La otra elección que viene e inquieta en el poder de Mendoza
Pasó la maratón de elecciones provinciales y el poder político está en pleno proceso de reacomodamiento. El escenario se aclara para el oficialismo y es aún confuso en la oposición. Pero no todo se termina en los cargos electivos. Antes del cambio de mando en el Poder Ejecutivo hay otra elección más restringida, donde votan solo 7 personas, pero que es trascendente para la estructura de poder y de gestión de la provincia: la presidencia de la Suprema Corte de Justicia.
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En noviembre vence el mandato de Dalmiro Garay como jefe del Tribunal, pocos días antes de que Alfredo Cornejo retorne a la gobernación; justo quien lo nombró como juez y que también lo tuvo como ministro de Gobierno. Garay podría ir por la reelección, aunque aún no lo ha dicho públicamente y al entorno de Cornejo no le desagrada esa idea por la "sinergia" que quiere mantener entre el Poder Ejecutivo, la Corte y el Ministerio Público Fiscal. La votación no será sencilla si ese es el camino elegido, pues las divisiones en la Corte se mantienen y se agudizaron en algunos casos.
Habrá, incluso, más rosca que antes. Es que se aplicará por primera vez el nuevo formato para votar al Presidente de la Corte, que exige una mayoría especial y "tres rondas" de votación. Si en las dos primeras votaciones ningún candidato logra 5 votos a su favor, en la tercera ronda se designa por mayoría simple, es decir alcanza con 4 votos. El mecanismo es al estilo cónclave y debe resolverse en un día. La facha designada es el 25 de noviembre, pocos días antes del cambio de poder en la Provincia. Esa fecha el cuarto piso de Tribunales volverá a ser el epicentro de las miradas. "La Presidencia de la Suprema Corte de Justicia será ejercida por una/un Ministro/a, elegida/o en una misma jornada, por dos tercios de los/as integrantes del Tribunal. Si luego de dos rondas de votación no se llegara a un acuerdo, en tercera ronda de votación podrá ser elegida/o por simple mayoría de votos computada sobre la totalidad de sus miembros", dice el reglamento. Garay fue elegido con dificultades cuando llegó a la Presidencia. Luego, logró una unanimidad altamente negociada.
Cambios
Quien sea elegido será el o la encargada de aplicar por completo la reforma del funcionamiento de la Corte, que entre otras cosas estipula la eliminación de las salas y el funcionamiento como colegio de jueces. La aplicación progresiva vence a fin de año y en 2024 se ejecuta por completo: todas las causas son sorteadas y se rompe con la especialización agrupada y, según la visión de algunos, con los cotos de poder por materia jurídica.
Con la ley vieja la Corte estaba dividida en salas especializadas y las causas eran divididas por área. Así, cada especialidad era abordada siempre por el mismo grupo de jueces. Ahora, se sorteará todo. "La Suprema Corte de Justicia funcionará como Colegio de Jueces/zas para el conocimiento de todas las causas jurisdiccionales que por vía de acción o recurso le sean sometidas", dice el artículo 7 de la ley, que entrará en plena vigencia.
Las causas serán abordadas por 3 jueces, pero serán sorteados aleatoriamente quiénes conformarán cada "tribunal". Solo las causas que van directamente a un pleno o plenario, esquivan el sorteo.
Esa ley fue el resultado de tensas negociaciones internas en la Corte, la Legislatura y el poder político. Es que el intento original de reforma apuntaba hacia otro lado. Y la ley fue la forma de resolver un conflicto profundo que había hacia el interior del tribunal, donde de un lado se acusaba que había una injerencia enorme de la política dentro de la Corte y, del otro, que había una especie de control direccionado en temas penales y laborales.
La tensión creció y explotó con palabras durísimas dentro de los fallos. En la Legislatura hubo repercusiones y finalmente surgió un proyecto consensuado desde la propia Corte.
La votadora
Con la elección, volverán a quedar expuestas las diferencias, pero con otros matices. El "4 a 3" que se supone garantiza el poder el mismo sector dentro de la Corte (ligado al oficialismo radical), tiene tensiones no tanto partidarias, sino en defensa de la "corporación" de Tribunales. Es lo que siente, por ejemplo, José Valerio. El juez especialista en derecho penal tiene afinidad con el oficialismo, pero tiene más trayectoria dentro de Tribunales que en la política. Por eso le molestan, aseguran, las presiones y la permeabilidad de la política. Eso no implica una rebeldía completa, pero sí dudas.
El intento de continuidad de Garay podría estar ligado a la idea de aplicar la reforma ya iniciada, pero también con la sinergia política, aún cuando hay quienes buscan desmentir la idea de dependencia. "Garay es uno de los pocos que le pone límites a Cornejo", aseguran en el oficialismo. La exposición política que hubo durante la campaña sobre la influencia de Gobierno en otros poderes puede haber hecho mella para que se tomen recaudos.
En el mismo plano de movimientos en Tribunales, Cornejo tiene el ojo puesto en el Ministerio Público Fiscal; sea con la continuidad de Alejandro Gullé o no.


