Turismo, petróleo y política: los intereses detrás de las tierras que reconocen como ocupación mapuche

El Gobierno nacional reconoció la ocupación de tierras a un grupo de puesteros mendocinos que se identifican con la comunidad mapuche; en base a la ley 26160. El área comprende dos polígonos que en total suman más de 4 mil hectáreas y en la que se superponen intereses, propietarios, regulaciones y ahora conflictos políticos y discursivos entre la Nación y la provincia. 

En la zona hay más de 20 pozos petroleros que, como todo recurso natural, son propiedad del Estado local y están concesionados. En ese caso están a cargo de la empresa El Trébol (Pheanix), empresa petrolera que es parte del grupo liderado por José Luis Manzano. Hay pozos en producción convencional, pero tiene otro condimento. Allí están las áreas Puesto Rojas y Cerro Pencal. En el lugar se hizo la primera experiencia de fracking en Mendoza para intentar aprovechar las reservas de Vaca Muerta, proceso que terminó con una concesión para explotación que luego fue dejada de lado por la baja producción. Fue la primera frustración para sumarse al boom que se vive del otro lado del río Colorado. 

La historia

Durante el gobierno de Alfredo Cornejo se autorizó la exploración no convencional en dos pozos con la idea de aprovechar la zona mendocina de Vaca Muerta. El Trébol era (como ahora) la concesionaria del área y quien impulsó el proyecto. Como eran áreas ya explotadas, el proceso se hizo a través de un "aviso de proyecto", que incluyó estudio de impacto ambiental pero no audiencia pública. Esa primera experiencia se utilizó para crear la reglamentación específica para la realización de la técnica de fractura hidráulica para extraer petróleo. 

Tras la autorización hubo reclamos administrativos y legales por la falta de consulta. Organizaciones ambientalistas, como Oikos, recurrieron a la Suprema Corte. Entre quienes reclamaron estaba la comunidad mapuche a la que ahora la Nación le reconoció la ocupación de esas tierras. Más allá de las protestas, no hubo ningún freno al proyecto. El Trébol hizo fracking, calcularon el petróleo que salía y el Estado les otorgó la concesión para explotar el yacimiento. Pero luego la empresa revirtió la inversión porque no lo creyeron conveniente.  En total ha 27 pozos petroleros, pero no todos están activos.

Más allá de la pelea discursiva, hay un cruce de derechos y tensiones que obliga a dialogar. Los recursos naturales no tienen relación con el propietario de la tierra. El petróleo es del Estado y no del superficiario de la tierra. El lof Limay tiene personería jurídica y sus integrantes son crianceros de la zona que, incluso, tienen emprendimientos compartidos productivos con chivos y derivados. 

El cruce de intereses y derechos hace más complejo todo. Por un lado están los titulares registrales de las tierras. Se trata de los mismos dueños del complejo Las Leñas, de capitales ingleses, malayos y argentinos, que tienen más de medio millón de hectáreas en Malargüe  (Nieves de Mendoza SA). En los últimos años hubo problemas por la desinversión en infraestructura turística que hubo y hasta el cierre temporal del centro de esquí que generó dificultades en la comunidad de Malargüe. En la misma zona están las concesiones petroleras, que tienen otros propietarios(como la empresa El Trébol) y el propio Estado que debe controlarlas. En paralelo están quienes ocupan las tierras y que ahora tienen el reconocimiento del INAI.

En el caso de Los Molles es aún más complejo. Una de las familias, que habita el puesto El Álamo, recurrió a la justicia para evitar un desalojo pedido por la empresa Nieves de Mendoza. El año pasado la justicia le dio la razón a los crianceros.