Cuál es la denuncia que complica a un "delfín" de Alberto Fernández
Unos 400.000 afiliados a Osdepym sufren las consecuencias de las internas políticas y el desmanejo económico de una obra social que recorta prestaciones y acumula pérdidas.
El dato importante es que el actual interventor, cuestionado por los resultados de su gestión y la decisión de permanecer en el cargo más allá de lo previsto, es un “delfín” del presidente Alberto Fernández.
La obra social de empresarios, profesionales y monotributistas vive momentos turbulentos desde el gobierno de Mauricio Macri.
Por entonces, la entidad estaba bajo control del veterano dirigente empresarial Osvaldo Cornide, presidente histórico de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME). Gozaba de una administración ordenada y con una atención sin sobresaltos para sus afiliados.
La relación Macri-Cornide ya no era buena desde que el fundador del PRO ocupaba la jefatura de Gobierno porteño. Al asumir la presidencia de la Nación, desde el Gobierno nacional se buscó alinear a distintas entidades empresarias e industriales a los nuevos aires.
Fue ahí cuando la suerte de Cornide estuvo echada y su apoyó a una protesta de la CGT aceleró el anunciado desenlace.
En una movida política, desplazaron a Cornide de la conduscción de CAME y, a su vez, perdió el control de Osdepym.
El gobierno de Cambiemos dispuso la intervención de la obra social y designó a José Bereciartúa al frente de la entidad.
Con el regreso del kirchnerismo, la situación de la obra social comenzó a resentirse. Alberto Fernández renovó la intervención y, en febreto del 2020, puso en el cargo a Horacio Fernando Alonso, un dirigente gremial de judiciales, con base en el partido bonaerense de Tres de Febrero y que fue diputado nacional por el Frente de Todos. Con él llegaron a la entidad, entre otras personas, la suegra de Sergio Massa, Marcela Durrieu.
A partir de entonces, la gestión de Osdepym y su interventor está fuertemente cuestionada por diferentes dirigentes empresario y con algunas causas abiertas en la Justicia.
Además, viene recibiendo críticas por el crecimiento del gasto, compras directas, el paso de un superávit operativo a un déficit en aumento, demoras en los pagos a prestadores y recortes de servicios a sus afiliados. Todo un escenario que muestra en deterioro del financiamiento de la entidad.
Desde que asumió Bereciartúa y la gestión de Alonso, todos los años fue creciendo el pasivo de Osdepym. Por ese motivo, tiene una denuncia penal al actual interventor por desvío de fondos. Hay un dictamen fiscal muy duro con la actual conducción y la causa está en trámite, pero las pruebas son irrefutables.
Uno de los dirigentes empresarios que encabeza los cuestionamientos contra la intervención es Germán Borrego, vinculado a la actividad comercial porteña y asociado a Fecoba.
“Tengo la presunción que se está produciendo un mal manejo de la obra social. El interventor reconoce que hizo responsabilidad social empresaria si la entidad tiene cada vez un pasivo más alto. Por este motivo, me voy a presentar a la Justicia para denunciarlo”, dijo a MDZ.
“El interventor debería haber llamado mucho antes a elecciones. Junto con otros dirigentes, llegaron a través de una intervención, pero se quedaron con la obra social. Hicieron una asamblea a su medida para quedarse y hace tres años que estamos en esta situación”, agregó.
Este dirigente pertenece a la agrupación Salud Empresaria que está impulsando la creación de una comisión normalizadora para que llame a elecciones transparentes.