Sergio Massa, ante la reunión más importante de su viaje a EE.UU.

Sergio Massa consiguió en 48 horas más dólares que todo lo que el gobierno había logrado negociar hasta el lunes pasado. El ministro de Economía cerró las negociaciones con el campo y obtuvo la promesa de liquidación sojera por unos U$S 5.000 millones en septiembre. Monto que podría incrementarse unos U$S 2,000 millones más si se decide extender la vigencia del tipo de cambio exclusivo de 200 pesos por 30 días más allá de septiembre.

Además, y como adelantó este medio, Massa cerró unos U$S 3.000 millones más con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), de los cuales unos 1.800 millones llegarán este mes. Con la posibilidad para Economía de redireccionar unos U$S 1.100 millones hacia el refuerzo de las reservas en el Banco Central de la República Argentina (BCRA), sin la necesidad que ese dinero se utilice para obras públicas o destinos concretos.

Cerrados ambos acuerdos, aparentemente con resultados positivos, Massa ahora encarará una nueva y difícil negociación. Y nuevamente con alguien tan enfrentado con el oficialismo como el titular del BID, Mauricio Claver-Carone. Se trata de David Lipton, el asesor máximo para las relaciones financieras internacionales de los Estados Unidos y del gobierno de Joe Biden, al ser colaborador directo de la secretaria del Tesoro Janet Yellen.

El ministro de Economía se encontrará seguramente mañana con el funcionario clave de la administración Biden, en la que quizá sea la reunión más importante hacia el futuro de toda la gira de Massa por Washington. Lipton es quien eventualmente tenga que  recomendar, o no, al gobierno norteamericano que acepte o rechace nuevamente un plan de contingencia de ayuda a la Argentina. Que eventualmente incluya la recomendación al Board del Fondo para que modifique las metas pactadas en el acuerdo de Facilidades Extendidas firmado el 25 de marzo pasado; y que, ya se sabe, el país no podrá cumplir.

Como Estados Unidos es el integrante más importante del directorio con un 17% de las acciones (y la influencia general e histórica sobre el voto de países como Japón, Canadá y el bloque europeo), sólo con una recomendación o pedido de Biden al directorio el FMI podría aceptar renegociar el Facilidades Extendidas.

Así, y como si fuera una novela de enredos, Lipton vuelve a cruzarse con los destinos económicos del país. Y no es una situación cómoda para ninguna de las dos partes. La intención del Gobierno de avanzar en acusaciones serias y directas por la responsabilidad de los funcionarios argentinos y los las autoridades del FMI que firmaron el stand by de 2018, tienen a Lipton como protagonista fundamental.

Si la causa avanzara el entonces número dos del organismo tendría que dar explicaciones sobre su intervención en la aprobación crítica que tuvo en aquellos tiempos. Lipton, militante demócrata, dejó su cargo de subdirector gerente en el FMI el febrero del año pasado. Lo llamó Yellen para que continuara con tareas en Washington, en este caso como asesor directo de la Secretaría del Tesoro en temas vinculados a la presencia de los EE.UU. en los organismos financieros internacionales, incluyendo el FMI, el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Club de París.

La última vez que el economista tocó algún tema donde estaba involucrado el país, no fue una buena experiencia. En agosto de 2018, Macri enfrentaba una corrida cambiaria, con reservas más que débiles en el BCRA. El Gobierno de entonces realizó un pedido oficial para que los dineros provenientes desde Washington ayudaran a la entidad a enfrentar la embestida.

El pedido se enfrentó con la negativa radical Lipton, porque vulneraba el artículo VI de la carta orgánica del FMI. Macri entonces llamó a Trump, quien a través de su secretario del Tesoro, Steven Mnuchin, hizo que Lipton finalmente aceptara y firmara el permiso para que el país dispusiera de unos u$s6.000 M para contener eventuales corridas.

Curiosamente, la figura de Lipton se cruza con otra avanzada ideológica del oficialismo de los últimos tiempos. Se trata de la causa por "administración fraudulenta" contra el gobierno de Mauricio Macri por el Strand By firmado durante la gestión de Mauricio Macri en 2018. Y donde el asesor de Yellen tuvo una participación fundamental al ser el funcionario del organismo (era su número dos) que finalmente autorizó la alternativa de utilizar parte del dinero prestado por el organismo financiero internacional, y la posibilidad de utilizarlo para ejecutar política cambiaria.

Los hechos que el gobierno de Alberto Fernández planteó ante la justicia son tres. El primero son los lapsos que transcurren entre mayo y junio de 2019 y julio y septiembre de ese año; cuando se negociaron los términos de los dos Stand By. El primero caído a sólo dos meses de vigencia, y el segundo el que llega a estos días y que completa los u$s44.800 millones que se le deben al FMI. De un total de u$s 55.450 millones generales que el organismo se comprometió a enviar a la Argentina.

La sospecha oficial es que Mauricio Macri impulsó estos acuerdos a sabiendas (especialmente el primero), que eran de imposible cumplimiento en el tiempo; generando un nivel de pasivos financieros que hoy deben ser renegociados con el FMI.

Deberá esforzarse el Gobierno en encontrar hechos penales que habiliten una causa de malversación de fondos o mal desempeño de deberes de funcionarios públicos, en hechos donde se desprenden malas decisiones con pésimos finales. Pero, en principio, sin una sensación delictual.

El segundo hecho que investigará el oficialismo, será la decisión de Mauricio Macri de no enviar ambos acuerdos al Congreso Nacional. Se sabe que la intención que impulsa Martín Guzmán, es que la negociación actual con el FMI derive en un tratado con el organismo que sea aprobado por ambas cámaras legislativas; para darle volumen político al potencial acuerdo. Sin embargo, y tradicionalmente, los acuerdos con el FMI nunca pasaron por el Congreso. Y el aval legislativo llega luego con la aprobación anual de los presupuestos.

De hecho, ni el acuerdo del 2003 al que llegó el gobierno de Néstor Kirchner con el organismo o la decisión de enero de 2006 de liquidar la deuda residual de u$s9.810 millones con el FMI pasaron por el Congreso.

Finalmente, la tercera acusación será la más importante. Implica la autorización del FMI de violentar el artículo VI del Acta Constitutiva del organismo, cuyo primer párrafo dispone que “ningún miembro podrá utilizar los recursos generales del Fondo, para hacer frente a una salida considerable o continua de capital”.

Concretamente, en mayo de 2019 y por presiones directas del entonces presidente de los Estados Unidos Donald Trump, Lagarde avaló violentar ese artículo IV y autorizar que Mauricio Macri utilice unos u$s9.000 millones para ejecutar política cambiaria. Dicho de otra manera, vender dólares para aumentar la oferta y así controlar el valor del dólar; con la intención confesa de ayudar al argentino en su reelección.

El blanqueo de la situación vino de parte del norteamericano Mauricio Claver-Carone, el titular del BID, y en aquellos días del 2019 representante de EE.UU. en el board del organismo financiero. Y forma parte del contenido de la investigación interna del FMI.

Seguramente, al compas de las nuevas buenas vibras que existen ahora entre Argentina, el BID y Lipton (gracias a Massa), el kirchnerismo deberá resolver como congela