Kemelmajer: "Este proyecto afecta la independencia de la Justicia"

La exintegrante de la Suprema Corte de Justicia, Aída Kemelmajer, cuestionó el proyecto de Rodolfo Suarez para modificar el funcionamiento del máximo tribunal al sostener que la eliminación de salas planteadas "no es la solución porque afecta a un gran número de procesos que llegan a la Corte". Y aseguró además que, dejar de lado la especialización de los jueces a la hora de dictar sentencias como establece la ley que el Gobierno pretende discutir en la Legislatura, "disminuirá el respeto que los camaristas deben tener por los fallos de la Corte".

Consultada por MDZ, una de las voces más prestigiosas del mundo jurídico de Mendoza y que asimismo extiende su influencia al ámbito nacional, sostuvo que le faltan datos estadísticos para determinar si efectivamente existe "forum shopping" a la hora de seleccionar que jueces supremos decidirán sobre determinado tipo de causas, pero advirtió que este tipo de reforma como la que impulsa el gobierno  "afectan la independencia del poder Judicial" porque no fue consultada con los mismos jueces.  

Kemelmajer, quien desde hace tiempo viene alertando sobre de la pérdida de credibilidad de la Corte ante la opinión pública, deslizó además una mirada sobre una de los aspectos centrales de la discusión actual que atraviesa a la política y a la Justicia: la influencia del gobierno sobre algunos integrantes del tribunal.  "El Poder Ejecutivo da la imagen de tener en la Corte jueces de su confianza a quienes consulta. Esto es muy malo", dijo. 

- ¿Cómo analiza en líneas generales el proyecto de reforma de la Suprema Corte?
- No estoy de acuerdo.

- ¿Por qué? ¿No considera positiva, por ejemplo, la eliminación de las salas de la Corte y la designación ahora por sorteo de sus integrantes?
- No, por las siguientes razones. En primera medida, porque en Mendoza existe, para todas las materias (civil, penal, laboral) justicia especializada. Para cubrir esos cargos, se pasa un examen ante el consejo de la magistratura Por otro lado, en el régimen procesal existe un recurso extraordinario, que tramita ante la Suprema Corte, que se llama recurso de Casación. Este recurso sirve para determinar si los integrantes de la Cámara (de apelaciones, en lo civil, o la cámara penal o laboral) interpretó y aplicó bien la ley. O sea, es un recurso que se mueve en el terreno de la especialización. Si la sala civil de la Corte le dice a la Cámara de Apelaciones que se equivocó en la interpretación de la ley civil, se supone que es porque está más especializada que la cámara que dictó esa sentencia. Este es el presupuesto básico del curso de casación; si no fuese así, no tendría sentido esta instancia extraordinaria. Resulta que con este proyecto, los que revisan pueden no estar especializados. Esto disminuirá el respeto que los camaristas deben tener por los fallos de la Corte.
- ¿Entonces?

- Por esta razón, hasta hace algún tiempo, los jueces de la Suprema Corte se designaban conforme las necesidades del tribunal en las diversas materias. Lamentablemente, esta buena práctica se está perdiendo. La división en salas especializadas permite trabajar no solo con mayor conocimiento, sino con mayor rapidez. No es lo mismo estudiar un caso en una materia que no se maneja todos los días. Por ejemplo: a un juez que tiene antecedentes en derecho penal, le lleva mucho tiempo detectar si una hipoteca constituida por una empresa mediante un escribano cumple o no con el requisito de especialidad… Conforme la Constitución de la provincia, la Suprema Corte tramita en única instancia las acciones procesales administrativas. El resultado de estas acciones interesa al Poder Ejecutivo porque la parte demandada es el Estado. Para estas acciones estoy de acuerdo con un sorteo transparente, que impida de algún modo "elegir" al juez. Cualquier persona que acepta ser juez de la Suprema Corte sabe que si no lo hizo antes, tiene que estudiar el derecho administrativo cuyo contenido, de cualquier manera, es más limitado que el derecho penal, o el civil y comercial. Las materias que se tratan son de contenido similar: cesantías de empleados públicos, designaciones ilegítimas, etc.

- El Gobierno plantea al menos dos cambios importantes más. Algunos vinculados a aspectos administrativos de la Corte y otro regulando los fallos plenarios. ¿Los considera positivos o tiene una mirada crítica sobre ellos?

- La función administrativa de la Corte, prevista en la Constitución provincial, ha sido siempre su talón de Aquiles. Necesita personas menos burocratizadas y más especializadas en un derecho administrativo más moderno. En mi época, se designó con bastante éxito un Administrador General, gran conocedor de la Corte, que incluso propuso reformas muy importantes; me refiero al licenciado Alfredo Segura. Pero insisto: esto es un problema de las personas que ejercen estas funciones. Se necesita menos gente más capacitada. Las reformas que se proponen no implican un cambio sustancial, que es en realidad lo que se necesita. Entiendo que el Poder Ejecutivo o incluso el Poder Legislativo deberían contar con más datos, no solo estadísticos si en verdad quieren modificar positivamente la parte administrativa.
- ¿Y con respecto a las modificaciones en la forma de establecer los fallos del pleno?

- La reforma de los fallos plenarios tiene algunos puntos positivos. Por ejemplo, deja aclarado que los conflictos entre poderes deben ser resueltos por la Corte en pleno.

- ¿El proyecto del Gobierno le aporta transparencia al funcionamiento de la Corte?
- El problema de la transparencia se vincula a los procesos contra el Estado y a la declaración de inconstitucionalidad de las leyes, decretos, etcétera. Eliminar las salas no es la solución porque afecta a un gran número de procesos que llegan a la Corte y que no tienen vinculación con esos temas. Por lo demás, el sorteo que se proyecta debería ser manifiestamente transparente, con controles que pueden demorar las causas.

- ¿ La ley que se está discutiendo le puede llegar a quitar agilidad a la resolución de causas?
-Sí, por las razones que ya expuse.
- ¿Considera que existe “fórum shopping”, sobre todo en el ingreso de causas a una de las salas como sostiene el gobierno?
- No puedo responder a esta pregunta. Tendría que estudiar las sentencias dictadas en los procesos contenciosos administrativos en los últimos años.
- ¿Considera que existe un abuso de los fallos plenarios por parte de la presidencia de la Corte para favorecer al Gobierno, como denunciaron  los jueces  Mario Adaro y  Omar Palermo?
- Tampoco puedo responder porque no he seguido esas causas
-¿Este proyecto afecta la independencia de la Corte? O yendo un poco más en profundidad: ¿Considera que esta ley es un avance del gobierno para controlar a la Justicia ?  

- Este proyecto afecta la independencia porque reformas de este tipo necesitan ser consultadas a todos los miembros de la Corte. El Poder Ejecutivo da la imagen de tener en la Corte jueces de su confianza a quienes consulta. Esto es muy malo.