El oscuro mundo de los espías e informantes que nutren la trama de corrupción en el Estado

Diego Aliaga se cruzaba de vereda cada vez que veía a alguien conocido; lo hacía para saludarlo, gritaba si hacía falta. Era un hombre “entrador”, dicen. La idea de cruzarse es también una metáfora: iba a Tribunales Federales como imputado, como acusador, como testigo y también, según las sospechas, como miembro de una asociación ilícita. Diego Aliaga no tenía un trabajo formal, pero sí un buen vivir; se cruzaba de rol sin problemas. Era, además, informante de la policía de Mendoza, un buchón a sueldo que formaba parte de ese grupo que camina en la cornisa entre la ley y la delincuencia y que usa esos vínculos con discrecionalidad. 

Aliaga fue asesinado y su muerte se convirtió en el eje para deshilachar la trama de corrupción estructural que hay en la Justicia federal y que involucra a magistrados, empresarios, abogados, policías y civiles. También para traer hacia la superficie a ese mundo subterráneo de los operadores que tienen fiscales y policías en Mendoza y que no le rinden cuentas a nadie. Aliaga fue identificado con un número, como si fuera una parodia de las películas de espías: era el informante 59. La causa Bento tiene en sus expedientes otros informantes policiales, aunque no hayan sido blanqueados como tales. En la banda que, según las sospechas, lideraba Walter Bento para pedir coimas a cambio de favores procesales, había informantes policiales que eran polifuncionales. 

Las fuerzas de seguridad se valen de los informantes supuestamente para acceder a datos que de otra manera no podrían, otorgándoles un poder enorme a esos personajes a sueldo informal. Para acceder no hace falta un currículum, pero curiosamente sí tener prontuario: muchos de ellos son delincuentes que no solo cobran, sino que tienen los beneficios de pertenecer, como acceder a datos de operativos antes que nadie y hasta "liberar zonas" informalmente. También para "desviar" investigaciones o cobrarse alguna vendetta. En el caso de la policía de Mendoza y el Ministerio Público Fiscal, se usan varias cajas para financiar a los buchones. Una de esas cajas son los fondos reservados que el Ministerio de Seguridad tiene. Es dinero del que no se debe rendir cuentas más que una presentación informal e igual de secreta. Para el año que viene se presupuestaron casi 100 millones de pesos para erogaciones reservadas de cuyos gastos no hay que rendir cuentas más que una simple nota justificativa y encriptada al Tribunal de Cuentas. Pero no es la única vía de financiamiento.

Los contratos son de palabra, se cierran en los despachos de los fiscales y también se asignan a jefes policiales que tienen “informantes” a cargo. Es tan secreto e informal, que también queda resguardado si hay desviaciones o corrupción, como ocurrió en la causa Bento: Aliaga figura como informante en los papeles, pero además lo señalan como uno de los “punteros” de Bento para conseguirle clientes. Según los testimonios, Aliaga ofrecía los servicios para que el juez federal otorgara beneficios procesales a cambio del pago de coimas en dólares. Bento y Aliaga usaban códigos para comunicarse, pero cayeron en su propia trampa del exceso de confianza cuando el informante policial usó sin problemas el vehículo del juez federal. Según figura en el expediente,  Aliaga figura al menos dos veces como informante policial. Primero entre 2008 y 2009, bajo la órbita de Inteligencia Criminal y en 2019 bajo el ala de Lucha contra el Narcotráfico.

No era el único involucrado en esa causa que fue signado como “informante”.  Diego Enzo Stuto aparece como testigo en la causa y en el ámbito de la justicia federal todos lo conocían también por su rol ambiguo. MDZ accedió a testimonios de primera mano que ubican al hombre como uno de los ejes de la matriz de vinculaciones para enlazar a personas procesadas con abogados y magistrados. Stuto fue también señalado como informante a sueldo de la Justicia mendocina, particularmente del equipo que formaron los fiscales especiales. El gobernador electo Alfredo Cornejo había explicitado esa situación cuando denunció al fiscal Daniel Carniello al usar a Stuto como informante en un confuso allanamiento por una banda de piratas del asfalto.

Además de “llevar y traer”, los informantes tienen otros trabajos sucios. “Han aparecido algunos supuestos informantes como testigos de hechos, aportando pistas que son funcionales a intereses de las causas, de la propia policía o de la justicia. Los usan para todo. Se aprovechan de ese anonimato y que muchos están jugados”, explicó un exfuncionario que tiene experiencia por haber usado esa mano de obra calificada. La pregunta sin respuesta a esa y otras fuentes es si hay informantes que se empleen para otros trabajos relacionados con la vida privada y política de las personas. 

La peor herencia

Los informantes actuales son herederos de una estructura creada durante la dictadura en Mendoza y que era usada para espiar, entre otras cosas. Era el cuerpo de policías “secretos” creado en la década de los 60, potenciado en los 70 y que sobrevivió al inicio de la democracia. Además de tener casi 100 policías para espiar, había una estructura con capilaridad en todas las instituciones de Mendoza. Se manejaban con presupuesto oficial y fondos reservados para pagar buchones. Esa estructura se disolvió y se entregaron los archivos de espionaje a figuras públicas. Pero los fondos reservados y los “informantes” se mantienen, sin rendir cuentas. “En países serios, como Estados Unidos, existen esas estructuras. Pero siempre hay un registro de los vínculos, los acuerdos, lo que aportan y lo que no. Esa información es secreta y clasificada, pero existe”, explicó otra fuente. En Mendoza alcanza con la palabra volátil de un fiscal o un policía para el trato especial de los informantes.

El funcionamiento de los buchones está blanqueado. En el juicio oral que se lleva adelante contra Bento quedó explicitado, pero en esa causa ya se había detallado finamente cómo uno y otro mundo están vinculados.  “Desde que empecé trabajar en narcotráfico conozco la existencia de informantes. No hace falta cumplir con ningún requisito para ser informante. Una persona condenada también puede ser informante mientras de información en forma continuada. En Mendoza no hay una forma, ni una directiva ni una resolución que nos diga como indicarlos o como registrarlos. Es algo que se hace desde hace tiempo”, así describía el comisario Marcelo Rivera la forma de vincularse con los informantes. Rivera y otros policías explicaron cómo hay informantes circunstanciales y otros rentados; a sueldo de lo que sale de los gastos reservados. “Se les puede solicitar el dinero al Ministerio de Seguridad para pagar la información. No hay factura porque generalmente la persona que recibe dinero no quiere firmar nada. En el caso nuestro se paga en forma personal. No lo paga el policía de su bolsillo sino que se le solicita al Ministerio de Seguridad”, agregó el comisario ante el Tribunal Oral.

Los comisarios tienen “informantes a cargo”. Pero también los fiscales, que los usan y algunas veces confunden roles: los “ayudantes” también pueden estar involucrados en causas que les toca investigar.

En paralelo un informante puede tener vínculos en la policía provincial y en las fuerzas federales. Al parecer era el caso de Aliaga y fue el de Stuto, que eran informantes provinciales y ofrecían servicios en Tribunales federales. Incluso, sabían sin problemas cuando ellos eran investigados. “Me dijo que no le llamara porque tenía el teléfono pinchado. Me pasó otro número que no era de él”; recordó a MDZ un testigo que recibió la oferta de los servicios de Stuto, aún cuando el hombre estaba imputado.

La familia es conocida. Enzo Diego Stuto y Renzo Stuto fueron acusados y estuvieron detenidos por estafa. Antes, habían quedado involucrados en una relación vidriosa con el fiscal Daniel Carniello, de quienes eran informantes. La duda es si aportaban datos a cambio de favores procesales o del dinero que la propia estructura estatal dispone para ese fin. Carniello fue corrido de su cargo de fiscal especial.

“Son los fiscales los que usan los informantes. Hay que recordar que cada fiscal tiene un grupo de policías de investigaciones a cargo y ellos muchas veces hacen esos acuerdos. Los usan para causas complejas”; explican desde el Ministerio de Seguridad.

Mendoza tiene una carencia estructural que es funcional a que haya más delitos y organizaciones informales. Está en una zona limítrofe, con la frontera comercial más caliente del país. Pero las fuerzas federales casi no tiene poder, ni estructura. La Policía Federal, por ejemplo, tiene menos de 100 agentes para investigar y ejecutar operativos antidrogas, de contrabando y otros delitos. Algo parecido le ocurre a Gendarmería. Por eso dependen de la colaboración de la policía de Mendoza. “Eso en parte es bueno porque no hay una corrupción estructural en las fuerzas de seguridad. Pero sí hay carencias”, reconocen.

En muchas causas federales que tuvieron repercusión aparecen actores vidriosos, mensajes en clave y vinculaciones.

La causa por asociación ilícita que tiene a Walter Bento como protagonista sirve para ordenar el funcionamiento de esa estructura que funcionó durante años. En la causa por trata de personas en “Pyme VIP”; un prostíbulo que funcionaba en pleno centro, hay indicios de coimas, también de datos aportados por informantes, pero para alertar de los operativos más que para esclarecer. Ese local funcionaba frente al principal hotel de Mendoza y a pocas cuadras de la Policía Federal. Pero no hubo ningún jefe de esa fuerza condenado. La frase “no me acuerdo” fue suficiente para justificarse. Algo aún más raro ocurrió con la mega causa por corrupción dentro del PAMI: hubo condenas, pero ningún referente político de alto nivel.

El submundo de los informantes y su vínculo con los representantes de la ley no deja registros, salvo algunos casos de exceso de confianza. Los acuerdos se traman en los despachos, en cafés, en casas particulares, con nombres falsos y favores encriptados.