Opinión

Una farsa que pretende desatar una caza de brujas

Es una año lleno de temas de coyuntura política, Jorge Enriquez, diputado nacional mandato cumplido, analiza en MDZ la situación del Poder Judicial.

Jorge Enriquez lunes, 27 de febrero de 2023 · 19:25 hs
Una farsa que pretende desatar una caza de brujas
Juan Carlos Maqueda, Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz, Ricardo Lorenzetti

El inicio de las audiencias en la comisión de juicio político de la Cámara de Diputados de la Nación confirma los temores que habíamos expuesto en anteriores artículos. Como el propósito formal del juicio político, es decir, la remoción de los jueces de la Corte Suprema, no ha de prosperar por falta de las mayorías en los plenos de ambas cámaras, la finalidad real es alargar lo más posible el trámite en la comisión para montar una puesta en escena con diversos objetivos: desviar la atención pública de la desastrosa gestión del kirchnerismo; crear chivos expiatorios a los que culpar por ese rotundo fracaso (parece una broma, pero han llegado a decir que la Corte es la causante de la inflación).

Deslegitimar al Poder Judicial; presionar a todos los jueces independientes, advirtiéndoles qué les puede llegar a pasar si fallan contra decisiones del oficialismo; y, en general, dejar la sensación de que la pretensión de cumplir y hacer cumplir la Constitución y las leyes es una quimera, y que es falsa la idea de una alternativa republicana: “Vivimos revolcaos en un merengue/y en el mismo lodo/todos manoseaos”, como dice la letra del siempre vigente tango “Cambalache” escrito por Enrique Santos Discépolo en 1934.

La estricta mayoría que el kirchnerismo tiene en la comisión de juicio político le permite prolongar el show para deleite de la cadena de medios del oficialismo, citar jueces y funcionarios judiciales de manera indiscriminada, someterlos a cuestionamientos vejatorios, violar la intimidad de personas y valerse de pruebas obtenidas ilegalmente y por ende carentes de toda validez, tal cual surge de la pacífica y profusa jurisprudencia de nuestra Corte Suprema (Fallos “Charles”, “Montenegro”, “Fiorentino”, “Monticelli”, entre mucho otros.

Estamos asistiendo a escenas que solo son imaginables en regímenes totalitarios o en momentos de defección de las democracias, como ocurrió en la década del cincuenta en los Estados Unidos con la “caza de brujas” desatada por la comisión del Congreso que presidía el senador Joseph McCarthy. Que entonces se persiguiera a quienes, sin prueba alguna, eran acusados de comunistas, y hoy se lo haga con los jueces que aplican el derecho sin subordinarse al poder político es anecdótico.

La naturaleza de ambas pesquisas es la misma: avasallar los derechos y las garantías de los ciudadanos para obtener un resultado de antemano concebido. Es triste comprobar cómo algunos magistrados se prestan a esa parodia, como el juez federal Alejo Ramos Padilla, quien se sacó la toga y declaró como un vulgar militante kirchnerista, cuestionando las resoluciones de otros jueces y calificando al delincuente Amado Boudou (uso el término con todo rigor, porque fue condenado y el fallo respectivo está firme) de “preso político”.

También justificó el uso de pruebas obtenidas ilegalmente, con lo que legitima los sótanos de la democracia. Una escena entre humorística y patética se vivió durante la sesión del jueves 23 de febrero cuando el diputado peronista José Luis Gioja interrogaba al secretario de la Secretaría de Juicios Originarios de la Corte Suprema, doctor Alejandro Daniel Rodríguez, sobre qué criterio había llevado al alto tribunal a dictar la medida cautelar en el juicio que la Ciudad de Buenos Aires le sigue a la Nación por la quita unilateral de puntos de coparticipación federal.

Rodríguez le contestó que él no había intervenido en ese proyecto de sentencia. Entonces Gioja dijo en voz baja pero bien audible: “Estamos muertos, entonces. Estamos cagados” (el lector disculpará la necesaria literalidad de la transcripción). Más allá de sus aspectos pintorescos, esta imagen es una pequeña postal del carácter absurdo del juicio político que se intenta desarrollar. Las sentencias son dictadas por los jueces. Ellos son los responsables de su contenido, no los funcionarios judiciales que colaboran en la tramitación de las causas y eventualmente en la redacción de borradores.

Por otra parte, tal vez Gioja, que es ingeniero, ignore que las resoluciones judiciales tienen fundamentos. Si lo ignora, debe asesorarse antes de cometer un papelón de ese tamaño. Ahí está el criterio, con el que él puede estar en desacuerdo. Ni siquiera si hubiera participado en la redacción del proyecto el funcionario judicial podría agregar ni aclarar nada respecto del texto firmado por los jueces. Por cierto, además, el contenido de los fallos judiciales no puede ser el fundamento de los juicios políticos. Si así fuera, la independencia judicial sería una mera frase retórica.

Como acertadamente lo ha expuesto el constitucionalista Manuel García Mansilla, la Constitución no habla de “juicio político” sino de “juicio público”. La primera expresión se origina la traducción al castellano de la que Tocqueville empleó en “La democracia en América” para describir el impeachment norteamericano. Por cierto, está a cargo de un órgano político y la decisión de remover a un funcionario sometido a ese procedimiento no es en principio revisable judicialmente.

Dr. Jorge Enriquez, diputado nacional (MC).

Pero, precisamente porque se trata de un juicio, los acusados gozan de las garantías de defensa y del debido proceso (art. 18 de la Constitución Nacional; art. 8 de la Convención Americana de Derechos Humanos; y arts. 5° y 4° respectivamente de los reglamentos sobre la materia de la Cámara de Diputados y el Senado). Por lo tanto, la justicia puede y debe controlar los excesos y arbitrariedades en que incurra la Comisión de Juicio Político.

No se tratará de una defensa corporativa, sino de la custodia de la Constitución, que pretende ser avasallada por quienes quieren imponer una vez más una dictadura de la mayoría, aunque ahora, en su etapa farsesca, ni la mayoría tienen.

* Dr. Jorge R. Enríquez
Exdiputado nacional – Presidente de la Asociación Civil JUSTA CAUSA
Mail: jrenriquez2000@gmail.com
Twitter: @enriquezjorge
http://jorgerenriquez.wordpress.com

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