Cerro Amarillo es el fiel reflejo de nuestra clase política

Pocas veces en mi vida profesional vi un expediente tan desprolijo como el que esta semana tratará la Cámara de Diputados para ratificar la habilitación que le otorgó la autoridad ambiental en 2014. Llevo 30 años en la defensa del ambiente y más de 20 de profesión en la gestión ambiental, y tuve la oportunidad de analizar decenas de expedientes de evaluación de impacto ambiental, tanto desde la ONG Oikos red ambiental como en la Universidad de Congreso donde trabajé dictaminándolos, o como jefe de Gabinete de la Secretaría de Ambiente, pero aún me sorprende la creatividad de algunos funcionarios para maquillar proyectos y emprendimientos a fin de “emprolijarlos”, al solo efecto de impulsar su aprobación, aunque esto los acerque peligrosamente a la comisión de delitos de la función pública.

El proyecto Cerro Amarillo obtuvo su aprobación ambiental (que en nuestra legislación se llama Declaración de Impacto Ambiental o DIA) en el año 2014, pero cuando comenzó a tratarse la ratificación legislativa, el IANIGLA (Instituto Argentino de Glaciología y Nivología, dependiente del CONICET) advirtió que aún no existía una evaluación de los glaciares de la cuenca hídrica donde se ubicaba el proyecto, y la incertidumbre científica podía generar incómodas repercusiones judiciales que podrían demorar varios años su puesta en marcha, con lo cual quedó en un limbo a la espera de la información faltante.

Unos años más tarde el IANIGLA completó el relevamiento de glaciares en la cuenca y publicó los resultados, pero por distintas razones el proyecto minero quedó relegado de las decisiones políticas hasta que apareció el gobernador Suarez para darle impulso. La Secretaría de Ambiente y Ordenamiento Territorial entonces desempolvó la vieja aprobación del 2014 y la mandó a la legislatura para que ratificara la resolución a fin de aprobar definitivamente el proyecto. El asunto es que del viejo proyecto del 2014 queda poco y nada, ya que los nuevos proponentes presentan un número diferente de pozos de los aprobados, distintas ubicaciones de las perforaciones o “ubicaciones tentativas (sic)”, caminos que en la aprobación original no fueron mencionados, y otras modificaciones que convierten al proyecto minero en algo diferente de lo que se aprobó en 2014.

Para ser más explícitos, si voy a un municipio para reactivar la aprobación de un proyecto de construcción de una vivienda unifamiliar cuyo expediente se inició en el 2014, pero cuando el empleado municipal me pregunta si se trata del proyecto original le respondo que voy a cambiar la disposición de las habitaciones y que pienso construirlo a dos cuadras de la ubicación original, lo más probable es que el representante municipal me diga que inicie otro expediente de aprobación, porque lo que quiero hacer es totalmente distinto a lo que me aprobaron hace 8 años. Bien, esto no ocurre en la Secretaría de Ambiente y Ordenamiento Territorial, que dio el visto bueno a pesar de que el proyecto es notablemente diferente al original que recibió la aprobación. Administrativamente corresponde someter el proyecto actual al procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental que prevé la ley provincial N° 5961/92 y no utilizar una aprobación administrativa de otro proyecto que fue abandonado en 2014.

Por otra parte, el mundo ha cambiado. En ocho años no solamente los glaciares se han movido en el sitio del proyecto, sino que la conciencia ciudadana y las leyes han tenido avances. En la habilitación del 2014 no hubo participación pública ni acceso a la información tal como establecen las normas vigentes, porque durante el gobierno de Julio Cobos en 2006 se dictó un decreto regulatorio de la evaluación ambiental de la actividad minera que restringe severamente la participación ciudadana, pero ahora existe un nuevo instrumento legal internacional ratificado por Argentina llamado Acuerdo de Escazú, que obliga a los estados a impulsar la participación ciudadana por encima de las leyes locales, y que el gobierno pretende esquivar escandalosamente en esta oportunidad, ya que sabe que si este proyecto se sometiera a un nuevo procedimiento de Evaluación Ambiental con participación pública, debería ser rechazado por los numerosos vacíos de información.

Volviendo al tema de los glaciares, un asunto central para este caso es saber si el proyecto de ubica en zona de glaciares o en ambiente periglacial, ya que la ley nacional de Glaciares prohíbe tanto la explotación minera como el vertido de residuos. Lo normal hubiera sido que la Secretaría de Ambiente haga una consulta específica al IANIGLA que realizó el Inventario de Glaciares de esa cuenca, y que el instituto responda con la información disponible si el proyecto se encuentra sobre zona de glaciares o en ambiente periglacial, o si es necesario hacer una campaña durante el verano al sitio del proyecto para evaluar mejor la situación. En lugar de esto, esta repartición de gobierno toma como cierto un estudio presentado por la empresa a manera de declaración jurada donde manifiesta que el proyecto no tocará los glaciares, que casualmente fue realizado por una ex investigadora del IANIGLA que es dueña del proyecto minero, es decir, la persona que hizo este informe cuando trabajaba para el IANIGLA (y que ya en aquella época era copropietaria del permiso minero junto con su esposo) hoy presenta una actualización del informe, ya como proponente del proyecto minero, y la Dirección de Protección Ambiental no solo no convoca al IANIGLA para que corrobore la información, porque como mínimo podría ser imparcial, sino que invoca un informe favorable del IANIGLA, pero del proyecto Hierro Indio, y lo hace pasar como si lo hubiera hecho para este proyecto. Así como suena…

Esto fue denunciado por notas entregadas a la Cámara de Senadores, de Diputados y a las comisiones que trataron el despacho del proyecto, pero aun así decidieron no convocar al IANIGLA a que dé su opinión científica del proyecto. En su lugar los legisladores se quedaron con la versión del Poder Ejecutivo, a todas luces distorsionada y malintencionada. En honor a la verdad, no quieren convocar a los científicos porque saben que el proyecto se encuentra en ambiente periglacial, lo cual es letal para la aprobación.

Y ya que hablamos de participación, tampoco se convocó al COIRCO o comité de cuenca para el Río Colorado que es la cuenca donde se ubica el proyecto minero en violación a la ley nacional N° 25.688, ni se ha convocado a los municipios de la cuenca dentro de la provincia como establece la ley 7722. Parece que cuando se trata de Cerro Amarillo, hablar de evidencia científica o cumplir las leyes no está en la agenda.

¿Qué podría suceder si la legislatura aprueba el proyecto tal como está? Desde mi perspectiva, la interposición ante la justicia de un amparo colectivo podría lograr la detención del proyecto hasta tanto se despeje la incertidumbre científica, lo que podría llevar años y una pérdida de la oportunidad política para hacer mejor las cosas. Los legisladores que aprueben el proyecto, a sabiendas que existen estas irregularidades que lo tornan nulo, también incurren en un delito tipificado en el Código Penal. Pero el daño mayor es a la democracia y sus instituciones, ya que la violación sistemática de las normas internacionales, nacionales y provinciales que defienden el ambiente y promueven un desarrollo sustentable por parte del poder ejecutivo, y avaladas por el poder legislativo, erosionan los principios democráticos más básicos e incrementa aún más la desconfianza de los ciudadanos sobre la clase política. Estamos en año electoral y todo puede pasar, incluso que los ciudadanos digan basta y se organicen para manifestar su hartazgo como en aquel diciembre de 2019. Y si el gobierno responde como en aquel momento con represión y persecución política, quien sabe que más puede pasar. Por eso apelo a la responsabilidad de los legisladores en cuyas manos está el destino de esta provincia.

*Eduardo Sosa, exjefe de Gabinete de la Secretaría de Ambiente