Los coletazos y las dudas políticas tras la suspensión del juez Walter Bento

Hoy fue un comienzo de día distinto en el tercer piso de Tribunales Federales; particularmente en el ala Este. Allí está el despacho de quien hasta ayer fuera el juez con mayor influencia en Mendoza: el suspendido Walter Bento. En su despacho quedó la colección de búhos decorativos que acumula y papeles, pero por poco tiempo porque tiene 48 horas para desalojarla. El el halo de poder que envolvía a esa oficina tampoco está, por primera vez desde que fue designado en 2005 y que mantuvo durante los últimos 2 años aún a pesar de las acusaciones, procesamientos y pedidos de detención por su mal desempeño y sospechas de corrupción.

Según explican, hubo una descarga de tensión enorme y alivio en los despachos y pasillos. Incluso en los colaboradores más cercanos del procesado juez. La convivencia en el edificio de calle España se había hecho insoportable entre los magistrados y también con la Cámara Federal de Mendoza. Bento no estaba solo, pues su esposa y sus hijos eran parte de la "familia judicial" y tenía capilaridad con todos los sectores, incluidas fiscalías, defensorías y áreas administrativas. La Cámara Federal ya le había advertido a la Corte Suprema sobre la inconveniencia de la convivencia del juez con sus pares, empleados y superiores. 

La notificación de la suspensión que decidió el Consejo de la Magistratura fue rápida, todo lo contrario al proceso que llevó adelante para llegar a ese final. De hecho, en el organismo político encargado de analizar el desempeño de los magistrados fue el epicentro más concreto de las presiones, lobbies.

Mendoza suma procesos en el Consejo de la Magistratura. En 2002 fue destituido Luis Leiva, también del Juzgado Federal 1, el "súper" juzgado. En 2011 fueron destituidos por el Consejo los jueces de la Cámara Federal Otilio Romano, Luis Miret, Rolando Evaristo Carrizo y Guillermo Max Petra. 

Si el Jury determina la destitución, al próximo presidente le tocará elegir (previo concurso) al reemplazante, al igual que los cargos que nuevamente quedaron vacantes en la Cámara. La Justicia Federal de Mendoza seguirá siendo un blanco apetecible para la política. En el medio hay proyectos frenados para ejecutar cambios, como el presentado por Anabel Fernández Sagasti para crear nuevos tribunales. 

Relaciones

El núcleo es la convivencia y, algunas veces, la connivencia entre la política y el Poder Judicial; los intereses comunes entran en conflicto algunas veces. Los jueces son propuestos por el Consejo de la Magistratura, elegidos por el Presidente y ratificados por el Senado. La ingenuidad está ausenten en esos procesos. Bento llegó sugerido desde Buenos Aires en 2005. Había concursado y fue el dedo del operador peronista y por entonces asesor de Néstor Kirchner Juan Carlos Mazzón y el padrinazgo de María Romilda Servini quienes lo pusieron en ese cargo rodeado de privilegios. La "pluralidad" de competencias daba y transfería poder. Bento tenía en sus manos el control de las elecciones y de los partidos políticos. Por eso el interés extra. 

La política había actuado con cautela, temor y con incredulidad: pensaban que las investigaciones periodísticas y del del fiscal no llegarían a nada, justamente por la red de influencias del acusado. De hecho las sospechas no eran nueva y los dirigentes políticos que tienen influencia sobre el Consejo de la Magistratura y sabían de esas dudas, actuaron con omisión. Eso se transformó en temor cuando se "abrió" uno de los teléfonos de Bento y comenzaron a aparecer datos sobre los vínculos de amistad y laborales del juez con actores de todos los poderes del Estado. En esos cruces había desde saludos afectuosos, hasta sugerencias de estrategias judiciales. Y mucho trato coloquial.

El kirchnerismo, que había llevado al cargo a Bento, fue el más "cauto", por usar un eufemismo. "Va a pasar lo que tenga que pasar", decían evasivamente los referentes. En el medio estaba la pelea del oficialismo nacional con el Poder Judicial, donde Bento era un aliado incómodo. Las dilaciones fueron tantas, que en el medio hubo un cambio en la integración del Consejo de la Magistratura y fueron necesarios nuevos despachos. Ayer, tras negociaciones que incluyeron idas y vueltas, finalmente le soltaron la mano al juez desde la oposición, el oficialismo y hasta la corporación judicial. Su amigo Lugones puso algunos matices, pero también avaló la suspensión. 

Cambia Mendoza fue el primer sector político en expresarse públicamente sobre la situación de Bento, tras haber sido procesado. Desde el PJ, en cambio, hubo dudas. Hoy, Alfredo Cornejo pasó factura por ello a través de las redes sociales. "La decisión unánime del Consejo de la Magistratura, respecto de la suspensión del juez Bento, va en la dirección correcta de sanear la justicia federal de Mendoza. Lamento la dilación en el tiempo que promovió el Kirchnerismo, perjudicando la imagen de todo el universo judicial", dijo a través de Twitter. 

La justicia federal de Mendoza ha tenido años movidos y las repercusiones se sienten incluso fuera de los límites provinciales. Luego de la destitución de la Cámara Federal por los crímenes de lesa humanidad de la que los jueces habían sido parte, recién en el gobierno de Mauricio Macri se terminó de conformar nuevamente, con una impronta ligada a ese sector político. Los tribunales inferiores también fueron parte de pujas políticas para su renovación. Macri había ponderado algunos, Alberto Fernández los cambió.  La competencia penal que le sacaron a Bento quedó en manos del juez Garnica y lo electoral  se hará cargo de Pablo Quirós, del juzgado federal 2. Quirós fue uno de los ponderados por Alberto Fernández, en detrimento del candidato que había propuesto Mauricio Macri: el exfuncionario del gobierno de Cambia Mendoza Sebastián Soneira. 

El camino de Bento seguirá en declive. Solo le quedan los fueros para evitar que vaya preso. Con la suspensión, ahora debe armarse el jury, donde tendrá derecho a defensa. Ese juicio le interesa porque en caso de ser destituido, pierde el privilegio de la libertad porque se haría efectivo el pedido de detención. Difícilmente ocurra, por los tiempos. En julio comienza el debate oral y público, donde podría ser condenado penalmente. Está acusado de ser líder de una banda criminal dedicada a ejecutar favores desde la justicia federal a cambio de coimas. Por eso además de estar procesado por asociación ilícita, también lo está por cohecho, enriquecimiento ilícito, lavado de activos y abuso de autoridad.