Duro cuestionamiento contra la oficina de Ética Pública y su responsable
Esta semana el gobernador Rodolfo Suarez envió el pliego de Gabriel Balsells Miró para que renueve su mandato como auditor de la Oficina de Investigaciones Administrativas y Ética Pública. Ante esa situación, la diputada del PD, Mercedes Llano, presentó un proyecto en el que no solo cuestiona la politización del cargo, sino que además propone cambios sustanciales a la ley para que el exlegislador radical no pueda ser nombrado otros cinco años al frente de esa oficina.
En los fundamentos de su proyecto, Llano afirma que el actual auditor es “es uno más” ante la sistemática cooptación política de los órganos de contralor por parte del oficialismo. Sucede que antes de ser nombrado en ese cargo, Gabriel Balsells Miró fue subsecretario de Trabajo en el gobierno de Alfredo Cornejo y legislador provincial por el radicalismo.
Ese es justamente uno de los puntos fundamentales del proyecto de ley. Específicamente plantea que debe ser un requisito ineludible no haber ocupado cargos públicos en los últimos 10 años para poder aspirar a esa posición. "La norma debe incluir como requisito para la elección del Auditor la abstinencia política del candidato a este tipo de cargos un tiempo antes de su nombramiento, como mínimo diez años de carencia política (es decir, nula vinculación con el mundo de la política partidaria) sumado a obtener dictamen favorable por parte del Consejo/Colegio Profesional correspondiente en forma previa al acuerdo por mayoría agravada de los dos tercios del total de los miembros de la Cámara de Senadores", remarca.
Actualmente, solo se requiere mayoría simple del Senado para aprobar el pliego y eso le permite al oficialismo avanzar sin necesidad de buscar acuerdos. Con mayoría agravada esa situación cambiaría y al menos una parte de la oposición debería avalar al candidato.
Por otro lado, Mercedes Llano también subraya la importancia de incluir mayores facultades y herramientas para el titular de esa oficina para que no sea un "mero declarador de irregularidades". Por eso sostiene que hay que "armar al Auditor de legitimación suficiente para impugnar, sobre todo judicialmente, las irregularidades que detecte". "De lo contrario, en los casos que sean remisos los funcionarios responsables, el Auditor seguirá siendo un mero declarador de irregularidades, sin fuerza legal para restituir el cumplimiento de la ley", manifiesta y da un ejemplo concreto que tuvo lugar hace pocos años.
"Se ha dado el caso donde una Intendente nombró a su madre como asesora, con ratificación del Concejo Deliberante. El Auditor dictaminó que se trató de un acto irregular y le pidió a la misma Intendente que dé marcha atrás en el nombramiento a lo cual aquella se negó. La asesora obtuvo su cargo por un acto ilegítimo que por ser de nulidad absoluta no puede ser ratificado por ninguna autoridad. Sencillamente, no pasó nada", recordó en base al nombramiento de la madre de la intendenta de Santa Rosa, Flor Destéfanis como asesora en la Municipalidad de Santa Rosa.
Además, propone darle lugar a la posibilidad de que se presenten denuncias anónimas que ayuden a detectar posibles casos de corrupción. Según la diputada del PD, está comprobado que "las personas que toman conocimiento de un hecho de corrupción optan por el silencio por temor a represalias como medida de protección personal y de sus familiares". "Por tal razón, el anonimato de la denuncia alienta a los ciudadanos a realizar las mismas", esgrime.