Comienzan los alegatos de la defensa de Cristina Fernández de Kirchner: cuándo hablará la vicepresidenta

Cuando el Tribunal Oral Federal 2 organizó el cronograma de audiencias para los alegatos de las defensas en el juicio conocido como Obra Pública o Vialidad, donde se investiga el presunto direccionamiento de obra pública en favor de Austral Construcciones, que tiene como principal imputada a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner y miembros de su gabinete durante sus gobiernos, además del empresario santacruceño Lázaro Báez, por orden alfabético la ubicó en el sexto lugar. Los jueces Jorge Gorini, Andrés Basso y Rodrigo Giménez Uriburu les dieron 3 audiencias aunque algunas defensas optaron por hacerlo en una, o en el caso de Julio De Vido cuyos abogados utilizaron dos para exponer. 

Mañana a las 8 de la mañana, los abogados Carlos Beraldi y Ary Llernovoy comenzarán con su exposición a través de Zoom y el día viernes está previsto que haga uso de la palabra “como abogada en defensa propia” la vicepresidenta, aunque aún no hubo un pedido al TOF. 

Todo esto se da en medio de semanas turbulentas tras el intento de homicidio ocurrido el pasado 1 de septiembre, cuyo expediente está en pleno trámite con cuatro personas detenidas y dos de los cuales -Fernando Sabag Montiel y Brenda Uliarte- ya se encuentran procesados con prisión preventiva. Investigación de la que ahora forma parte Cristina Fernández de Kirchner como querellante. 

Recordemos que cuando los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola finalizaron sus alegatos manifestaron que lo que se ventila en este juicio se trata de “la mayor maniobra de corrupción que se haya conocido en el país”. Tras ello solicitaron que se condene a Cristina Kirchner a la pena de 12 años de prisión, inhabilitación especial perpetua para el ejercicio de cargos públicos, accesorias legales y costas, en orden a los delitos de asociación ilícita agravada por su calidad de jefa y administración fraudulenta agravada por haber sido cometida en perjuicio de una administración pública.

Al finalizar, algunas defensas pidieron la palabra. Fue entonces que el abogado de Cristina Fernández de Kirchner, Carlos Beraldi, solicitó formalmente que su asistida pudiera ampliar su declaración indagatoria en una audiencia a celebrarse al día siguiente.

Beraldi sostuvo que la vicepresidenta quería responder aquellas cuestiones que se introdujeron en el debate y que no habían sido consideradas en el requerimiento de elevación a juicio efectuado por los fiscales Gerardo Pollicita e Ignacio Mahiques, como los mensajes extraídos del teléfono celular de José López, el plan “limpiar todo” o lo que se enunció como “el apagón informativo al Congreso”.

Esa petición fue rechazada y la defensa repuso la solicitud por considerar que resultaba “imprescindible que se escuche a la doctora Kirchner”, lo cual fue nuevamente desestimado in limine.

Aquella decisión de no hacer lugar al planteo y el pase a un cuarto intermedio generó un fuerte enojo de la vicepresidenta que adelantó que a través de sus redes demostraría “por qué me están prohibiendo hablar en el juicio después del obsceno guion que montaron los fiscales”. Ese mismo 22 de agosto escribió en sus redes: “Si algo faltaba para confirmar que no estoy ante un tribunal de la Constitución, sino ante un pelotón de fusilamiento mediático-judicial, es impedirme el ejercicio del derecho de defensa ante cuestiones".

De este modo anunció que hablaría y así lo hizo desde su despacho en el Senado, algo que fue retransmitido por todos los medios. Las repercusiones no tardaron en llegar y desde distintas asociaciones judiciales cuestionaron las palabras de la vice y el presidente Alberto Fernández, que en una entrevista comparó al fiscal Luciani con Nisman.

Con ese telón de fondo es que decidió hacer uso de la palabra como abogada en causa propia en la última jornada de alegatos. Mientras Beraldi y Llernovoy harán una defensa técnica tratando de desmoronar todos los argumentos de los fiscales que dieron por probado que “entre los años 2003 y 2015 funcionó una asociación ilícita piramidal que tuvo en la cúspide a quienes se desempeñaron como jefes de Estado”, se espera que Cristina cierre el 23 de septiembre con un alegato más político donde vuelva a referirse a una persecución política en su contra y una causa “armada”.

Utilizando las redes el pasado 24 de agosto la vicepresidenta ya había dicho: “Tres toneladas de pruebas”: Clarín y los fiscales Luciani y Mola deben dejar de mirar Netflix. Agarren la Constitución, los libros de derecho administrativo y el código penal y procesal, que no muerden”, en clara alusión a los alegatos donde habían solicitado su condena a 12 años, a los que le da el significado por los 12 años de kirchnerismo.

En el juicio se debate según el requerimiento fiscal que se leyó durante varias jornadas cuando inició el juicio en mayo de 2019, “la maniobra delictiva llevada a cabo entre 2003 y 2015 por parte de una asociación ilícita, que tuvo por finalidad sustraer y apoderarse de fondos públicos a través de un plan criminal que derivó en una defraudación al Estado Nacional a través de la obra pública vial adjudicada a la provincia de Santa Cruz, por medio de la asignación discrecional de prácticamente el 80% de las obras viales adjudicadas en favor de las empresas de Lázaro Antonio Báez, lo que representó la contratación del Estado por más de 46 mil millones de pesos”.

Se descarta que será una semana caliente, y luego de finalizado el alegato de la defensa de Cristina Fernández de Kirchner será el turno de la de Lázaro Báez, encabezada por el abogado Juan Villanueva, ubicado séptimo entre los trece imputados que tiene el juicio.