Efecto dominó: la dirigencia política está enmudecida y en alerta ante el caso de "Chocolate" Rigau
Sin disfrazarse de Papá Noel, Chocolate Rigau, el hombre de la bolsa de la Legislatura bonaerense, desnudó una conexión subterránea entre todos los bloques de la política provincial.
Si bien los hechos salpican principalmente a referentes del Frente Renovador platense, jefes políticos de Julio "Chocolate" Rigau, el silencio mantenido por los principales dirigentes opositores de la Legislatura de la Provincia de Buenos Aires no solo asombra por lo representativo, sino que advierte o confirma sobre la subsistencia de antiguas relaciones superpuestas.
Claudio y Facundo Albini, sobre los que pesa un pedido de detención aún no definitivo, están en la centralidad de la investigación. Exdirector de Personal y actual concejal electo con responsabilidad directa sobre "Chocolate" Rigau, padre e hijo deberán explicar cuál es su grado de responsabilidad sobre el manejo de la plata en negro, que para la investigación, podría llegar a los $800 millones de pesos.
La fiscal Betina Lacki, el juez Guillermo Atencio, el Procurador General, Julio Conte Grand y el Fiscal de Estado, que observa los perjuicios en contra el erario Provincial, Hernán Gómez, coinciden y piensan lo mismo: están frente a una mega estafa producto de una asociación ilícita de la que diferentes actores con responsabilidad política e institucional de la Cámara de Diputados provincial tenían conocimiento directo.
En lo que se está transformando en un verdadero "pacto de sangre", es imposible de creer, o sí, que los legisladores de la supuesta oposición no hayan emitido un mínimo pedido de investigación pública. Ni el PRO, ni los radicales, expertos en este tipo de sistema yuxtapuesto, y los liberales de La Libertad Avanza, que parecen haberse acomodado rápidamente al sistema de reparto de contratos.
Julio "Chocolate" Rigau fue detenido en la noche del 9 de septiembre mientras sacaba dinero de los cajeros automáticos del Banco Provincia, Sucursal Plaza San Martín, en La Plata. Al ser apresado, las autoridades policiales bonaerenses no solo reportaron el episodio, sino que lo detuvieron y le secuestraron el teléfono, cuyos datos podrían ser reveladores y contundentes sobre la manera de manejar la recaudación y con quién se reportaba para la actividad diaria.
A pesar de los pedidos de entrevistas u opiniones sobre este tipo de manejo económico, ningún legislador opositor respondió. Tampoco los oficialistas, pero, en este caso, hasta parece natural que no lo hicieran. Sin embargo, desde un inicio, insisten que el dinero no era para ellos. Más allá de alguna amenaza velada, pronunciada por el propio candidato presidencial, Sergio Massa, en contra de Maxi Abad, nadie más salió como acusación desde ningún otro sector.
La firma, sin embargo, no depende del legislador radical. Desde hace varios años, producto de la debilidad política del momento, María Eugenia Vidal pactó con el Frente Renovador y hasta combinaron las presidencias del cuerpo durante el período 2015- 2019. Eso no se modificó, sino que se amplió. Federico Otermín, presidente de la Cámara e intendente electo de Lomas de Zamora, debe convalidar cada designación o erogación con la firma de los opositores, o al menos no oficialistas, Adrián Urelli, mano derecha de Néstor Grindetti, y el radical Fabián Perechodnik, exsecretario general de la gestión de Vidal.
El expediente, cuyo trajinar es traumático por la complejidad de los actores involucrados y la fuerte presión política por parte de quienes deben, por otro lado, vigilar el trabajo del Poder Judicial, suele sufrir increíbles demoras ante los pedidos presentados por los abogados defensores desde el minuto uno de su sustanciación.
Poder Ciudadano ha sido incorporado como parte interesada en el expediente y sigue de cerca todas las cuestiones. Para esta institución, este episodio es un verdadero "leading case" de la financiación ilegal de la política bonaerense. Ricardo López Murphy, María Eugenia Talerico y Javier Iguacel, con un apoyo directo de Patricia Bullrich, denunciaron a los camaristas Alejandro Villordo y Juan Benavidez, quienes casi obtienen la disolución definitiva de toda la investigación con un fallo exprés. Ellos dejaron en "offside" a sus aliados de Juntos por el Cambio, que tienen un rol protagónico en la Cámara de Diputados.