La demanda judicial que inquieta en el Gobierno, la Corte y el poder: piden anular el acuerdo con Edemsa

En los últimos meses el gobernador Rodolfo Suarez tomó decisiones cuyo efecto trascenderá largamente su gestión y en lo inmediato harán recalcular a su sucesor Alfredo Cornejo. Muchas de ellas tienen que ver con concesiones de servicios, cesiones y extensiones de contrato. Una de las más controvertidas tiene que ver con el servicio de distribución eléctrica: Suarez extendió por dos décadas la concesión de Edemsa, en condiciones mucho más laxas de control y con beneficios para la sociedad que seguirá teniendo el control. Además, abrió el contrato para ampliar el objeto social de esa empresa y permitirle hacer otros negocios. 

Ambas decisiones ahora trascendieron la órbita del Poder Ejecutivo y la Suprema Corte de Mendoza deberá definir si fueron legales o no. Este viernes, un grupo de dirigentes sociales, políticos y también abogados relevantes de Mendoza presentaron una demanda para que sean declarados inconstitucionales los Decretos de Suarez por los que extendió la concesión de Edemsa y también el que le permite hacer otros negocios. Según ellos, ese acuerdo es perjudicial para los intereses provinciales y, en contrapartida, muy beneficioso para los accionistas de Edemsa y, en el mismo sentido, no se cumplieron las pautas legales para legitimarlas. Entre otras cosas, aseguran que no se realizaron audiencias públicas específicas.

La discusión no será sencilla, pues la propia Corte suele ser "tiempista" con temas controvertidos como los contratos de concesión de servicios públicos. La base del acuerdo entre el Gobierno y Edemsa eran, justamente, las demandas que la empresa tenía contra el Estado por la falta de actualización de tarifas y los ingresos no percibidos. Desde el Gobierno daban por perdida esa disputa judicial y con esa presión Suarez decidió flexibilizar todas las condiciones a favor de los concesionarios. Así fue que se firmó el acuerdo transaccional por el que se comprometieron a dejar de lado las demandas cruzadas, principalmente el reclamo de indemnización por los ingresos no percibidos. La empresa aseguraba que la deuda era de 146 mil millones de pesos, una cifra astronómica. En el Gobierno aseguraban que era menos, pero reconocían que la deuda existía. Lo mismo con la amenaza latente de un reclamo ante el CIADI. Allí hay una particularidad. Los dueños de Edemsa son mendocinos, pero parte de las empresas están radicadas en el exterior, por lo que podían demandar al Estado argentino en tribunales económicos globales.

El Gobierno extendió la concesión por 20 años más, aún cuando faltaban 4 para vencerse. Y mejoró las condiciones a favor de la empresa: bajó el canon que debe pagar, aprobó un plan de obras que pagarán los usuarios y le permitió, con otro Decreto, realizar tareas que antes le estaban restringidas . 

En la demanda presentada por la Fundación Nueva Mendoza y varios juristas, como Arturo Lafalla y Alejandro Pérez Hualde, buscan desmentir las razones esgrimidas por el Gobierno. "El primer vicio de la transacción es que no se ha seguido el procedimiento establecido por la leyes...que exige participación del EPRE, del Poder Ejecutivo, aprobación de la Legislatura Provincial y no se ha llevado a cabo la Audiencia pública, tal como lo exige la doctrina y la jurisprudencia", aseguran. Pero además van al fondo del tema.

"Este modo de razonar configura la arbitrariedad por ”Falsa causa”, pues el agente administrativo expresa o implícitamente disfraza la inexistencia de la causa en el sentido de inexistencia de sustento fáctico del acto; se prescinde de los hechos reales, para fundar la decisión en hechos falsos, o que carecen de relevancia para el caso. En estos supuestos es posible que exista asimismo desviación de poder, lo cual suma otra causal más de invalidez a la conducta de que se trata. Se produce así el fenómeno de repotenciación de los vicios", denuncian. "Desgraciadamente, la mentira en los actos públicos ha tenido gran desarrollo entre nosotros, a veces bajo la apariencia de engañosas estadísticas, de modo que tan acostumbrados estamos a ellas que pueden llegar a no sorprendernos en un caso concreto y no advertir que no es sólo una mentira política más, sino una concreta ilegitimidad del acto administrativo o judicial", agregan. 

El EPRE había calculado en 64 mil millones de pesos el "valor" de la extensión de la concesión por 20 años. Pero además, se suma la baja del canon y la posibilidad de hacer otros negocios. La decisión del Gobierno se solapó con otros procesos en marcha y por eso todo se mezcla. Es que estaba en desarrollo la última revisión quinquenal de la tarifa y también la revisión del valor del VAD. El gobierno juntó la revisión tarifaria con la negociación de los litigios. 

La demanda está firmada por Nuestra Mendoza, el exgobernador Arturo Lafalla, el exministro de la Corte Alejandro Pérez Hualde, el dirigente de la Coalición Cívica Gustavo Gutiérrez y tiene como respaldo político a varios referentes de la sociedad civil. En la Corte no será un tema más, pues involucra decisiones del Gobierno y cae en momentos en los que se redefine el poder interno.