La embestida del jefe de los fiscales en pleno escándalo por el caso Chocolate Rigau
En una decisión que sorprende por lo atípico y contundente, el procurador General bonaerense, Julio Conte Grand, denunció a los camaristas que quisieron enterrar la causa "Chocolate" y Legislatura.
"La verdad os hará libre", reza y certifica el antiguo dicho bíblico. Julio Conte Grand, el Procurador General de la Provincia de Buenos Aires, denunció a los camaristas Juan Alberto Benávidez y Alejandro Gustavo Villordo por su "patente mal desempeño y su grosero apartamiento del orden legal" en el caso de Julio "Chocolate" Rigau por haber entorpecido e interrumpido la investigación iniciada por la Fiscal Betina Lacki y confirmada por el juez de Garantías Guillermo Atencio.
El caso, que ya ingresó a la Secretaría Permanente del Jurado de Enjuiciamiento de la provincia de Buenos Aires, analiza en profundidad la escandalosa decisión de los camaristas que, sin tener jurisdicción para hacerlo, admitieron y dieron curso a un recurso de habeas corpus y en ese marco declararon la nulidad de la actuación policial contra Julio Rigau y todo lo actuado posteriormente en la causa, ordenando que fuera liberado y que le fueran restituidos el dinero secuestrado y las tarjetas bancarias (de las que no era titular).
"En el marco del recurso contra esta decisión, quedó de manifiesto en la decisión del Tribunal de Casación Penal que los camaristas Benavídez y Villordo se habían apartado de la ley", dice, taxativo, Julio Conte Grand.
Esta es la primera vez que el procurador toma una determinación semejante en un caso de extrema sensibilidad social y política en la que se investiga la participación de Chocolate Rigau en la recaudación clandestina de dinero para luego ser distribuido en un denominado "bloque político", manejado por no se sabe bien en qué área determinada de la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires.
En un texto difundido especialmente por el jefe de los fiscales bonaerenses se detalla que "los jueces Budiño y Mancini entendieron que la resolución de la Cámara debía ser anulada por razones lógicamente previas al análisis de su fundamentación de los recursos de los apelantes (es decir: que no era necesario adentrarse en los fundamentos de la apelación del fiscal general de La Plata ni del particular damnificado, porque la decisión de la los jueces Benavídez y Villordo era palmariamente nula)".
Esta denuncia del procurador se da, además, en la misma semana en la que se abrirá el teléfono celular de Julio "Chocolate" Rigau, algo que tiene más que atemorizados a la dirigencia política del peronismo platense, al cual pertenece, y en particular al Frente Renovador, en el que milita desde hace una década.
En su escrito, el jefe de los fiscales bonaerenses rechazó la "decisión de los jueces Benavides y Villordo" porque la misma "se apartó abiertamente de las constancias objetivas de la causa. A través de un razonamiento arbitrario -canalizado, además, por una vía improcedente-, el decisorio terminó por provocar un daño de tal trascendencia y gravedad que hiere gravemente a los poderes del Estado en general, y la administración de Justicia, en particular".
Por si había alguna duda sobre su pensamiento, el funcionario agregó que "la materia objeto del petitorio tenia vía procesal adecuada en la causa en que se estaba discutiendo la excarcelación; tenía así un juez natural (precisamente juez de garantías); y con la admisibilidad de la vía extraordinaria se terminó apartando a dicho juez y suplantándoselo por la Sala III de la Cámara de Garantías y Apelación" y que "no debería pasarse por alto que la maniobra de sacar la causa de su juez natural es una actitud propia del fenómeno denominado fórum shopping".
Traducido, lo que induce directamente Conte Grand en su denuncia es que para él, los camaristas ahora acusados de mal desempeño pretendían que todo se siguiera investigando en otras dependencias judiciales, con fiscales y juzgado más afín al maleante y sus cómplices escondidos.
Tal cual lo describió el camarista de la Sala III que votó en disidencia, Fernando Mateo, quien había anticipado que la decisión de sus pares para salvar a "Chocolate" Rigau y archivar todo lo actuado iba a desatar un escándalo público, Conte Grand insistió sobre ese punto.
"La resolución ha generado una gran conmoción en el tejido social, el que se enfrenta a una decisión que terminaría por invertir las responsabilidades, diluyendo aquella que potencialmente podía caberle al detenido para, en definitiva, cargar las culpas sobre el accionar policial" y concluyó que "a raíz de lo señalado, no es osado considerar que, con su voto, los doctores Benavides y Villordo han reforzado el estado de desconfianza social en la judicatura".
El procurador ofreció prueba y solicitó al jurado el apartamiento preventivo de los camaristas, mientras se sustancie el proceso. El proceso prosigue con el sorteo de seis legisladores abogados y seis conjueces para integrar el jurado que, presidido por el presidente de la Suprema Corte de Justicia, decidirá sobre su destitución. El que no haya tenido nada que ver con la designación de Villordo y Benavidez entre todos estos miembros del jury, que tire la primera prueba.
La causa no es Julio "Chocolate" Rigau sino a quien le entregaba el dinero. Sus jefes políticos. Tampoco hay que esperar demasiadas revelaciones de su teléfono celular. Sus jefes directos eran dos o tres, pero lo importante es saber qué se hacía con lo que entregaba, a quién se lo repartía.
Hace veinte días, Patricia Bullrich, a través de Ricardo López Murphy, Javier Iguacel y María Eugenia Talerico, tres dirigentes y funcionarios de extrema confianza personal, había hecho un pedido de juicio político contra los mismos camaristas ahora denunciados por el procurador general.
¿El resto de la clase política y oficialista dijo algo hasta el momento? nada. Por eso lo tórrido de la trama y la trascendencia de la decisión del procurador.