Por qué no dejan votar a los argentinos que viven en Ucrania

Un grupo de diputados nacionales de Juntos por el Cambio, encabezados por Fernando Iglesias y acompañado por Cristian Ritondo, Alfredo Cornejo, Pablo Torello Francisco Sanchez Sánchez, Héctor Stefani, Sabrina Ajmechet, Ana Clara Romero, entre otros ha presentado un proyecto de resolución por el que se exige “al ministro de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, Santiago Cafiero, para que tome las previsiones necesarias para la apertura transitoria de la Embajada Argentina en Kiev, Ucrania, a fin de cumplir con sus funciones de asistencia a los ciudadanos argentinos y llevar a cabo el acto electoral del 22 de octubre de 2023; permitiendo el voto de los argentinos residentes en Ucrania, hoy imposibilitados de ejercer sus derechos
políticos en abierta violación a los artículos 37º y 22º de la Constitución Nacional, al Código Electoral Nacional y a la Ley 24.007 que regula el voto de los argentinos residentes en el exterior”.

En los fundamentos se destaca que el voto de los argentinos residentes en el exterior está regulado por la Ley 24.007, sancionada en 1991, y desde entonces, la participación de los ciudadanos en la vida política del país ha sido creciente pese a que los argentinos en el mundo enfrentan innumerables obstáculos para su ejercicio. Así, por ejemplo, el Decreto 189/2021 dictado por el presidente Alberto Fernández, que derogó la posibilidad de votar por correo en el exterior, constituyó el primer retroceso en el derecho al voto de la historia electoral de nuestro país.

Cabe señalar que en el caso de Ucrania, dado que la Cancillería dispuso el traslado temporario de la embajada fuera del país a partir de la invasión rusa, los ciudadanos argentinos residentes en ese país se ven privados de poder ejercer su derecho al sufragio, en abierta violación a las normas mencionadas “ut supra”. Al igual que los ciudadanos nacidos en ese país, los argentinos que viven en Ucrania continúan con sus obligaciones cotidianas, laborales, profesionales y académicas pese a la amenaza constante del ejército ruso y sus ataques a objetivos civiles.

Por lo tanto, no existe ninguna razón para el incumplimiento del Estado argentino de su obligación fundamental de garantizar los derechos políticos de dichos ciudadanos, permitiendo que se lleven a cabo los comicios del próximo 22 de octubre en la Embajada argentina en Kiev. Los nativos en Argentina que viven en Ucrania bajo la amenaza de Rusia no solo deben ser protegidos y apoyados, sino que también se les deben garantizar sus derechos fundamentales, entre los que se hallan los políticos.

Lamentablemente, la posición del gobierno argentino en relación a la invasión rusa a Ucrania dista mucho de alinearse claramente con las naciones democráticas y libres del mundo, a partir de sus compromisos con Rusia, Irán y China, lo que afecta gravemente al país en el futuro inmediato. Además de una obligación institucional, la apertura de la Embajada constituiría una señal de apoyo a
la nación ucraniana. Ese alineamiento internacional, que insólitamente privilegia a los regímenes autoritarios, está en la base de la
actitud reticente hacia nuestros compatriotas que residen en Ucrania.

Es una postura que no solo se aparta de nuestras mejores tradiciones diplomáticas y de nuestra evidente pertenencia histórica y cultural al ámbito de las democracias constitucionales, sino que lesiona sin motivo alguno los derechos de compatriotas que deberían ser apoyados especialmente por el gobierno argentino en estos difíciles momentos. Los derechos políticos no se pueden otorgar y revocar al compás de las conveniencias electorales circunstanciales, ni de inexplicables compañías internacionales. Por eso mismo, el cambio que la Argentina necesita va mucho más allá de las urgencias económicas.

No habrá economía próspera ni sostenible sin un marco institucional sólido y una defensa irrestricta del Estado de Derecho.

* Dr. Jorge R. Enríquez, Exdiputado nacional – Presidente de la Asociación Civil JUSTA CAUSA
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