Procesaron por corrupción a exfuncionarios de Mauricio Macri
La jueza federal María Servini procesó a exfuncionarios del área de turismo del gobierno de Mauricio Macri por una presunta defraudación en la contratación de una campaña publicitaria de sitios turísticos para la Semana Santa de 2016 por más de diez millones de pesos de esa época.
El caso comenzó en 2016 cuando el cordobés Gustavo Santos se desempeñaba como ministro de Turismo y Deportes de Mauricio Macri. Ahí, se decidió a través del Consejo Federal de Turismo la realización de una campaña publicitaria en radios para promover distintos lugares turísticos para la época de Semana Santa.
El Ministerio de Turismo contrató a tres empresas de manera directa para que las mismas se encargaran de distribuir la pauta en las distintas radios. Además, en la compulsa de precios, se invitó a otras dos radios. La justicia puso el foco en que las tres empresas contratadas estaban relacionadas entre sí, por lo que para los investigadores no hubo una real competencia entre Team Media, Publicidad 10 y 80/20 Marketing & Publicidad.
Finalmente resultó adjudicada Team Media, pero el proceso para ese resultado fue tachado de irregular. A pesar de que la campaña se llevó adelante, mediante esta contratación directa se direccionó la contratación para que todo terminara en un solo lugar y funcionarios de segundas líneas fueron acusados de direccionar esa contratación.
La causa surgió a raíz de una denuncia realizada por el empresario Gonzalo Yrurtia en la Oficina Anticorrupción la que por entonces dirigía Laura Alonso.
El fiscal federal Federico Delgado imputó a distintos funcionarios de segunda línea del área de Turismo por los delitos de "negociaciones incompatibles con la función pública" e "incumplimiento de los deberes de funcionario público".
La investigación comprende al extitular del Consejo Federal de Turismo César Ovejero; el coordinador, Claudio Massetti; el secretario Alejandro Lastra; el subsecretario de Promoción Turística, Fernando García Soria; la directora de jurídicos del área, Ana Gradín y los empresarios Marcelo Rafael Barrientos y Mauricio Jörgensen.
"El vínculo y el interés por parte de los funcionarios con las firmas puede apreciarse no solo de los vínculos a través de redes sociales, sino por el hecho de las similitudes entre las planillas de precios aportadas, montos y errores de tipografía", sostuvo la jueza al dictar los procesamientos.
Los funcionarios –añade la resolución- "omitieron cumplir con sus obligaciones legales, cuando no actuaron en contra de las mismas".
Los procesamientos incluyen embargos por más de 50 millones de pesos para cada imputado.