Suarez busca endurecer una medida que los gobernadores esquivaron: menos gasto y ahorro para crisis

Mendoza tiene dos características particulares. Por un lado se diseñaron leyes modelo para el control de la gestión pública; pero por el otro hay una costumbre que se automatizó: excepciones para no cumplirlas. Es lo que pasó con la ley de responsabilidad fiscal, que fue única y se usó de ejemplo en todo el país. Pero desde que se sancionó los gobernadores han puesto freno a muchas de sus disposiciones. Ahora Rodolfo Suarez propuso modificarla para "relanzar" la política de control fiscal y previsibilidad.

El ahorro obligatorio, el control y la limitación para que los años "impares" los gobernadores no aumenten los gastos corrientes son los principales puntos. Ambos ya estaban, pero se endurecen. Así, por ejemplo, se obliga a que el Poder Ejecutivo tenga "una nómica salarial" ahorrada para contingencias y que extender a un año las restricciones para contratar personal. 

Hoy se da una situación particular porque el Estado provincial tiene un importante volumen de ahorros en pesos y hay municipios que incluso tienen una situación más holgada aún, con colocaciones financieras, bonos y plazos fijos. Todo en una situación económica catastrófica para el sector privado por la inflación y la caída de la actividad real. Desde el oficialismo aseguran que hay una política paulatina pero sostenida de alivio de la presión tributaria. 

El control fiscal ha sido uno de los ejes de la gestión de Rodolfo Suarez. Tanto, que le valió hasta algunas críticas por tener ahorros como Estado en una situación social dramática. La idea de tener equilibrio fiscal incluso está incluido en el proyecto de reforma de la Constitución para que tenga el mayor rango como norma indeleble. "Incorporar el equilibrio fiscal del sector público provincial y municipal como deber del Estado y derecho colectivo de la población", propone esa reforma como parte de las nuevas Declaraciones, Derechos y Garantías. "El equilibrio fiscal, el superávit primario y el ahorro deben ser políticas de Estado; si no es inviable gestionar a futuro. Es un eje que mantenemos y por eso hasta lo propusimos en la reforma de la Constitución", aseguró Suarez a MDZ. 

Así como los déficits siempre generan deuda, no existe reducción de deuda sin superávit y el superávit es una condición necesaria para el desendeudamiento. Por ello, hoy la deuda pública medida en dólares es un 34% menor a la registrada en diciembre de 2015 y medida en pesos constantes es 45% menor. Esta disminución del stock de deuda es consecuencia de una gestión ordenada de las finanzas provinciales. En la actualidad, el Gobierno provincial sólo accede al financiamiento para fortalecer su plan de inversión pública y no para gastos corrientes, como ocurrió en el pasado. 

Ahorro

La ley original se sancionó en 2004, con una fuerte injerencia de algunos sectores empresarios y de la sociedad civil. Allí ya contemplaba un fondo anticíclico que salvo Julio Cobos, ningún otro gobernador cumplió. De hecho, los presupuestos anuales siempre incorporaron excepciones para esquivar la constitución del fondo y tener mayor margen de maniobra discrecional con los fondos excedentes. El nuevo proyecto busca poner mayores garantías para que haya ahorro y le pone montos. Por eso se obliga a que a fin de año el Estado tenga un ahorro mínimo de "una nómina salarial"; es decir que alcance para pagar los salarios de todos los empleados públicos de la provincia. El mes de referencia es noviembre. 

Ese ahorro se guardará en una cuesta especial y los recursos solo podrían usarse en situaciones de recesión confirmada con criterios objetivos como una caída de la recaudación mayor al 5% durante tres meses. En ese caso el Gobierno podrá echar mano a los fondos como si fueran ingresos corrientes. En esos ciclos también quedará exceptuada la constitución del fondo. La diferencia con la actual situación es que esos recursos estarán blindados a al tentación de los gobernadores de turno. El problema será también la gestión y el control, pues "hecha le ley y hecha la trampa": los presupuestos anuales son también leyes que pueden crear excepciones, como las que ocurren desde que se sancionó la primera norma. 

El cambio propuesto por Suarez incluye una autolimitación o, mejor dicho, una ampliación de las prohibiciones que ya tienen los gobernadores. En los años de elecciones ejecutivas (como el actual), se prohíbe que se aumenten los gastos corrientes de manera permanente, es decir cualquier erogación que se extienda más allá de 6 meses. Esa cláusula tiene otro cepo para una medida frecuente: el nombramiento discrecional cuando un gobierno se termina. 

También que el Estado cobre "por anticipado" algunos ingresos, como regalías, impuestos y cánones. Esa metodología ha sido usada en varios momentos. En tiempos de crisis, como el 2002, YPF adelantó pagos de regalías. En tiempos de demagogia, como ocurrió en la gestión de Celso Jaque, hasta se cobraron por anticipado regalías a Potasio Río Colorado, mina que finalmente nunca entró en producción.