Fiscalía de Estado pidió que se declare inconstitucional el Decreto de Suarez para tomar deuda sin autorización

Fiscalía de Estado hizo oficial lo que había anunciado: pidió que la Suprema Corte de Justicia de Mendoza declara inconstitucional el Decreto por el cual el Gobierno busca tomar deuda en pesos sin autorización legislativa. La demanda firmada por el fiscal Fernando Simón va en sintonía con el dictamen previo que había emitido antes de la emisión del Decreto.

El Gobierno busca que la provincia tome deuda en pesos por el equivalente a 81,5 millones de dólares para saldar deuda en dólares. Pero como no tiene autorización legislativa, apeló a un artículo de la ley de Administración Financiera. Según el organismo extrapoder, la operación que intenta hacer Rodolfo Suarez requiere los requisitos exigidos por la Constitución para tomar deuda, es decir la votación de dos tercios de los legisladores de la provincia. Es que no consideren que sea una reestructuración de una deuda.  "Del análisis pormenorizado de las normas se desprende que el Decreto N°2502 es una operación de crédito público que por sus características no puede ser encuadrada como reestructuración de deuda pública prevista en los términos del art. 68 de la LAF, debiendo contar con la autorización legislativa previa exigida por el art. 41 de la Constitución de Mendoza", explica la demanda. 

Por eso consideran ilegal la norma. "Al no contar con dicha autorización, es inconstitucional y debe ser declarado nulo, teniendo en cuenta además la gravedad institucional que reviste el invadir competencias de otro poder estatal...La consecuencia de no declarar la inconstitucionalidad del Decreto impugnado sería no sólo transformar en letra muerta lo dispuesto por el art. 41 de la Constitución de Mendoza, sino también desvirtuar la voluntad legislativa y permitir al Poder Ejecutivo realizar nuevas operaciones de crédito cada vez que tenga un vencimiento de deudas anteriores, sin intervención alguna de la Legislatura", agrega. Allí es donde aparece el riesgo mayor que evalúan desde Fiscalía de Estado: que haya una tácita autorización infinita para endeudarse cada vez que haya un vencimiento. 

Tercera demanda

Es la tercera demanda que ingresa a la Suprema Corte por el mismo tema. En este caso, no hay una cautelar porque, creen en Fiscalía, no es necesario. La demanda es una "acción declarativa de inconstitucionalidad", donde se pide la nulidad del Decreto Nº 2502/22. Ese Decreto es el que autoriza la emisión de bonos en pesos, es decir deuda, para luego comprar dólares y saldar los vencimientos en esa moneda que tiene la provincia. 

El Gobierno interpreta que la operación propuesta es un canje o reestructuración. Por eso apuntan a emplear las potestades que otorga la ley de Administración. Pero para fiscalía de Estado esa idea es errónea y no es una reestructuración, sino deuda nueva. "La operación dispuesta por el P.E. mediante Decreto 2502 consiste en emitir títulos públicos en pesos, para luego adquirir los dólares necesarios para pagar un vencimiento de capital del Bono PMM29. En definitiva, el único efecto de la operación es que la adquisición de moneda extranjera para pagar los vencimientos no se realizaría con fondos de la Provincia sino con los provenientes de una nueva operación de crédito. Este Bono PMM29 cuya amortización se pretende pagar, al igual que todos sus elementos (vencimientos presentes y futuros, tasa, moneda, perfil, etc.), se mantienen inalterados en su estructura; se cumple y se paga en las condiciones originales", explican desde ese organismo.

La demanda tiene 60 páginas y reproduce gran parte de los conceptos emitidos en el dictamen previo. La Corte debe abordar el tema en pleno, es decir con el análisis y el voto de los siete miembros que deberán determinar si es constitucional o no el Decreto de Suarez y, así, avalar o no esa y operaciones similares que quieran hacerse a futuro.