En medio de la ola de violencia en Rosario, la Procuración General de la Nación intimó al Gobierno
A través de Eduardo Casal, procurador general de la Nación, se reitearon las recomendaciones al Gobierno para "afrontar la narcocriminalidad en las cárceles y propuso un abordaje integral junto a la Corte Suprema".
La Procuración General de la Nación, a través de su titular interino, Eduardo Casal y por intermedio del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, intimó al Poder Ejecutivo y la reiteró las "recomendaciones para afrontar la narcocriminalidad en las cárceles y propuso un abordaje integral junto a la Corte Suprema".
Según el sitio del Ministerio Público Fiscal, "las recomendaciones fueron emitidas el 12 de octubre de 2021 y están dirigidas a evitar que los reclusos de alto perfil accedan a aparatos de telefonía celular dentro de los penales. El procurador propuso entablar una coordinación con el máximo tribunal para promover un abordaje estructural e integral de esa problemática".
"De manera urgente, todos los organismos de la Administración Pública Nacional deben extremar las medidas, dentro del ámbito de sus respectivas competencias, para evitar los diversos factores que facilitan o promueven el acceso a teléfonos móviles por parte de los reclusos de alto perfil -por su participación en organizaciones narcocriminales- alojados en establecimientos penitenciarios", advierten.
Asimismo, el titular del MPF requirió "informes sobre las acciones que se adopten a esos fines e indicó que las medidas propuestas mitigarán las serias amenazas que estos delitos representan para la sociedad, la seguridad interna dentro de los establecimientos penitenciarios y los distintos actores del proceso penal (jueces, fiscales, funcionarios y agentes de los poderes judiciales y ministerios públicos, víctimas, testigos y personal policial)".
Del mismo modo, según comunica el sitio fiscales.gob.ar, el procurador general decidió entablar una coordinación interinstitucional con la Corte Suprema de Justicia de la Nación para promover un abordaje estructural e integral a la problemática tratada.
Las decisiones del procurador surgieron tras una nueva reunión, que se realizó este miércoles por la mañana, en la sede de la Procuración General de la que participaron miembros de la mesa de trabajo de fiscales constituida para abordar el fenómeno de la narcocriminalidad cometida por organizaciones complejas desde el interior de establecimientos penitenciarios.
Fueron convocados los titulares de la Procuraduría de Narcocriminalidad (PROCUNAR), Diego Iglesias, y su par de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA), Sergio Leonardo Rodríguez, quien estuvo acompañado por la fiscal de Investigaciones Administrativas, Andrea Garmendia Orueta, y el coordinador general y titular del Departamento de Investigaciones y Litigio de esa dependencia, Alejandro Patuna Sumicky. Del encuentro también participaron el secretario de Coordinación Institucional de la Procuración General, Juan Manuel Olima Espel, y el secretario de esa oficina, Luis Arocena.
La PROCUNAR volvió a constatar que las comunicaciones y la utilización de equipos o terminales móviles en establecimientos penitenciarios por parte de reclusos de alto perfil -por dirigir o pertenecer a organizaciones narcocriminales relevantes- continúa siendo de uso cotidiano.
Asimismo, presentó un informe de actualización sobre el fenómeno abordado en este ámbito en el que describe las múltiples acciones emprendidas por esa dependencia para mitigar los riesgos que esta modalidad criminal presenta contra la sociedad, los operadores de los sistemas de administración de Justicia y terceros vinculados al proceso penal.
El informe dio cuenta de la respuesta judicial disímil dada por parte de los diferentes órganos jurisdiccionales que tienen a su cargo la detención y/o control de la ejecución de las penas privativas de la libertad de las personas condenadas por hechos de narcocriminalidad organizada.