de la empresa Pampa Energía que también podría entrar en la negociación para saber si se prorroga ese contrato, si se vuelve a licitar o quién se hace cargo de la operación.

Más allá del debate sobre la “soberanía” de los recursos, hay millones en juego por la venta de energía. Los balances presentados por Pampa Energía aún son positivos, a pesar de los problemas que tiene el sector por efectos de la sequía: a menos volumen de agua almacenada, menos generación de energía y menos ingresos.

Mendoza es parte de HIDISA e HINISA y cobra regalías. Pero esos ingresos se transfieren directamente a la Empresa Mendocina de Energía (EMESA), la firma estatal que concentra poder y recursos  económicos provenientes de la energía y el petróleo. 

Los recursos son provinciales y así quedó establecido en le Constitución de 1994. Desde entonces la provincia recuperó el control de los recursos naturales, como el petróleo y también los renovables. Potrerillos es un ejemplo de ello, aunque en ese caso la Nación no tuvo nada que ver porque no aportó recursos. El Gobierno de Alberto Fernández creará una empresa que en realidad será un apéndice de ENARSA para gestionar a las hidroeléctricas. El premio consuelo que prometen para las provincias es transferirle acciones. Neuquén y Río Negro están en desacuerdo. Y desde Mendoza también, en caso de que quieran emular el modelo.

Recursos clave

La provincia tiene una política errática en materia energética porque no ha logrado despegar. Desde el 2000 que no se construye ningún dique y se han sumado frustraciones. La intención era redireccionar la gestión para que sea el Estado provincial el que recaude los fondos de regalías y así, como ocurrió en San Juan, financiar nuevas obras de ese estilo. Esa era la idea con el fracasado Portezuelo del Viento. El caso termina siendo algo insólito por la disponibilidad de recursos y la falta de concreción de proyectos. Todos coinciden que la obra más necesaria es la represa Uspallata por la saturación; el déficit hídrico de la cuenca del Río Mendoza y la pérdida de vida útil de Potrerillos por los sedimentos. Pero la complejidad por el traslado de la ruta genera pereza intelectual para buscar soluciones.

Así surgió la salida con El Baqueano, una obra que agregaría energía y poca agua de reserva en una cuenca ya regulada. En el Gobierno reconocen que los anuncios tienen más de efecto político que real porque nadie quiere arriesgar a comprometer un contrato de esa magnitud en el marco de incertidumbre que hay. Por eso es probable que se terminen los estudios, algún borrador de pliego y hasta una licitación. Pero no habrá adjudicación o compromiso antes del 9 de diciembre. De cajón, el modelo original ya fue descartado: esa idea de que el Estado financie el 100% de la obra (porque le sobran los recursos) y tercerice la concesión. Una idea que gana poder es que se emule el modelo Potrerillos, es decir que las empresas pongan la mitad de los recursos y se queden con la concesión. Allí quedarían descartadas gran parte de las empresas que se habían alistado para ser parte de la obra, desde IMPSA hasta CEOSA, porque no tienen solidez financiera para poner 250 millones de dólares.

Hay algún indicio de cercanía política para mantener una estrategia común entre Mendoza y Neuquén respecto a obras y recursos. Pero aún falta mucho y el cambio de gobierno podría ser clave: si hay sintonía entre la Nación y el Estado provincial desde diciembre, podrían cambiar las relaciones de poder. La ventaja es que las concesiones mendocinas vencen luego del cambio de gestión.

En paralelo se relanzó un viejo reclamo nunca concretado: el resarcimiento por las regalías mal habidas a favor de La Pampa por los Nihuiles. Según cálculos generales, podrían ser 500 millones de dólares a reclamar. Es decir, la mitad de lo que Mendoza logró conseguir como resarcimiento por los perjuicios de la Promoción Industrial.