Denuncian a funcionarios del Gobierno nacional por trabar la compra de pistolas Taser
Los legisladores porteños Roberto García Moritán y Marina Kienast, como así también el dirigente Yamil Santoro, y los abogados José Magioncalda, Juan Fazio y Juan Otegui, denunciaron penalmente a las autoridades y funcionarios de la Agencia Nacional de Materiales Controlados (ANMaC) por los presuntos delitos de incumplimiento de deberes de funcionario público y abuso de autoridad, “por dilatar de manera arbitraria la autorización de importación de armas de baja letalidad- pistolas Taser- por cuestiones ideológicas”.
La Justicia en lo Contencioso Administrativo Federal en los últimos días hizo lugar a un amparo por mora e intimó al organismo a que en el plazo de 30 días brinde una respuesta a la Ciudad de Buenos Aires por este tema.
En la presentación penal realizada, los denunciantes sostuvieron que luego de que ANMaC autorizara la adquisición de las Taser por parte del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, el responsable, Ramiro Urristi, debió renunciar al cargo y, a partir de ese momento, el organismo comenzó a dilatar injustificadamente la autorización de importación. En una demora que ya lleva más de un año y medio.
Se trata de la adquisición de un lote de sesenta armas electrónicas incapacitantes tiro a tiro, marca Taser, modelo X2, con destino a la Policía de la Ciudad de Buenos Aires.
Según la demanda del Gobierno de la Ciudad, la omisión de ANMaC de ejercer su competencia en plazos legales, además de tener una finalidad viciada, el incumplimiento abusivo ocasiona “graves daños al interés público comprometido en la Licitación Pública citada, ya que la demora injustificada en resolver el trámite de obtención de la aprobación de importación del material de que se trata, interfiere de forma directa y flagrante en el diseño de la política pública del Ministerio de Justicia y Seguridad y de la Policía de la Ciudad”.
Es definitorio para sopesar la posibilidad de dolo en la conducta omisiva de la ANMaC, tener en cuenta que, si bien el Decreto Nacional 876/2020, tras disponer la última prórroga de la suspensión de plazos administrativos, ordenó reanudar, a partir del 30 de noviembre de 2020 el curso de los plazos.
No obstante ello, en 16 de noviembre de 2021, mediante su contestación a la demanda de amparo por mora del gobierno porteño, la ANMaC introdujo “argumentaciones absurdamente falaces, propias de un intento dilatorio o malicia procesal, y sin duda un manejo temerario de los intereses de la administración pública”.
En la presentación penal también se sostiene que la defensa del organismo a la acción de amparo por mora “no es meramente ineficaz, inverosímil o impróspera, sino manifestación de una finalidad distinta al cumplimiento de las normas que le cabe”.
Por esa razón es que consideran que ello podría configurar conductas típicas del Art. 248 del Código Penal en los funcionarios que resultan competentes habrían omitido con conocimiento e intención ejecutar normas cuyo cumplimiento les incumbe.