La osadía de Javier Milei: desafía al Congreso con el reloj jugando en contra

El proyecto de ley que Javier Milei envió al Congreso es, en realidad, una continuación jurídico-política del DNU con el que sorprendió a toda la Argentina en el inicio de su mandato. En esos términos, se trata, desde el punto de vista del manejo del poder en Argentina, de una innovación pocas veces vista en estas tierras en cuanto a concentración de un poder de decisión en una sola mano, pero también del reconocimiento de una debilidad implícita que venía incorporada dentro de ese mega decreto original con el que intenta lanzar su Presidencia.

En la base de todo ese articulado que propone reformas al Estado, modificaciones y cambios revolucionarios que afectan desde la economía hasta la vida privada e incluso íntima de muchos argentinos, está la excepcionalidad al sistema como requisito esencial para que el presidente pueda avanzar con esos cambios. Así lo propone Milei a la sociedad y es lo evidente ya que a todas luces no cuenta con las mayorías políticas para hacer aprobar el proyecto inmediatamente en el Congreso.

Ese no es su único peligro: la Justicia también lo espera a la vuelta de la esquina analizando la constitucionalidad de su mega DNU y quizás también de esta ley ómnibus, cuente o no en el futuro con aprobación parlamentaria. Milei ataca a la oposición casi como en un latigazo alegando su relación directa con el 57% que lo votó y pide un cambio. Detrás de esa fuerza se esconde la debilidad de no tener número en los recintos del Congreso y la osadía de pedirle a los recintos que, aún en esas condiciones le conceda una delegación de poderes nunca vista.

Esto es lo que diferencia claramente a la propuesta de Javier Milei con el proceso más parecido que podríamos encontrar en la historia reciente de la Argentina como fue la desregulación que llevó adelante Carlos Menem, con amplio poder en el Congreso, no en el inicio de su gestión sino dos años después de haber asumido, cuando una segunda hiperinflación también había golpeado su administración. La diferencia no es menor en ambos sentidos.

En el centro de todas estas medidas hay un requisito esencial que Milei incluyó en el DNU original y que ahora vuelve a repetir en el proyecto de ley, para tratar de darle prolijidad constitucional a un proceso turbulento con final impredecible en la Justicia. Se trata nada más y nada menos que de la declaración de emergencia pública que estuvo incluida entre los primeros artículos del DNU y que ahora le pide al Congreso para su ratificación por ley.

No es el único punto que se repite en el proyecto de ley después de haber sido incluido en el DNU desregulador; es una clara respuesta a las alarmas que saltaron sobre la inconstitucionalidad de algunas decisiones tomadas allí. 

No está claro de qué forma Javier Milei conseguirá los votos para aprobar este mega proyecto que Guillermo Francos le presentó en persona, con protocolo propio, al presidente de la Cámara de Diputados Martín Menem, pero si podemos afirmar el proceso toma ahora un nuevo ritmo al desembarcar en el Congreso la estrategia presidencial para afincar ahí el centro de sus reformas.

Hay capítulos enteros del DNU que tendrán apoyo de varias bancadas, pero el centro de la delegación de facultades, aunque se haya justificado en el articulado y se hayan explícitado las bases para esa mega cesión de poder al Ejecutivo, exigirán un arte político que aún no se sabe si este Gobierno tiene.

El proyecto, con sus 100 de artículos, es una definición de osadía política que, como se sabe, dispone desde un blanqueo laboral amplio sin límites, hasta la posibilidad de llevar adelante trámites que hasta ahora realizaba la Justicia como sucesiones y divorcios mediante meras acciones administrativas. 

Esos cientos de artículos que engloban actividades de todo tipo, aspiran a convertirse en una suerte de manifiesto revolucionario que cambie la vida de los argentinos, como lo hizo Milei en su primer intento con el DNU, e implica para el presidente un desafío que en este momento no tiene un final preciso. 

La concentración de poder que supondría la aprobación de todo ese articulado en manos del PEN es de tal dimensión que no se recuerda ningún otro capítulo en la historia democrática argentina que tenga algún parecido. De ahí que resulta extraño que un presidente que no tiene mayorías propias en el Congreso pueda lograr la aprobación completa de un articulado tan complejo desde el punto de vista legal económico y judicial. 

Si está claro que más allá de la letra fría de la ley hay un intento político de Milei por marcar algunas cuestiones como, por ejemplo, la ratificación del rumbo económico a cualquier costo y la señal clara de que más allá de qué su decreto sea objetado o no por la Justicia, la responsabilidad de que los cambios avancen o no quedaría ahora con este proyecto de ley también en cabeza del Congreso.

En esos términos, la estrategia de Milei, responsable o no, lanza el mensaje a sus votantes de pretender avanzar como sea. Si no lo logra podría denunciar que “la casta política” le impide llevar adelante su mega proyecto de gestión. En cualquier esquema de lógica política una estrategia como la que lleva delante Milei no puede ser leída de otra manera que como el intento de pedir 100 para lograr 30, una base que, de lograrse, el mercado consideraría más que exitosa.

Es así que dentro de ese articulado de la ley ómnibus, sumado al DNU, aparecen como esenciales a la hora de marcar el cambio inmediato que necesita mostrar Milei el blanqueo, que propone la simplificación registral en materia de trámites y impuestos, una moratoria amplísima para limpiar deudas y multas y la reforma laboral que por ahora suma algunas voluntades puntuales pero que no tiene confirmado el éxito. Otros temas financieros quedaron directamente en manos de Luis “Toto” Caputo al punto que casi ni se mencionan. 

Milei sostiene este menú casi como una promesa religiosa y lo amplía con decenas y decenas de reformas que, insiste, garantizarán mayor libertad la vida de los argentinos. El problema para él siguen siendo los tiempos; su dolor de cabeza mayor no es solo la oposición que no le dará los votos en el Congreso y a quienes deberá demostrarte puede hacer política parlamentaria sino que son también sus propios votantes que apoyan el ajuste sin límites que prometió durante la campaña, pero que verán como en los próximos meses recae sobre ellos el brutal incremento de tarifas y precios, tras los cuatro años del Gobierno de Alberto Fernandez, Sergio Massa y Cristina Fernández de Kirchner, que se dedicaron a guardar la realidad abajo de una alfombra para no tener que reconocer el fracaso de su política económica y de su esquema de distribución de una riqueza que hace tiempo que ya no existía.

Milei no tiene tiempo, lo sabe, y de ahí la necesidad de avanzar cuanto antes con cientos y cientos de disposiciones y de normas que está claro, o no sabemos, si serán aprobadas ahora o en algún momento, pero que aparecen como una herramienta casi única y esencial para mostrar hiperactividad. Hay exámenes que llegarán más temprano que tarde, como por ejemplo el nuevo esquema de aumento a jubilados que el Gobierno aplicará eliminando la fórmula de movilidad que está en vigencia y reemplazándola por aumentos tomados directamente por la lapicera presidencial.

Es un esquema que los jubilados argentinos ya vivieron, inclusive bajo la presidencia de Alberto Fernandez. El problema, como en todo el DNU y el proyecto de ley ómnibus, es cuál será el sentido que se le dará a esa lapicera que el presidente le pide al Congreso. 

Argentina entra nuevamente en una etapa en la que medir densidades y límites a su sistema institucional vuelve a ser un desafío diario para toda la clase politica y los ciudadanos de a pie.