Duro revés para la empresa con la que Luis Lobos reconoció que hubo corrupción

En un fallo argumentado por María Teresa Day y con la firma de los jueces Pedro Llorente y Julio Gómez, la Suprema Corte de Mendoza desestimó el recurso administrativo que había presentado la empresa Wanka para cobrar millones de pesos por un contrato que rescindió la Municipalidad de Guaymallén y cuyos costos se negó a pagar la gestión de Marcelino Iglesias. Se trata de la misma empresa con la que el exintendente Luis Lobos reconoció haber mantenido una relación fraudulenta.

Específicamente, Wanka inició acciones legales contra el decreto municipal que revocó el contrato que existía entre la compañía y el municipio. En concreto, Wanka le había alquilado a Guaymallén una planta de asfalto y maquinaria destinada a ese fin por 21.6 millones de pesos. Sin embargo, la gestión de Marcelino Iglesias detectó vicios groseros y decidió dejar de pagarle.

En concreto, determinaron que existían graves irregularidades en torno a esa contratación. "Desde el comienzo de la vinculación, hubo para Wanka S.A. un tratamiento diferenciado, en relación al resto de los proveedores del municipio, al margen de la normativa vigente", argumentó la gestión de Marcelino Iglesias y enumeró esas irregularidades.

Por ejemplo, que se le pagó a la empresa por adelantado y se presume que con ese pago la empresa compró los camiones que había ofrecido en la licitación. "Los rodados fueron adquiridos por la firma en fecha 11/02/15, es decir, con posterioridad a la supuesta entrega. Arguye que resulta curioso que la actora haya ganado una licitación y no contara con ningún camión", remarcaron.  "Hay dudas sobre la entrega de los camiones y ninguna prueba que la planta de asfalto haya estado instalada y lista para funcionar para el día 04/02/15, pero el actor cobró el mes completo mediante un trámite exprés", agregan.

En base a irregularidades como esa y el trato preferencial que tenía Wanka por parte de Luis Lobos y  el arquitecto Federico Sampieri, a cargo de la Secretaría de Obras y Servicios Públicos, la gestión de Marcelino Iglesias suspendió los pagos a Wanka. Sobre todo teniendo en cuenta que antes de dejar la conducción del municipio Luis Lobos revocó el contrato con Wanka pero en términos que resultaban beneficiosos para la empresa. 

"En el Convenio de Rescisión se hacen concesiones graciosas a la actora, inconcebibles con la administración de la cosa pública, que, cuanto menos, constituye un proceder groseramente errado, y notoriamente perjudicial para las arcas públicas. Manifiesta que en el Convenio de Rescisión se reconoce el pago de servicios u objetos que nada tenían que ver con la contratación efectuada, o de servicios que claramente no se habían recibido", argumentaron desde la gestión de Marcelino Iglesias y se suspendieron los pagos.

Ante esa situación, Wanka acudió a la justicia exigiendo que se cumplan los términos del contrato firmado con la gestión de Lobos y poniendo en tela de juicio la legalidad de la decisión de Marcelino Iglesias de anular los pagos.

Pero la Corte desestimó la acción procesal administrativa entendiendo que "no existen elementos que den suficiente sustento a la ilegitimidad que pretende la accionante en orden al Decreto N° 1189 en virtud del alcance que el mismo dio a la declaración de inexistencia del convenio de rescisión". Es decir, avala la decisión de Marcelino Iglesias de declarar nulo el convenio de recisión que había firmado en sus últimos días de gestión Luis Lobos beneficiando a Wanka de forma viciosa.

El 28 de diciembre Luis Lobos admitió en juicio abreviado los delitos por los que era investigado y fue condenad a 8 años de prisión. Lobos se declaró culpable de enriquecimiento ilícito al no poder justificar la adquisición de bienes de lujo y también reconoció que incurrió en administración fraudulenta respecto del caso que involucró a la empresa Wanka SA.