Los detalles del conflicto que pone en jaque el masterplan del perilago

Este martes se publicó en el Boletín Oficial el decreto 868 mediante el cual la Secretaría de Ambiente intenta avanzar con el desalojo de un predio ubicado en el perilago del Dique Potrerillos, dentro del polígono en el que se ha licitado el masterplan para el desarrollo turístico de ese espacio. Se trata de los antiguos propietarios de ese territorio que afirman que el Estado todavía les debe dinero de la expropiación de cientos de hectáreas. 

Según consta en el decreto, el Ejecutivo instruye al Asesor de Gobierno y abogados del Estado para que interpongan una acción de reivindicación o la que mejor se adecue en defensa del derecho de dominio que ostenta la provincia. En otras palabras que avance para lograr la plena disposición del inmueble en el que hoy viven integrantes de la familia Lo Bianco.

Para entender el fondo del conflicto es necesario remontarse a décadas atrás. Todo ese predio, incluso cerca de 300 hectáreas que hoy están bajo el agua, formaban parte del campo El Jarillal, que tenía un total de 2800 hectáreas y era propiedad de la familia Lo Bianco y otros socios. Producto de la construcción del dique se expropiaron parte de esos terrenos pero se pagó un precio que consideraron irrisorio. Se inició un juicio y en noviembre obtuvieron sentencia favorable.

Ahora aguardan que el Estado les pague los que les debe y, además, han enviado una solicitud para que la Secretaría de Ambiente desafecte de utilidad pública otra fracción de los terrenos que se encuentra "sujeto a expropiación".

Pero en medio de esas negociaciones, el Ejecutivo decidió avanzar con el desarrollo del masterplan para el desarrollo comercial y turístico del margen sur del perilago. Ya se han adjudicado a dos consorcios la concesión de esos territorios por los próximos 50 años y en uno de los polígonos se encuentran casas rodantes, contenedores y maquinarias de la familia Lo Bianco.

A pesar de las intimaciones, las personas que allí viven no han mostrado intención de retirarse y el Gobierno analiza la mejor vía para conseguir su desalojo. "En especial consideración de la resistencia de los ocupantes a retirar los objetos del inmueble del dominio público del Estado, se considera oportuno y apropiado denunciar la situación ante el Ministerio Público Fiscal, ofreciendo como prueba y antecedentes la totalidad de las actuaciones agregadas", señala el decreto en sus fundamentos.

Además, remarcan que nadie pone en dudas que esos terrenos pertenecen a la provincia y que la titularidad de las tierras no está en discusión por lo que pueden proceder de la forma conveniente para exigir la libre disponibilidad de las mismas. "No se encuentra en discusión que la ocupación que realizan dentro del perímetro del Perilago Sur del Embalse Potrerillos con colectivos, casillas rodantes y módulos livianos, es en un inmueble del dominio público del Estado Provincial. Expresamente refieren en los antecedentes que aún se encuentra en discusión el valor que la Provincia debiera pagar por tal expropiación, pero no hay discusión en torno a la titularidad y su naturaleza jurídica", señala.