El acuerdo millonario que firmó el Gobierno para desactivar el litigio que frenaba al masterplan de Potrerillos

Para que las empresas adjudicadas pudiesen empezar el desarrollo del master plan del Perilago de Potrerillos era necesario destrabar un conflicto legal vinculado a un terreno ubicado en el corazón del proyecto. En concreto, antiguos propietarios se negaban a retirarse del lugar hasta que el Estado no les pagara lo que entendían les correspondía por la expropiación de ese predio. Finalmente, hoy se publicó en el Boletín Oficial el decreto 1809 que establece el pago de 50 millones de pesos en concepto de "anticipo del monto indemnizatorio".

En concreto, lo que se hace es ratificar el acuerdo transaccional dispuesto por la Quinta Cámara Civil y que pone fin a un litigio que tenía en vilo el desarrollo del masterplan. El Gobierno provincial había avanzado con "una acción de reivindicación" para lograr la plena disposición del inmueble ante la negativa de Ramón Lo Bianco de dejar el predio. 

Para entender el fondo del conflicto es necesario remontarse a décadas atrás. Todo ese predio, incluso cerca de 300 hectáreas que hoy están bajo el agua, formaban parte del campo El Jarillal, que tenía un total de 2800 hectáreas y era propiedad de la familia Lo Bianco y otros socios. Producto de la construcción del dique se expropiaron parte de esos terrenos pero se pagó un precio que consideraron irrisorio. Se inició un juicio y en noviembre obtuvieron sentencia favorable.

La familia Lo Bianco reclamaba el pago que les correspondía por la expropiación y uno de los integrantes del grupo familiar habitaba en el predio en el que también tenía casas rodantes y otros rodados. Para el Ejecutivo, se resistía a retirarse y pretendía que el Ministerio Público accionara para liberar el terreno.

Finalmente no fue necesario y según consta en el decreto 1809 se llegó a un acuerdo transaccional. "Ramón Lo Bianco se obliga a desocupar total e inmediatamente los terrenos requeridos por la Secretaría de Ambiente", se puede leer en el anexo del decreto en referencia al retiro de "todas las estructuras fijas, desmontables y/o móviles que actualmente permanecen en ellos".

Cuando eso se concrete, el Ejecutivo desistirá de la acción de reivindicación que había interpuesto a pedido del gobernador Rodolfo Suarez. Destrabado ese conflicto, se avanza en la construcción de las primeras unidades de servicios en el perilago con el objetivo de contar este verano con baños e infraestructura en el lugar.