Desaparecieron 82 sobres con declaraciones juradas de jueces
En julio de 2022, el fiscal Ramiro González comenzó a investigar la manipulación de sobres con declaraciones juradas de jueces en el Consejo de la Magistratura para determinar qué ocurrió el fin de semana largo de junio, en el organismo donde habrían ingresado personas y abrieron sobres de magistrados y funcionarios del poder judicial.
La decisión fue tomada tras haber analizado legajos reservados enviados por el juez Daniel Rafecas que daban cuenta que el presidente del Consejo de la Magistratura, Horacio Rosatti, había dispuesto un exhaustivo y minucioso relevamiento de las condiciones en las que se encontraran las oficinas de Declaraciones Juradas Patrimoniales del Consejo de la Magistratura de la Nación, el día 21 de junio del año pasado.
Según la presentación realizada por entonces por Rosatti en la Justicia ese mismo día (21) la prosecretaria jefe María Victoria Pérez Bayonzo, en su carácter de responsable de la oficina de Declaraciones Juradas Patrimoniales, le informó, que siendo las 8:28 horas, María Victoria Villareal al llegar a dicha oficina, observó que la puerta de ingreso a la cocina, se encontraba abierta. Es decir, sin llave y arrimada, siendo que la misma había sido cerrada el último día laboral –jueves 16 de junio- y que, las únicas personas que tenían llaves de los accesos era el personal que reviste tareas ahí.
Por entonces refirió la Dra. Pérez Bayonzo que dicha oficina limita con el hall central del octavo piso de la Administración General del Consejo de la Magistratura. Luego manifestó que cuando la agente ingresó a la cocina e intentó abrir la puerta que limita la cocina del despacho de la secretaria, como lo hace habitualmente, notó que una de las cerraduras se encontraba trabada sin lograr abrirla y la otra tenía solo una vuelta de llaves, cuando normalmente se cierra con dos vueltas.
En razón de ello, el presidente del Consejo de la Magistratura ordenó la inmediata realización de un relevamiento de todos los elementos de las oficinas en cuestión, resultando de ello que con fecha 5 de julio del 2022, el secretario general, Mariano Pérez Roller remitió copias certificadas de dos informes labrados por el responsable de la Oficina de Enlace Sebastián Más y por la responsable de la oficina de DDJJ Patrimoniales, María Victoria Bayonzo.
Del primero de ellos, se destaca que al ser consultada la Dirección de Seguridad Informática del Consejo de la Magistratura por las grabaciones fílmicas de las cámaras de seguridad, informaron que “... debido al problema generalizado que se registró en los sistemas del Poder Judicial de la Nación el día jueves 16-06-2022. Se vieron afectados la totalidad de los sistemas de cámaras de videovigilancia implementadas en CABA. Los mismos fueron restableciendo en los días subsiguientes.
Dicho esto, en el caso particular del sistema perteneciente al inmueble en Sarmiento 877 de CABA, los registros fílmicos se interrumpieron el día jueves 16/06/2022 a las 14.21 hs y se reanudaron el día miércoles 22/06/2022 a las 9:00 hs. Así fue que del análisis de los sucesos se halló una totalidad de veinticuatro (24) sobres abiertos y alterados, y nueve (9) sobres cerrados que por su aspecto podrían haber sido manipulados.
Algunos de los nombres que surgieron de los sobres abiertos son los de los jueces Gustavo Hornos, Diego Barroetaveña y Guillermo Yacobucci, Jorge Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso, entre otros.
La auditoría
Ahora el Informe General de la Oficina de DDJJ Patrimoniales, suscripto por el secretario General Mariano Perez Roller, por la prosecretaria letrada Pia Barbieri y por el prosecretario letrado Tomás Horacio Charni todos del Consejo de la Magistratura del Poder Judicial de la Nación reveló que “muchos de los sobres que en un primer momento parecían faltar fueron hallados en sitios diferentes de la Oficina de Declaraciones Juradas Patrimoniales. Otros, fueron hallados, archivados y otros obraban en la Comisión de Disciplina de este órgano. Sin embargo, algunos de ellos no han podido ser localizados, no habiéndose advertido aún el motivo de su faltante, o si fueron remitidos a alguna otra dependencia...”.
El relevamiento efectuado arrojó la existencia de 82 sobres, que no fueron hallados y que no tienen constancias que expliquen el faltante -43 anexos públicos y 39 anexos reservados-.
El mismo informe refiere que estos se corresponden con presentaciones efectuadas con anterioridad al año 2019, por lo que se encontraba guardada, en principio, en cajas ubicadas en el 4o subsuelo del edificio de Sarmiento 877 de esta ciudad; a excepción de seis sobres que deberían haberse encontrado en la caja del año 2011 que se hallaba en el 8o piso a raíz de una inundación que se produjo en el subsuelo.
Asimismo, resaltaron que fueron 277 anexos públicos, los que presentaban signos de haber sido abiertos, pero que no tenían constancia que acreditara su apertura en el exterior.
Finalmente, dejaron constancia que fueron hallados con signos de apertura los sobres de Anexo Público de magistrados, que se hallaban dentro de una caja rotulada “JUECES” que se encontraba en el despacho del 8o piso, al lado del puertín, respecto de los cuales se han encontrado diversos expedientes con pedidos de accesos a tales declaraciones en los expedientes administrativos hallados en las cajas azules.
Según las conclusiones de la auditoría realizada “no fueron forzadas las cerraduras; no existe ingreso impropio o irregular de persona alguna al edificio durante los días investigados, acerca de la cual se sospeche utilización engañosa de lleves; no existió actividad del sistema informático necesario para asegurar prontitud y eficacia en la posible intrusión; no existe ningún sobre intrusado de declaración jurada posterior a la feria de verano, siendo que superaban los doscientos (200) presentaciones; la verificación de las cualidades de las vulneraciones de los sobres, registradas en las constataciones, resultan de indudable intervención humana para sobres presentados en el año 2019, con certezas para muchos de los sobres presentados en el año 2020 y dudas en los demás; y con dudas razonables sobre intervención de personas en las vulnerabilidades encontradas en los sobres presentados en el año 2021...”.
La fiscalía entendió que la investigación debe continuar, si bien por el momento, se desconoce a los autores de la sustracción y/o apertura de los sobres con las declaraciones juradas de magistrados y funcionarios que se revelara a partir de los hallazgos denunciados, al considerar que la información pública y privada que contienen los mismos “es de tal sensibilidad que la difusión de su contenido puede poner en peligro tanto la seguridad como la integridad de los involucrados”.
González refirió en su dictamen que “en razón de todo lo expuesto, entiendo necesario realizar nuevas medidas que permitan dimensionar el cuadro de situación en la que se encontraban dichas declaraciones juradas, como así también procurando determinar cómo sucedieron esos faltantes y aperturas antes descriptas”
Además, propuso realizar un exhaustivo análisis del informe que se ejecutara con motivo de la intervención, a los fines de evaluar medidas relacionadas con los damnificados por tales intromisiones.
Para avanzar en la pesquisa es que citará a prestar declaración testimonial a los prosecretarios letrados que suscribieron el informe sobre el relevamiento final de la oficina de DDJJ Patrimoniales, Dra. Pia Barbieri y el Dr. Tomás Horacio Charni, como así también al secretario de la Corte Dr. Pivetta, entre otras medidas.