Se reúne la Comisión de Juicio Político: Carlos Stornelli, contra las cuerdas

La Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados de la Nación volverá a reunirse este martes para interrogar a nuevos testigos en el marco del procedimiento de investigación por presunto mal desempeño de los cuatro jueces de la Corte Suprema de Justicia. Se presume, tal como ocurrió la semana pasada, que el fiscal Carlos Stornelli volverá a ausentarse, con el riesgo de que sea catalogado como reticente a declarar. En ese caso, la discusión en la primera parte del encuentro pasará por decidir si se procede o no denunciarlo ante la Procuración para desaforarlo y así poder ir a buscarlo con la fuerza pública.

Casi con seguridad, en la reunión prevista para este martes a las 13 horas en la Sala 1 del Anexo de la Cámara baja, se reeditará la polémica que consumió las primeras horas de la audiencia de la semana pasada, cuando Juntos por el Cambio defendió el supuesto derecho del esquivo fiscal a declarar por escrito tal cual lo solicitara previamente al procurador interino, Eduardo Casal, amparándose en un artículo de la Ley de Ministerio Público.

En dicha reunión, la mayoría del Frente de Todos rechazó los argumentos del fiscal, basándose en lo dispuesto por el reglamento de la comisión que dispone que la comparecencia o no de los testigos no es opcional, y que la prerrogativa de no asistir solo está habilitada para el presidente, el vicepresidente, los gobernadores y vicegobernadores.

Si Stornelli vuelve a ausentarse podría ser catalogado como reticente a declarar y en ese caso la discusión en la primera parte de la reunión pasará por decidir si procede o no denunciarlo ante la Procuración para desaforarlo y así poder irlo a buscar con la fuerza pública, tal como propuso el martes pasado la presidenta de la comisión de Juicio Político, Carolina Gaillard.

Desde Juntos por el Cambio ya adelantaron que van a acompañar esta propuesta en una eventual votación, postura que hace presagiar un escenario de tensión.

De hecho, el vicepresidente de la comisión, Juan Manuel López (Coalición Cívica), quien lleva la voz cantante de Juntos por el Cambio en este debate, sostuvo en la última reunión que "el reglamento ha quedado absolutamente desfasado de la legislación", y se quejó de que "otorga prerrogativas al presidente, vicepresidente, los gobernadores y vicegobernadores", pero no así "al resto de los funcionarios de igual jerarquía del resto de los poderes".

En esa línea, el opositor afirmó que "por un principio de igualdad, el resto de los funcionarios de igual jerarquía deberían hacer uso de esta prerrogativa de poder declarar por escrito". Además, aclaró que "el fiscal ha dicho que presta declaración" por lo que no podía ser considerado como "reticente a declarar".

Stornelli es citado como testigo porque en la reunión de la comisión llevada a cabo el 23 de febrero pasado, el juez Sebastián Ramos reconoció que había archivado la causa que investiga los sospechosos chats entre el secretario de la presidencia de la Corte Suprema, Silvio Robles, y el desplazado ministro de Justicia y Seguridad porteño, Marcelo D´Alessandro, basándose justamente en las recomendaciones del dictamen del fiscal. 

Además del controvertido fiscal, fueron citados a declarar otros cinco testigos: el secretario Institucional de la Procuración General de la Nación, Juan Manuel Olima Espel, y el abogado Jorge Mazzeo, ambos propuestos en la última reunión por el diputado Rodolfo Tailhade. Ambos reconocieron la veracidad de los chats filtrados entre Robles y D´Alessandro.

También fueron convocados funcionarios de la Corte Suprema como Sebastián Alberto Garay, de la Secretaría de Juicio Originarios; y Guillermo Sebastián Garay y Natalia Hilda Monayer, ambos de la Vocalía del presidente del máximo tribunal, Horacio Rosatti.

La semana que viene comenzará una nueva instancia que tiene que ver con reuniones temáticas de acuerdo a los expedientes que se pongan en vista. Si bien no está aún determinado el orden de las reuniones, los temas que se analizarán en distintos encuentros consisten en la presunta manipulación de la composición del Consejo de la Magistratura, el reparto supuestamente discrecional de los fondos de coparticipación federal, y la causa del 2x1 a genocidas de la última dictadura cívico-militar.