Suarez y un fin de gestión que termina con denuncias ante la Justicia

Tras una gestión sospechada de favorecer a varios grupos empresarios durante estos últimos cuatro años, Rodolfo Suarez se despedirá en pocos días de su cargo debiendo enfrentar ante la Justicia una sospecha concreta y fuerte de que, en este caso, se trató de beneficiar a la empresa Edemsa en perjuicio de la provincia en la concesión de la distribución de la energía eléctrica

La presentación judicial fue realizada por el exgobernador, Arturo Lafalla y por el ex PD, ex Coalición Cívica  y actual concejal de la Libertad Avanza de la Capital, Gustavo Gutiérrez, bajo el amparo de la fundación Nuestra Mendoza; quienes fueron acompañados legalmente por el ex juez de la Corte, Alejandro Pérez Hualde, que se presentó como “amicus curie” ya que, al estar jubilado como juez, ya no puede litigar.

La demanda fue presentada el viernes anta a Suprema Corte y por la supuesta inconstitucionalidad de dos decretos (el 70/2023 y el 7024/2023)  firmados en el transcurso de estos últimos nueve meses por el Poder Ejecutivo, que le permitieron a Edemsa, primero, garantizarse la continuidad del negocio por dos décadas. Y luego, a través de otro aval del gobierno, habilitarla para que modifica su estatuto y permitirle involucrarse en otros negocios por fuera de la distribución de electricidad, salteando los controles del Estado como concesionario del servicio y además con la posibilidad de repartir dividendos entre sus accionistas y sin la participación pública de ellos.

Dicho en términos más planos: según lo que se apunta a investigar, la administración de Suarez, en una primera instancia de este proceso, primero se sentó a renegociar con cuatro años de anticipación a su vencimiento los contratos de concesión con la empresa del grupo Vila Manzano y le extendió el negocio de la distribución energética por 20 años más.

Ya al momento de esa firma surgieron los primeros cuestionamientos. El Gobierno no sólo extendió la concesión veinte años de manera anticipada, sino que además mejoró las condiciones a favor de la empresa. Entre otros beneficios, le bajó el canon a pagar y aprobó un plan de obras que terminará saliendo del bolsillo de los usuarios. Suarez logró esquivar las sospechas que surgieron en esa oportunidad, porque había logrado vestir de cierta legalidad el arreglo. Si bien se salteó la obligatoriedad de convocar a una audiencia pública para ratificar el acuerdo, consiguió que la Legislatura lo exceptúe con una ley de ese paso indispensable. Y ratificó por decreto ese acuerdo en enero.

Sin embargo no pudo evitar una demanda cuando, hacia finales de octubre, firmó otro decreto que pareció cerrarle a futuro la posibilidad de buenos negocios al privado. El gobernador avaló con su firma la modificación del estatuto de Edemsa que le permitirá modificar su objeto y, entre otros beneficios, abrirle el horizonte hacia negocios de desarrollo de tecnología, también de impulso de proyectos y obras de transporte de electricidad, de generación de energías renovables y hasta operar en la Bolsa.

¿Cuál es el punto técnico según la denuncia? Qué cuando Suarez renegoció la prórroga de la concesión en 2022 lo hizo con una empresa totalmente distinta a la que terminará el 2023. Y que además, en el camino, el Estado como concesionario del servicio pierde el control de los números de la compañía (hasta se retiran veedores) y que todo quedó en definitiva estructurado de una manera tan laberíntica de cuatro sociedades anónimas que ni Daniel Vila, ni José Luis Manzano aparecen como accionistas.

¿Cuál es el trasfondo político de la demanda? Que todo el proceso fue diseñado por la empresa con el respaldo del Gobierno para terminar cerrándole un negocio extraordinario.

“La pregunta inicial que había que hacerse es cómo es que cuatro años antes de que venza una concesión de 20 años de servicios publico se renueva por 20 años más. Y después está claro que la empresa con la que renegoció Suarez no es la que es hoy. Se ha permitido una reforma del objeto de Edemsa que la transforma en otra sociedad”, explicó Pérez Hualde a MDZ.

Las internas de la Corte

Este planteo para resolver un tema tan delicado cae, si se quiere, en una coyuntura muy convulsionada de la Corte. El lunes, casi con seguridad, se votará para definir quién será el nuevo presidente del tribunal y las internas políticas de los jueces volvieron a estallar.

Aunque, en este caso, con una particularidad muy acorde a los tiempos institucionales que corren en Mendoza. Lejos de lo que podría suponerse, la disputa no es entre magistrados ligados al Gobierno y aquellos relacionados contra el peronismo.No.La interna feroz es entre Dalmiro Garay, el actual presidente y José Valerio, dos jueces designados por Alfredo Cornejo y que hoy pivotean alrededor de él de manera distinta. Garay, pegado. Y Valerio, enfrentado desde hace bastante tiempo ya. Es notable: como sucede en la política en muchísimas ocasiones, sucede en la cabeza de la Justicia y es que, ante la falta de oposición, el poder empieza a pelearse entre ellos mismos.

El juego por la conducción de la Corte está claro a esta altura. El ganador requiere de cinco voluntades de las siete que votan y se descarta que los otros dos jueces nombrados por distintos gobiernos radicales, Pedro Llorente y María Teresa Day, no sacarán los pies del plato de su acuerdo con Garay. Entonces la llave la tienen los tres supremos opositores. Y aquí, la rosca dentro de la rosca. Mario Adaro está dispuesto a no dejar pasar a Garay y vota a Valerio. Julio Gómez podría inclinarse por una u otra opción. Pero Omar Palermo no parece dispuesto a seguir a su compañero de tantas disputas políticas que son moneda corriente a esta altura dentro del comando de la Justicia. Es decir, Palermo podría terminar inclinándose por Garay con quien, como consecuencia de la reforma del tribunal que se ejecutó en 2022, terminaría compartiendo el gobierno de la Corte ocupando una de las vicepresidencias. La otra, sería para Gómez según el acuerdo que propuso el actual presidente para ver si lo votan y logra imponerse en la pulseada. Sin embargo, ante tanta indefinición, una alternativa surgió durante este fin de semana y es la posibilidad de que Adaro se postule como una forma de forzar que los afines, no tan dispuestos a seguirlo en su cruzada contra Garay, terminen comprometidos a votarlo a él.

Los negocios con los empresarios

Desde hace tiempo que la administración de Suarez está observada por la forma en que manejó licitaciones para la adjudicación de obras públicas y por la firma de contratos de envergadura, que no hicieron otra cosa que poner en foco la transparencia con la que el gobernador se manejó, sobre todo, con algunos empresarios.

Ya desde el arranque empezaron a suceder cosas en ese sentido. En 2020 el gobierno direccionó la adjudicación de la construcción de Portezuelo del Viento para que el consorcio conformado por IMPSA y por las constructoras de Omar Alvarez y de Fernando Porreta se quedaran con la construcción del dique del que, finalmente y tras una larga discusión con Alberto Fernández que demandó casi dos años, no se terminó colocando ni una sola piedra.

Los empresas mendocinas se asociaron con una china, Sinohydro, quedaron como únicos oferentes y fue tal la voluntad de entregarles el contrato que se terminó generando en un momento clave del proceso licitatorio un hecho escandaloso para la administración pública: el consorcio terminó proponiendo una reducción del 22,6% a las distintas ofertas que realizó en un primer momento, que en concreto representaron U$S 200 millones de dólares menos del costo original que habían planteado. Casi que no existían antecedentes en licitaciones de esta envergadura en donde, ante un pedido de mejora de oferta, la rebaja terminó siendo del más del 20%.

A mediados de 2022 se generó otra sospecha. Caído Portezuelo, se le adjudicó a CEOSA la ampliación del Metrotranvía (otra vez como único oferente) por un costo de $40.000 millones,, quemás tarde se supo que fueron muchos más, y que originó una denuncia por el pago de sobreprecios por parte de Omar De Marchi en plena campaña electoral por la gobernación. Y en el mismo momento, surgió otra licitación poco clara cuando se decidió avanzar con la construcción de El Baqueano, para supuestamente favorecer a IMPSA y a Álvarez, obra sobre la que todavía no existe confirmación de que Alfredo Cornejo vaya a licitar.

Y aquí las diferencias que fueron públicas entre el actual gobernador y el ex, que en pocos días van a intercambiar roles en esta especie de reelección en los hechos. Suarez apuntó a adjudicar El Baqueano y financiarlo con U$S 500 millones con fondos provenientes del fideicomiso de Portezuelo, pero Cornejo plantó una decisión. Dijo que la obra debería replicar el esquema que permitió la construcción del dique Potrerillos hacia finales de los 90, es decir, que no sea el Estado quien aporte la totalidad de los fondos sino que empresas privadas participen de la inversión. El gobernador de ahora cambió entonces los términos del proceso licitatorio para sujetarse a las exigencias de su ex. Sin embargo, la construcción de El Baqueano entró en un cono de sombras. El futuro gobierno no avanzaría con la obra y optaría, por caso, por desarrollar otros proyectos con esos fondos como la construcción de un dique en Uspallata.

Sobre el final, sobrevinieron otros procesos controvertidos. Finalmente una empresa ligada a José Luis Manzano, Minera Aguilar, se quedó con el negocio de la mina de sales de Potasio en Malargüe. A Manzano le firmaron el contrato, pero sobre el papel debieron colocar un sinnúmero de garantías de inversión para despejar las dudas que tiene casi todo el sector minero de que, en realidad, lo que se busca hacer acá por parte del privado es un negocio inmobiliario.

Otro grupo muy reconocido en el ámbito del turismo y del juego, el Grupo Kristich, recibió sus beneficios también. La empresa Fuente Mayor SA, de este grupo económico, administra las salas de juego en el hotel Fuente Mayor de Tunuyán y se quedó en 2021 con el negocio de una sala de Casino habilitada en San Martín por el propio Suarez. Un detalle en esa adjudicación: además de abrirle la posibilidad de un gran negocio, al momento de la adjudicación Suarez le subió de 49% a 68% el porcentaje de la recaudación (el resto se lo queda el Estado) lo que le permitió a la empresa por caso, quedarse con utilidades millonarias.

Sin embargo, Fuente Mayor incumplió con el contrato que firmó con el Estado provincial en el momento de la adjudicación para manejar el juego en el Este. Ese acuerdo incluía, además de la instalación de un casino, la obligatoriedad de la construcción de un hotel cuatro estrellas que debería estar terminado a finales de este año. Antes de terminar agosto último, el gobierno aceptó prorrogar estos plazos hasta el 2024 bajo el argumento de que lo hacía para permitirle al Grupo Kristich cerrar otro negocio como fue el nuevo grupo que se inauguró en la Terminal de ómnibus.

Como sea, esta Corte es la que deberá resolver el planteo ríspido de la fundación de Lafalla. Cualquier abogado que recorre los pasillos de Tribunales para litigar, debería recomendarle a su cliente (si conoce la operatividad de la Corte en este tipo de temas que involucran al Gobierno) que abandone la pelea porque, en este caso, la lógica indica que se trata de una causa perdida de antemano. La realidad política de los supremos y su constitución política, marca que esto tiene destino de resolución rápida a favor de Suárez o que tranquilamente el expediente podría dormir años antes de encontrar sentencia.

Sin embargo algo cambió en la Argentina en la última semana. El acuerdo del Gobierno con Edemsa se terminó de cerrar con un escenario en donde Sergio Massa estaba en carrera por la presidencia y ya es sabida la relación entre el excandidato y el grupo. La clave ahora está en manos de Cornejo ante este nuevo escenario político quien, ante un posible acto irregular de su futuro antecesor, deberá decir si revisa los términos del acuerdo firmado por Suarez con uno de los grupos empresarios más fuertes de la provincia y que terminó cuestionado ante la Justicia.