Nación cuestionó y calificó como "discriminatorio" el proyecto de Mendoza sobre los mapuches

La Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) y el Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (Inadi) manifestaron "preocupación" por el proyecto de ley aprobado en la Cámara de Diputados de Mendoza que afirma que "los mapuches no deben ser considerados pueblos originarios argentinos en los términos del artículo 75 inciso 17 de la Constitución Nacional" y "los Tratados Internacionales".

El documento aprobado obtuvo 30 votos a favor, 8 en contra, 6 abstenciones y un total de 4 ausencias en la sesión que tuvo lugar esta semana en el recinto de la Legislatura. La declaración se argumentó en el artículo 75 inciso 17 de la Constitución y se expresó el repudio al decreto de Nación que declaró la emergencia en materia de posesión y propiedad de tierras que tradicionalmente ocupan las comunidades indígenas originarias del país. Y también se manifestó la preocupación del procedimiento del INAI en la región.

Pero desde el Gobierno salieron a responder al respecto. "Preocupa observar que, en ocasión de estar cumpliéndose 40 años ininterrumpidos de democracia, algunos sectores de nuestro país intentan hacernos retroceder con cuestiones ya saldadas en materia de respeto a los derechos humanos, como el hecho de que puedan ser cuestionados derechos reconocidos formalmente por motivos raciales o de origen étnico", sostuvo en un comunicado la Secretaría de DDHH encabezada por Horacio Pietragalla Corti.

En ese sentido, afirmó que "agrava la situación que esta discriminación inconstitucional provenga de una institución de gobierno, como es una cámara legislativa provincial".

El organismo recordó que el artículo 75 inciso 22 de la Constitución Nacional, "a la cual todas las provincias están sometidas, otorga jerarquía constitucional a la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial".

En ese sentido, recordó que "Argentina está obligada a evitar toda distinción, exclusión, restricción o preferencia basada en motivos de raza, color, linaje u origen nacional o étnico que tenga por objeto o por resultado anular o menoscabar el reconocimiento, goce o ejercicio, en condiciones de igualdad, de los derechos humanos y libertades fundamentales en las esferas política, económica, social, cultural o en cualquier otra esfera de la vida pública'".

El texto llamó a "reflexionar seriamente sobre estas cuestiones y no dejarlas pasar" y manifestó que "este tipo de normas fomentan la reproducción de discursos de odio y legitiman prácticas muy peligrosas que ponen en jaque la garantía del Estado de derecho, la solidez de la democracia y de las instituciones".

Asimismo, expresó que: "Desde la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, el INAI y el INADI, solicitamos a la Cámara de Diputados de la provincia de Mendoza" que "revea la decisión tomada y dé una clara señal de que los derechos son iguales para todos y todas, sin distinción étnico racial".