Sobrevuelan otra vez las sospechas de favoritismo en la obra pública

La anécdota es más o menos así. Un empresario mendocino decidió participar de una licitación importante encarada por el gobierno de Rodolfo Suarez durante el 2022. A los pocos días de que venciera el plazo previsto para la presentación de los pliegos, y mientras seguía armando el proyecto, se enteró que se habían anticipado los tiempos y que la licitación prácticamente ya había sido adjudicada.

Extrañado por la situación tomó el teléfono y llamó al funcionario del área. Lo que vino después fue notable: a los diez minutos de haber disparado esa llamada, el que sonaba en su celular era el número del gobernador quien, a su vez, le anticipa que lo iba a llamar “Fernando”. Fernando no era otro que el titular de la empresa CEOSA, Fernando Porreta, a quien el gobierno le había adjudicado el negocio en cuestión. La propuesta de éste último fue directa: si bien él había resultado adjudicado, estaba abierto para que el empresario sorprendido pudiera entrar y participar.

El relato podría servir como una mínima muestra de lo que desde el arranque de la gestión de Rodolfo Suarez se sospecha y hasta se llegó a denunciar penalmente en alguna ocasión. Esto es, que existe falta de transparencia y favoritismo en la adjudicación de obra pública y, sobre todo, en las licitaciones de proyectos de envergadura.

Esta última semana se subió un peldaño más en esta escalada. CEOSA está a un paso de quedarse con la construcción de la extensión de la línea del Metrotranvía, una nueva traza que contaba con un presupuesto de $26 mil millones originalmente, pero que podría terminar costando casi $40 mil millones en definitiva.

Como contó MDZ, la obra le será adjudicada a la constructora de Porreta como única oferente y en donde además se está preparando una ingeniería financiera especial para sostener el proyecto. Una de las herramientas que usarán es entregarle a la empresa adelantos de fondos para "congelar precios" y comenzar la obra. Una empresa que puede mostrar antecedentes en construcciones de este tipo, pero que está atravesando desde hace tiempo problemas financieros.

En ámbitos políticos y sobre todo dentro del universo de las empresas de construcción la discusión por lo que está a punto de suceder es fuerte. Por un lado, -en un debate que alcanza hasta a las figuras del propio gobierno- es si Mendoza debería avanzar o no con una inversión de este tipo tomando en cuentas otras carencias y que son múltiples en materia de infraestructura. Y sobre todo las necesidades vinculadas con el agua. Sin embargo hacia donde están mirando las empresas del sector es hacia otro lado.

Entienden que, más allá del vínculo histórico entre CEOSA y esta administración, lo que se está desplegando es una decisión del Ejecutivo de compensar a las empresas que se quedaron afuera de la construcción de Portezuelo del Viento y que pusieron mucho dinero en su momento (y ejercieron muchísimo lobby asimismo) para quedarse con una obra millonaria que finalmente no se hará.

No respondería a otro motivo esta decisión de a quién entregarle la construcción del Metrotranvía. Y habrá que estar atento a lo que viene: para nadie es un secreto que Obras Andinas e IMPSA (las otras dos empresas que se quedaron sin Portezuelo) podrían terminar siendo las adjudicatarias de El Baqueano, la represa en el río Diamante que será licitada en julio y que será financiada en un principio por los dólares que finalmente no se utilizaron en el postergado dique de Malargüe.

Mucho de esto quizás explique en parte las razones del convenio que Suarez firmó con Sergio Massa hace quince días para que sea la Nación, a través del Programa Nacional de Obras Hidroeléctricas, quien a lo largo de 15 años terminará pagando el nuevo dique en proyección y por un valor muy superior al inicial. No hay que perder aquí un punto de vista: Mendoza y la Nación son socios en el plan de rescate de IMPSA y, caído Portezuelo, el contrato de El Baqueno le podría dar una sobrevida de diez años a la empresa.

El llamado a licitación para El Baqueano será nacional e internacional, aunque las empresas interesadas en participar ya avizoran el escenario. Tal como ocurrió en la licitación de Portezuelo del Viento, encienden las alarmas por un proceso en el que se podrían establecer condiciones a las que solo empresas elegidas podrían terminar calificando.

En el contexto actual de la situación del ministro de Economía, ese convenio bien podría equivaler a la compra de un lote en la luna. Aunque el gobierno lo defiende. Tiene el reaseguro de que, en caso de que dentro de cinco años no se cumpla, existirá la posibilidad del reclamo judicial. Pero cinco , diez y quince años son una eternidad en la Argentina. Y más: Mendoza, sobre todo con Portezuelo, tiene una larga y compleja historia de acuerdos de este tipo que después nunca se cumplieron.

La utilización de los recursos disponibles para obras hídricas en ese famoso acuerdo hecho con Mauricio Macri por U$S 1.000 millones fue uno de los puntos de conflicto entre Suarez y Alfredo Cornejo. De hecho una de las críticas más agudas que desliza el candidato en público tiene que ver, precisamente, por la dilación de Suarez en dar de baja la licitación de Portezuelo. Sobre El Baqueano y el acuerdo con Massa, apenas un tuit de respaldo al acuerdo.

Acuerdos de larga data

La anécdota que relató un empresario a MDZ, que incluyó ese tan llamativo como inconveniente accionar de Suarez y su alerta a Porreta, estuvo relacionado con el proceso de licitación para el desarrollo del denominado “master plan” para el perilago de Potrerillos.

El gobierno adjudicó a dos empresas, entre julio y noviembre de 2022, la concesión por 50 años para la explotación de una zona de la margen Sur del lago y una de las beneficiadas fue una firma vinculada estrechamente a CEOSA. Se trata de Mendo Travel, que es a su vez una de las integrantes de Inversora Potrerillos SA. Esta empresa fue creada para participar con otro socio, Nell Joy Industries Mendoza S.A., para quedarse en 2011 por 20 años con la concesión del Hotel Potrerillos. Porreta se quedó así con el corazón del negocio turístico en la zona más privilegiada y con mayor potencial de Mendoza.

El compromiso de inversión es millonario y se estableció el pago de un canon del cual no se tienen demasiados detalles todavía. En total la inversión asumida es de unos U$S 40 millones que deberán aportarse durante los primeros años de la concesión, asunto que para los funcionarios que firmaron el acuerdo no es un riesgo si se toma en cuenta la frágil situación financiera de la empresa. "La documentación presentada fue revisada por Mendoza Fiduciaria. Desde lo formal cumplió con todos los requerimientos formales, actualmente hay un contrato provisorio formal, el final se va a efectivizar cuando se apruebe el proyecto ejecutivo. Si falla en alguna de las fases de este proceso la empresa puede quedar afuera”, fue lo que aseguró en su momento el secretario de Ambiente, Humberto Mingorance.

Por lo pronto, Mendo Travel ya empezó a fallar en algo. A la espera de la publicación del anteproyecto ejecutivo que estaba previsto que se presentara en marzo y en donde se conocerá en definitiva cuál será el cronograma de inversión, Ambiente había acordado de forma bastante “sui generis” que durante este último verano algunas mejoras de servicios ya se comenzaran a implementar en el lugar. Mingorance otra vez: "Lo que se hizo fue proponerle a las dos desarrolladores si podían realizar obras, teniendo en cuenta que serían provisorias y precarias”. Pasó la temporada y nada se hizo.

Sin embargo el historial de sospechas de favoritismo y falta de transparencia en licitaciones importantes no estuvieron centradas únicamente en las concesiones del negocio de turismo. Sino que fueron mucho, pero mucho más allá. El fallido proceso de adjudicación para la construcción de la represa Portezuelo del Viento fue un ejemplo de esto. Y otra vez con Ceosa como protagonista, en este caso junto a Obras Andinas e IMPSA.

El gobierno provincial siempre tuvo en mente que esa megaobra en el Sur terminara en manos de estas tres empresas, que venían además con una compañía china, Sinoydro, como cabeza del proyecto. Cuando el proceso de licitación si disparó, fueron varias las empresas nacionales que apuntaron a presentarse. Pero terminaron quedando fuera porque reaccionaron tarde al momento de armar los pliegos, pero también porque de la forma en que estos habían sido confeccionados los dejaban sin chances de competir. Cuando algunas sospechas por favoritismo se agitaron en este punto del proceso, el gobierno reaccionó prorrogando un mes el acto de presentación de ofertas y habilitó una interpretación de los pliegos para permitir que otras constructoras pudieran interesarse y estructurar una oferta.

Pero esa supuesta apertura nunca se concretó en los papeles. Techint intentó presentarse; la empresa Panedile, que construyó diques en San Juan, también, pero rápidamente abandonaron la idea cuando se convencieron de que el gobierno no flexibilizaba las condiciones para licitar y, entre otros puntos, no permitía que sumaran como antecedentes grandes obras de infraestructura hechas por ellos. Una cláusula parecía ajustar perfecto para las elegidas: entre los antecedentes requeridos estaba haber construido tres diques en los últimos quince años, situación que solo terminaba favoreciendo a los chinos. Fue muy peculiar la argumentación oficial ante esta exigencia: entre otras cosas que se dijeron, estuvo la explicación de que se pedía esa experiencia para que la represa estuviera “bien hecha”- como expresó el propio gobernador- y evitar así problemas a futuro.

Pero lo más sugestivo sobrevino después cuando la obra quedó adjudicada para el consorcio que conformaron Impsa y las constructoras de Álvarez y Porreta. Ya con los chinos en el juego, sucedió un episodio bochornoso. El consorcio terminó proponiendo una reducción del 22,6% a las distintas ofertas que realizó en un primer momento, que en concreto representaron U$S 200 millones de dólares menos del costo original que habían planteado. El resultado de esa negociación tuvo ribetes escandalosos porque existen poquísimos antecedentes en licitaciones de esta envergadura en donde, ante un pedido de mejora de oferta, la rebaja es de más del 20%.

La idea de Suarez fue seguir a toda costa con la obra, más allá de que pasó lo que pasó, tras las trabas impuestas por Alberto Fernández a la luz de los reclamos de La Pampa. Portezuelo cayó, aunque por lo que se vio esta semana y por lo que podría ocurrir a futuro las empresas involucradas tendrían su reaseguro.

El último caso significativo que involucró a Ceosa (y a Obras Andinas también) tuvo todos los ribetes de un escándalo que llegó además a organismos internacionales de crédito. En este caso el protagonista de la historia fue el Departamento General de Irrigación, ocurrió en 2020 , aunque sus consecuencias llegaron hasta nuestros días.

El Banco Interamericano de Desarrollo (BID), en un hecho inédito, retiró en junio de ese año el financiamiento que había comprometido para la construcción de un acueducto ganadero en el Sur provincial, luego de que comprobaran irregularidades serias en el proceso de licitación encarado por el DGI y que derivó en una adjudicación para Porreta. Se trata del acueducto Monte Comán - La Horqueta, en San Rafael, que el Gobierno había licitado en agosto de 2019 con un presupuesto de $645.810.000 financiados en partes tanto por el BID como por el Estado Provincial.

La obra iba a ser adjudicada a Ceosa y Obras Andinas, pero denuncias judiciales de otras empresas que habían participado del proceso lo forzaron a torcer el rumbo e Irrigación, a través de la firma del superintendente Sergio Marinelli, dio de baja el proceso. Lo que había ocurrido fue claro: Irrigación había descartado adjudicar para quien había realizado la oferta más barata (Laugero -Corporación del Sur) y optó por adjudicar al quinto en la lista. Es decir, a Ceosa y OAS. El BID formó una comisión investigadora luego de que la mayoría de las empresas, de un total de doce que se presentaron a competir, denunciara que quien resultó adjudicado había calificado en ese quinto lugar y que además había presentado un presupuesto que era $50 millones más caro que quien había realizado la oferta más baja. En este caso, la empresa Laugero. En definitiva, el BID le terminó quitando el financiamiento a ese acueducto.

Las explicaciones oficiales fueron muy peculiares. En líneas generales, Marinelli sostuvo que la licitación estuvo bien hecha y que el problema se generó por “puterío entre empresas”. Aunque admitió la gravedad de un asunto: dentro del proceso se rompió la cláusula de confidencialidad porque uno de los integrantes de la Comisión Evaluadora de Irrigación le aseguró al menos a dos empresas que no reunían los antecedentes que requería el pliego. Una información que, de ninguna manera, podría haberles trasladado.

¿La síntesis de este desmanejo? El gobierno terminó adjudicando en abril último el acueducto y lo hizo a la empresa que había calificado en primer lugar en aquél proceso objetado por el BID. Pero con una diferencia: de los $645 millones que iban a ser financiados en buena parte por el organismo de crédito internacional, la obra tiene ahora un costo de $ 4.600 millones que los pagará completos la provincia.