Obra pública: Cristina Fernández de Kirchner cierra los alegatos de su defensa

Ayer lo anunció por las redes sociales, donde estuvo activa toda la semana publicando fragmentos de la exposición de sus abogados. Ya había sido autorizada a hablar. Desde las 11 de la mañana a través de la plataforma Zoom, ante el Tribunal Oral Federal 2 integrado por los jueces Jorge Gorini, Andres Basso y Rodrigo Gimenez Uriburu, Cristina Fernández de Kirchner ejercerá su propia defensa de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 104 del CPPN en el juicio por un presunto direccionamiento de las obras públicas a las empresas de Lázaro Báez en Santa Cruz.

No es la primera vez que ocurre una situación así ya que en el juicio por las coimas en el Senado, el expresidente Fernando de la Rúa también actuó como abogado en causa propia.

Se espera que a las 9:30 cuando retome el juicio, el abogado Carlos Beraldi concluya con su defensa técnica para luego dar paso a la exposición de la vicepresidenta para que aproximadamente durante dos horas haga un alegato con más tinte político. De este modo concluirán las tres audiencias dispuestas por el tribunal y continuará el lunes con la defensa de Lázaro Báez encabezada por el abogado Juan Villanueva.

En la audiencia del martes pasado Beraldi sostuvo que había aparecido un nuevo giro de la acusación donde se introdujeron hechos de los que no se habló en el requerimiento de elevación y durante el juicio. Según el abogado lo que hizo la fiscalía “se trató de un intento desesperado de tratar de darle nueva vida a la acusación de asociación ilícita que había recibido una partida de defunción”.

En relación al tema del apagón informativo manifestó que fueron precisos y contundentes de cómo “se había falseado”.

Así llegó al punto que había quedado pendiente en la primera audiencia y que refería al “Plan limpiar todo”. Fue entonces que la defensa de la vicepresidenta sostuvo que se fue a buscar a otros expedientes prueba para develar la verdad y la fiscalía trajo una pericia sobre el teléfono de José López de una causa donde terminó condenado y esa pericia finalmente se incorporó al debate con una resolución al fin del proceso. “Hicimos observaciones de que este procedimiento no era correcto. Nos enteramos en el alegato y que le iba a dar la importancia poniéndole título rimbombante”. 

Así se preguntó y respondió sobre que surgió de allí: “26 mil mensajes y ellos seleccionan algunos. 4 o 5 en los que pretenden sostener que hubo intenciones de llevar a cabo un proceso donde se borraran las pruebas y se le dieran a Báez recursos financieros y sobre esa base permitir que Báez se robara toda la plata”.

En este punto dijo que “esto va a fracasar máxime si se pretende acusar a Cristina. El punto más cercano es hay un mensaje donde hablan de una reunión. Tratan de construir un relato y la manera hay que construir con viveza y la tienen. Si los mensajes dicen poco construyamos una historia para hacerlos creíbles”, remató.

En ese contexto aseguró que había que conseguir el dato de que Cristina iba a ir a Santa Cruz y reunirse con Báez, “hicieron Bingo, tenían el mensaje, una noticia que decía que ese día la presidenta iba a Santa Cruz y lógicamente presumamos todo, se iba a reunir con Báez”.

Beraldi dijo al Tribunal que la noticia no era del 30 de noviembre sino del día anterior “y lo publicó La Nación, me llama la atención que no hayan leído a La Nación, se les cae la trama y los deja en una posición vergonzosa, de esto no se vuelve señores jueces”, manifestó criticando a la fiscalía. 

El abogado continuó analizando este punto y dijo el día lunes 30 de noviembre la entonces presidenta “había viajado a Río Negro donde encabezó actos públicos”. Mostró el discurso que dio aquel día a fin de desmentir que Lázaro Báez se haya reunido con Cristina Fernández de Kirchner ese día.

Recordemos que cuando los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola finalizaron sus alegatos manifestaron que lo que se ventila en este juicio se trata de “la mayor maniobra de corrupción que se haya conocido en el país”. Solicitaron así que se condene a Cristina Fernández a la pena de 12 años de prisión, inhabilitación especial perpetua para el ejercicio de cargos públicos, accesorias legales y costas, en orden a los delitos de asociación ilícita agravada por su calidad de jefa y administración fraudulenta agravada haber sido cometida en perjuicio de una administración pública.

En el juicio se debate según el requerimiento fiscal que se leyó durante varias jornadas cuando inició el juicio en mayo de 2019, “la maniobra delictiva llevada a cabo entre 2003 y 2015 por parte de una asociación ilícita, que tuvo por finalidad sustraer y apoderarse de fondos públicos a través de un plan criminal que derivó en una defraudación al Estado Nacional a través de la obra pública vial adjudicada a la provincia de Santa Cruz, por medio de la asignación discrecional de prácticamente el 80% de las obras viales adjudicadas en favor de las empresas de Lázaro Antonio Báez, lo que representó la contratación del Estado por más de 46 mil millones de pesos”.