Mario Abed firmó el decreto de austeridad para el último año de gobierno de Rodolfo Suarez

A través del decreto 3 publicado este viernes en el Boletín Oficial el gobierno de Rodolfo Suarez dispuso una serie de medidas para "hacer más eficiente el uso de los fondos públicos". En sus considerandos explica que el objeto es "mantener el equilibrio presupuestario" y no se trata de una medida innovadora ya que todos los años de gestión firmó un decreto de estas características.

Entre otras cosas, prohíbe las designaciones, el ajuste de situación de revista o nuevos adicionales y los suplementos por subrogancias. "Prohíbase toda nueva contratación por el sistema de locaciones de servicio, de obra u honorarios determinados en horas módulo deportivo; quedando exceptuadas las renovaciones siempre que se trate del mismo sujeto, objeto e importe", adhiere el Artículo 1 y aclara que "las excepciones a las limitaciones antes expuestas deberán contar, previo a cualquier trámite, con la autorización del Gobernador y aprobación del Ministerio de Hacienda y Finanzas".

Al igual que el decreto 35 del año 2022, el artículo 9 dispone que sólo podrán tener celulares oficiales el Gobernador, los Ministros, Secretarios del Poder Ejecutivo, los Subsecretarios y Directores. La única diferencia entre el decreto firmado el año pasado y el que se publica este viernes es la firma del responsable del Ejecutivo. El año pasado lo firmó Rodolfo Suarez, pero este año el gobernador estaba de vacaciones por lo que la austeridad lleva la firma del vicegobernador Mario Abed.

Uno de los objetivos es que no se aumente el gasto por encima de la inflación. Entre otras cosas se prohíben nuevas contrataciones de personal, nuevas firmas de convenios con otras instituciones que impliquen un gasto y mayores dedicaciones horarias. Además, insisten en la baja de celulares pagados por el Estado y apuran +los trámites jubilatorios de quienes ya están en condiciones de hacerlo.

Según señalan desde el Gobierno, el objetivo de esta medida es colocar estrictos límites al incremento del gasto público y de los cargos ocupados y que sea el Ministerio de Hacienda el que esté al tanto de cada movimiento de dinero que se haga dentro del Estado, como también en los organismos descentralizados.