La guerra del agua, primera parte: el acuífero que vale "oro" y está rodeado de tensiones por corrupción y contaminación

En el barrio Alto Agrelo juntan agua en tachos, baldes y donde puedan. Están sobre una de las zonas más ricas de Mendoza y también restringida para habitar: bajo sus pies están los oleoductos que nutren de petróleo a la refinería de Luján y, más abajo un la reserva de agua subterránea de la subcuenca El Carrizal, la más deseada y generadora de polémicas de Mendoza.

A pocos kilómetros al Sur, hay otro tipo de deseos sobre la misma zona, bajo la tierra. En Ugarteche y Agrelo están las fincas que producen los vinos de moda; canchas de golf, hoteles seis estrellas y precios en dólares. El lugar era tierra inhóspita, hasta que accedieron al agua subterránea de la misma subcuenca. La hectárea pasó de los 3 mil, a los 100 mil dólares de costo. En el medio, una intrincada polémica de sospechas de corrupción, privilegios y causas judiciales que duermen convenientemente.

Mendoza lo vive ahora y será un conflicto más profundo a futuro: el acceso al agua permitirá o restringirá el desarrollo de familias, emprendimientos, empresas y a toda la Provincia. Hoy ya existe una “guerra” fría por el uso de ese recurso, una pelea que tiene distintos capítulos y solo una consigna irreversible: habrá menos agua disponible para más personas.

Todos los modelos científicos realizados en Mendoza por el Ianigla, el Iadiza e Irrigación indican que habrá menos escurrimiento en los ríos de Mendoza, menos almacenamiento de nieve y en los glaciares, probablemente más agua de lluvia en algunas temporadas y, por ende, más competencia por ese recurso.

La competencia por el agua incluye el uso para abastecimiento poblacional, para el agro, para las industrias tradicionales, para las industrias extractivas (como el petróleo y la minería) y para la recreación. Como el agua es el principal problema de Mendoza, el gobernador Rodolfo Suarez tomó el tema como eje de su gestión. Por un lado con inversión en agua potable y cloacas. También con la búsqueda de un plan integral. Para ello se sumó a la iniciativa nacional de contratar e la empresa israelí Mekorot, que comenzó trabajos desde cero a pesar del material científico, técnico, operativo y político disponible en Mendoza. Esa empresa asesora a Irrigación y ya ocurrió una curiosidad que muchos preveían: profesionales de Irrigación que renunciaron para ser contratados por la consultora y aportar así su "expertis" para asesorar a su anterior empleadora. 

Tensiones

La subcuenca El Carrizal se nutre del Río Mendoza y está en la margen Sur de ese curso de agua. Allí confluyen todas las tensiones porque está la zona vitivinícola más deseada en convivencia con pozos petroleros y una refinería. También el lobby para conseguir privilegios, como el acceso a aguas subterráneas en zonas de restricción.

Según los estudios realizados con modelos matemáticos, la subcuenca tiene un volumen estimado de 1700 hectómetros cúbicos de agua. Es el equivalente a más de 4 diques potrerillos. Pero no es agua disponible. Por año la disponibilidad ronda los 60 hectómetros y desde hace décadas tiene balance negativo: se extrae más agua de la que se almacena.

Por eso a fines de la década de los 90 el Departamento General de Irrigación restringió los permisos de perforación. La base era justamente esa: había un balance negativo del acuífero. Desde esa época comenzaron también las presiones para permitir el acceso al agua y la resistencia de los productores que ya estaban instalados.

La prohibición se mantuvo, pero en 2010 un proceso exprés de Irrigación habilitó 19 perforaciones para desarrollar emprendimientos productivos de lujo. Mientras que para realizar la restricción hubo un largo proceso y dos audiencias públicas, para otorgarle el beneficio a las empresas se hizo sin mediación pública. Como es conocido, las empresas que accedieron ejecutaron una maniobra administrativa engañosa.

Eran SA, pero formaron una entidad intermedia (la Cámara de Comercio y Turismo Alto Agrelo) como productores porque eso les permitiría una vía más elegante para otorgar el agua. Irrigación hizo un proceso rápido y habilitó los pozos porque consideraba que se podía aumentar en hasta un 5% la extracción de agua. Y los empresarios quedaron ponderados por ser parte de esa asociación. Años antes el mismo pedido había sido denegado.

En el medio hubo negocios inmobiliarios para los cuales el acceso al agua fue fundamental. En uno de los campos, por ejemplo, el valor de la tierra se multiplicó. Cuando los propietarios mendocinos vendieron un campo de algo más de 400 hectáreas, recibieron 1,2 millones de dólares. Es decir, 3 mil dólares por hectárea. Los cálculos más conservadores (que figuran en el expediente de la Suprema Corte, mencionan que la tierra con acceso al agua se comercializa a 100 mil dólares la hectárea. Bulnes, Santa María de los Andes, Santacroce, Vignes des Andes, Aymuray, Viñas Alto Agrelo, Altos de Agrelo y Cerezas Argentinas fueron las que accedieron a los pozos. Antes, habían fracasado otra firmas para conseguir 84 perforaciones. En total se preveía desarrollar algo más de 6 mil hectáreas que ahora tienen un valor de piso de 640 millones de dólares. El propio Departamento General de Irrigación informa sobre el privilegio al que accedieron los empresarios, y así figura hasta en el dictámen del MPF. "La conformación de la Cámara de Comercio y Turismo Alto Agrelo habría tenido por única finalidad anteponer a sus asociados a otros pretensos usuarios del escaso recurso la preferencia que establece el art. 7 de la ley 4035 a favor de entes asociativos (vgr. consorcios, asociaciones o cooperativas de usuarios) y a través del cual los integrantes de la misma se antepusieron a otros solicitantes (84), resulta verificado ya que, como surge de las constancias de autos y no lo niega la actora, la utilización del uso del agua solamente es en beneficio o interés particular, para su propio proyecto de inversión, el cual no hubiera tenido posibilidad de no mediar esa interposición, ya que la propiedad involucrada tampoco tiene derecho de riego superficiario", dice textualmente el dictamen.

El otorgamiento de esos permisos le valió el cargo a Eduardo Frigerio, que era superintendente de Irrigación en el gobierno de Celso Jaque. En 2012 los permisos fueron anulados y se ordenó “revertir el proceso”. Las empresas recurrieron a la Suprema Corte y ese tribunal se encargó, tácitamente, de hacer que cualquier decisión sea tarde. Es que las causas llevan más de una década, están en estado de resolver y no hay sentencia. Mientras, el agua se extrae, las inversiones se hicieron, se reciben turistas, se juega al golf, se producen vinos Premium y hasta desde el Ministerio Público Fiscal sugieran que es tarde. El problema de fondo está no en las inversiones, sino en cómo se accedió al beneficio de tener agua y hasta la autoridad del Departamento General de Irrigación, que reconoció la irregularidad. No hay ninguna causa penal en proceso, a pesar de las sospechas.

La subcuenca está impactada por la actividad petrolera. En una zona por la extracción de crudo y los malos usos que hubo durante décadas. Por eso hay campos donde ya no se cultiva y decenas de litigios con superficiarios, es decir propietarios de la tierra donde hubo impacto. Además, hay  una zona de 170 hectómetros cúbicos donde hay presencia de MTBE. Se trata de una sustancia contaminante que proviene de la Refinería de Luján de Cuyo, desde donde se infiltraron hacia las napas sustancias contaminantes, incluido el benceno. 

Un 2,3% de la subcuenca está impactada con MTBE y la petrolera estatal YPF ejecuta un complejo sistema de limpieza del agua: la extraen, la “limpian” y la vuelven a inyectar. Además, abastecen con agua sin contaminantes a algunas de las fincas afectadas. La zona más cercana a la planta tiene presencia de otras sustancias, como el benceno. Se trata de un 0,3 por ciento del total. La Justicia de Mendoza también tiene causas pendientes relativas a esos hechos de contaminación.