Una empresa estatal que suma directores "foráneos" y recibió multas millonarias por la caída de contratos

La Empresa Mendocina de Energía (EMESA) es uno de los modelos que el Gobierno toma como ejemplo de gestión mixta. El propio Rodolfo Suarez suele decir que necesita “replicar” la forma de funcionamiento y el profesionalismo de algunos de sus directores. Ahora hay una particularidad, pues en el directorio de esa compañía estatal hay referentes que no son mendocinos. En la última asamblea realizada el año pasado, se conformó un nuevo directorio y fue nombrado como decisor clave Daniel Gustavo Montamat, ex secretario de Energía durante el gobierno de Fernando De La Rúa y consultor en el tema. Algo similar pasa con Daniel Rabinovich, también referente en el tema energético, pero con arraigo afuera de la provincia.

Montamat y Rabinovich son asesores frecuentes en políticas y discursos energético por parte de Juntos por el Cambio, ahora son parte de EMESA, una empresa estatal donde la Provincia y los municipios son accionistas. El punto de unión es el Instituto Argentino de la Energía “General Mosconi”, que nuclea a especialistas en el tema que provienen en su mayoría de la política. En la misma asamblea fue nombrado el cornejista Diego Coronel como vicepresidente de la empresa que lidera Pablo Magistochi, el “mimado” de Suarez en el tema.

La empresa tiene en su haber la vinculación con el mundo energético; particularmente con las concesiones petroleras y de energía renovable y no renovable. Esa virtud que tiene la empresa de vincularse con los “dos mundos”, también genera algunas dudas por los contratos que se firmaron y que no todos ven como beneficiosos. Es lo que ocurrió, por ejemplo, con los proyectos de energía renovables que se planificaron con la constructora CEOSA y que no se realizaron o la mala performance de otros negocios. La empresa estatal debió pagar multas millonarias por esos incumplimientos.

También está bajo análisis uno de los contratos más promocionados por el nivel de desarrollo que implicó. Se trata del “gasoducto virtual” que se gestó, para abastecer una nueva central térmica en Luján; particularmente en Anchoris. Allí funciona esa generadora que se abastece con gas natural licuado. El combustible es extraído en Malargüe, de un área que no tiene gasoducto. Se licúa, se almacena en camiones que trasladan el gas licuado hasta la central para hacer el proceso inverso y usarlo para generar energía. La empresa Galileo (o Methax S.A) de Osvaldo del Campo, es la que desarrolla el proyecto y tiene el vínculo comercial con EMESA. La provincia recibe pocos ingresos por la venta de energía y también por las regalías del gas. Ese vínculo tiene ojos puestos dentro del Gobierno por la relación que se mantiene con el sector privado y también puertas afuera.

En la Justicia Federal hay una causa abierta que apunta a supuestos favoritismos que hubo para adjudicarle la licitación para vender energía a Galileo a un precio más alto. La denunciante es la senadora Anabel Fernández Sagasti y apunta a la relación de Osvaldo del Campo y Galileo con el expresidente Mauricio Macri. Desde EMESA se desligan asegurando que la empresa mendocina no tiene vinculación con esa licitación, pues fue de gestión nacional. “La construcción y explotación de la central es un negocio privado de Mhetax para lo cual la empresa aportaría la central que construiría a su costo y riesgo. EMESA aportó el proyecto (carpeta) y el uso precario de 6 hectáreas de terreno por un plazo de 10 años, a cambio de una contraprestación de USD 800.000. La empresa METHAX resultó adjudicada en el proceso de subasta nacional. Ni EMESA, ni la Provincia de Mendoza tuvieron nada que ver con dicho proceso de adjudicación”, explicaron.

La misma empresa firmó un acuerdo con la Provincia para desarrollar un pozo gasífero en el área CALMUCO. Pero el año pasado fue anulado de “común acuerdo” porque la producción no resultó lo que se esperaba.

Vinculaciones

La empresa tuvo otros problemas con sus socios. Es lo que ocurrió con CEOSA y las sociedades conjuntas que crearon para participar de las licitaciones nacionales. Allí EMESA ofició de garante de muchos de esos contratos y tuvo que hacerse cargo de los incumplimientos.

En 2021 el Gobierno nacional comenzó a revisar los contratos y proyectos. En el caso de Mendoza muchos no se habían cumplido. Es decir, se adjudicaron, pero no se desarrollaron. El costo lo pagó EMESA.

Según figura en el balance, en junio del año pasado la empresa estatal tuvo que pagar 385 mil dólares por cuenta de CEOSA  por los incumplimientos de “Walta energía”. La Secretaría de Energía había dictado la resolución 1.260 por la cual las empresas que habían sido adjudicadas en los programas Renovar y tenían contratos de abastecimiento con CAMMESA, debían hacerse cargo de los incumplimientos, no solo con la desafectación sino con multas.

Una situación idéntica se dio con la empresa Allen, formada por la misma EMESA y CEOSA, por el abandono de un proyecto en El Carrizal. El pago en ese caso fue de 372 mil dólares.

En junio del año pasado se pagó la multa más grande: 872 mil dólares por otro incumplimiento, en ese caso de la empresa SPE.

Pero las sanciones no terminan allí, pues la empresa estatal tuvo que hacerse cargo también de la multa recibida por Puell, que tiene a cargo el parque solar de Palmira. Como no cumplió el contrato de abastecimiento, se le impuso una multa de 391 dólares, pagadas en cuotas.

La empresa tiene un rol clave porque es allí donde se planifican las grandes obras que Mendoza va a ejecutar con los 1023 millones de dólares que está pagando la Nación. Ya fracasó el camino de Portezuelo del Viento, que lo desarrolló EMESA, y tienen los estudios en proceso para las represas Uspallata y El Baqueano. Incluso la misma empresa estatal recibe las regalías de las represas que están sobre las dos cuencas (río Mendoza y Diamante).