En un clima muy tenso, el Gobierno apura los cambios en la Corte

Salvo un milagro político que debería producirse entre lunes y martes, el oficialismo se apresta para imponer su voluntad el miércoles en la Cámara de Diputados y votar así el proyecto de reforma del funcionamiento de la Suprema Corte de Justicia.

No existen ya demasiadas alternativas para que los cambios que se hacen necesarios en el máximo órgano judicial de la provincia (para terminar, por ejemplo, con la elección que se viene haciendo de determinados jueces para determinadas causas) se generen por consenso y que, además, el peronismo pueda introducir modificaciones a la iniciativa oficial.

Existieron en los últimos días contactos de todo tipo entre legisladores de Cambia Mendoza y del Frente de Todos y, a su vez, entre funcionarios y los jueces que rechazan el proyecto para intentar acordar una salida. Pero todo este tipo de negociaciones que se encararon son en vano: el único camino de arreglo posible pasa por los propios integrantes de la Corte y que ellos logren ponerse de acuerdo acerca de la manera de terminar con el “forum shopping” y otras cuestiones vinculadas al gobierno del tribunal. Y que ese arreglo, se termine de cristalizar en la Legislatura.

Que esto suceda, hoy, aparece como un imposible. Y por varios motivos. El primero es que el presidente del tribunal, Dalmiro Garay, guardó en un cajón el proyecto tal cual fue presentado, le puso un cerrojo y tiró la llave lejos como para no volver a abrirlo. Garay les achaca a Mario Adaro y a Omar Palermo que durante los últimos cinco meses, desde la apertura del año judicial al menos, viene intentando consensuar una solución al problema de la Sala 2 y que a cambio todo lo que recibió fueron evasivas. Garay entiende que lo tensaron todo lo que pudieron y que ahora ya no hay marcha atrás.

Esto explica, quizás, el motivo por el que no prosperó lo que en algún momento fue asunto de debate interno de la Corte. Garay había avanzado con una idea de establecer cambios progresivos pero, ante las dilaciones, finalmente se terminó imponiendo el criterio de José Valerio de ir por todo. Es decir: no modificar únicamente el funcionamiento de la Sala en cuestión para las Acciones Penales Administrativas, sino apuntar también a las demandas penales y laborales, sortear a los jueces, eliminar las salas, cambiar el Gobierno de la Corte y, como embestida final, regular también la forma en que a futuro se dictarán los fallos plenarios.

Sin embargo, más allá de la molestia de Garay por el intento fallido de sacar un proyecto acordado, no hay que perder de vista el hilo conductor de la movida oficial que aleja aún más la posibilidad de un acuerdo. Si, como se dijo, el 75% de la totalidad de las causas que ingresan a la Corte lo hacen a través de la Sala 2 y, a su vez, Adaro y Palermo mediante sus sentencias son los que están marcando el camino en los fueros laboral y penal porque imponen su criterio en esa sala; en definitiva, entiende el Gobierno, estos dos jueces son los que están definiendo los criterios de la Corte, como consecuencia el de los jueces inferiores y en definitiva el criterio de la Justicia en Mendoza.

La discusión, entonces, no es entre jueces filoperonistas y filoradicales por la manera en que se debería solucionar el problema real y que existe como el forum shopping. La pelea es por los criterios en que se están definiendo las causas y, sobre todo, las de materia penal. O dicho de otra forma: la batalla de fondo es de Alfredo Cornejo con Omar Palermo y todo lo que este representa para el exgobernador y para el Gobierno.

Mucho de esto ya se ha visto esta última semana y algo más se verá en los próximos días. Palermo mantuvo una serie de contactos con el subsecretario de Justicia, Marcelo D Agostino, en donde se barajó la posibilidad de que se modifique el artículo de la ley referido a los cambios en el Gobierno de la Corte. Pero el funcionario se mostró inflexible al momento de discutir el fin de la especialización de los magistrados supremos. “¡Me quieren convertir en un juez de faltas! Yo de ninguna manera voy a firmar mi sentencia de muerte como juez”, le soltó Palermo al subsecretario.

Quien sin dudas es uno de los magistrados de mayor prestigio del tribunal estará el martes en la comisión de Legislación y Asuntos Constitucionales de Diputados para dar su opinión del proyecto. Se presentará junto a Adaro. Este último se encargará de tratar de convencer a los legisladores de que el plan del Gobierno no derivará en un mejor servicio de Justicia, más allá de que comparte el criterio de que los jueces deberían ser sorteados hacia adelante para evitar que los elijan.

Pero Palermo transitará otro camino, si se quiere, más político. Hablará de la eliminación de la famosa Cámara de Apelaciones, de cómo fueron cuestionadas sus sentencias por un Gobierno que siempre le objetó su garantismo y estuvo analizando si avanzar de manera más directa con lo que ya deslizó en diversas entrevistas que dio en los últimos días. Palermo denuncia que existe un línea de presión directa de Cornejo sobre Garay en el devenir cotidiano y que, en definitiva, lo que pretende el proyecto no es otra cosa que el control total del Poder Judicial a manos del Poder Ejecutivo.

Y apunta a que ese control no está direccionado hacia el debate de “mano dura” contra “mano blanda” al momento de las sentencias penales. Sino que lo que se esconde es el objetivo de lograr cobertura judicial en cuanto de denuncias de corrupción se trata. “Vos querés eliminar la especialidad justo que yo fui a estudiar corrupción a Alemania”, fue otra de las afirmaciones del juez hacia D'Agostino en ese contacto que mantuvieron.

De otro lado, la liviandad de Rodolfo Suarez para defender una ley que no motorizó y la desaparición del ministro de Gobierno, Víctor Ibañez, a la hora de subirse a la ola reformista, no hacen otra cosa que exponer un clima interno. Un dato que podría complicar la estrategia de Cambia Mendoza en Diputados: el plan es que la reforma se discuta el miércoles en el recinto y que, como paso previo, el martes luego de escuchar a los últimos expositores, el proyecto obtenga despacho de comisión.

Para ello necesita de al menos siete votos que, por ahora, todavía estaban difusos por las dudas del PRO. Ya es un clásico a esta altura: los radicales avanzaron con los cambios en la Corte sin consultar a su aliado más importante y eso generó el malestar de Omar De Marchi por el detalle de sentir que otra vez lo arriaron. Y además, a De Marchi no le termina de cuadrar del todo esta ley en discusión. 

Por lo pronto, el socio mayoritario no está de acuerdo con un tratamiento express del proyecto y podría plantearlo así a la hora de definir con tres votos propios en contra, cuando el Gobierno busque apurar el tratamiento.