Se define el decreto que favorece un importante negocio de La Cámpora

El negocio aerocomercial puede sufrir en los próximos días un cambio profundo que provocaría menor competencia, a favor de Aerolíneas Argentinas, y la suba del precio de los pasajes. Esto se debe a que el Gobierno nacional debe decidir si comienza a regir el decreto 879/21 que establece nuevas reglas de juego tanto para el mercado de cabotaje como el internacional.

La medida publicada en el Boletín Oficial, en diciembre pasado, suma una serie de regulaciones que las empresas privadas denunciaron como una forma de beneficiar a Aerolíneas Argentinas. Esta sería la estrategia de la conducción actual de la línea de bandera que responde a la agrupación La Cámpora que conduce Máximo Kirchner.

Según el decreto, el plazo para decidir su entrada en vigencia o no termina esta semana por lo que en las empresas privadas están a la espera de una definición.

La norma motivó, a comienzos de año, una presentación judicial por parte de compañías de low cost, como Flybondi, para frenar su puesta en marcha. Hasta el momento no hubo señales desde el juzgado a cargo respecto a si impedirá la entrada en vigencia del decreto o fallará a favor de la medida oficial.

Como sucede en otras áreas del Gobierno nacional, hasta hace unas semanas no había una posición unánime sobre la necesidad de la medida. Por un lado, desde los organismos que regulan la actividad no estarían de acuerdo en su implementación por el efecto negativo que tendría para los usuarios. Sin embargo, por parte del kirchnerismo más duro se presionó para que se aplique tal como fue establecido.

El eje del cuestionamiento está centrado en dos puntos de la norma. Por un lado, la aplicación de bandas tarifarias mínimas. Por otro, en la forma de asignación de las rutas internacionales.

En el primer caso, se busca regular las tarifas aéreas poniéndole un piso al valor de los pasajes, en beneficio de la compañía estatal.

En el caso de los vuelos internacionales, el decreto establece que se asignarán nuevas rutas luego de una consulta a Aerolíneas Argentinas para que determine si está en condiciones de cubrirla. Esto es un privilegio que se le otorga a la compañía estatal y una regulación de la competencia.

En el caso de la banda tarifaria, depende del nivel de precio en la que se ubique puede significar un aumento de los precios. Este sería el caso de un piso alto. En la práctica, una decisión de este tipo iría en contra de otras políticas del Gobierno nacional de aplicar precios máximos. Se convertiría, curiosamente, en una política de “precios mínimos”. Además, funcionaría como una “cartelización” forzada del mercado ya que obligaría a todas las empresas a poner un precio mínimo de referencia.

Desde el inicio del Gobierno de Alberto Fernández, la compañía estatal volvió a ser controlada por la agrupación La Cámpora. El mal manejo de la empresa genera un fuerte déficit que es cubierto con subsidios. Solo en 2021, el Estado giró más de $63.000 millones para compensar las pérdidas de la compañía. Con precios mínimos altos, se buscaría cubrir parte de ese desequilibrio y engrosar la “caja” del sector que controla a la empresa.

En el caso de las low cost, como JetSmart y Flybondi, llegan a ofrecer tarifas hasta 50% más bajas que Aerolíneas Argentinas para el mismo destino. Pese al valor más bajo, las compañías son rentables.

Según la presentación judicial de Flybondi, realizada el 22 de febrero, la decisión del Poder Ejecutivo tiene como consecuencia “alterar radicalmente aspectos centrales de la regulación del transporte aerocomercial avasallando normas de jerarquía legislativa imponiendo un retroceso a políticas ya superadas y contraria.

Un análisis de la evolución de esta medida a lo largo del tiempo, elaborado por la Bolsa de Comercio de Córdoba, muestra una relación negativa entre el valor real de la banda mínima (deflactada en pesos) y la cantidad de pasajeros que acceden al mercado de cabotaje en la Argentina.

Según el informe se comprueba que a medida que bajó en términos reales el valor de la banda tarifaria mínima, entre 2003 y 2019, creció la cantidad de pasajeros anuales de cabotaje.

El estudio define diferentes escenarios que pueden presentarse según el valor en que se fije las bandas tarifarias a partir de junio, fecha de entrada en vigencia del decreto 879/21. En el peor de ellos, se prevé un derrumbe de la cantidad de pasajeros que podrán volar.

El primero es el ideal para los consumidores. Se descarta la regulación y el mercado aéreo argentino contaría con 19,2 millones de pasajeros anuales en cabotaje.

El segundo prevé una no actualización de la banda tarifaria. Por año viajarían entre 18,2 millones y 18,4 millones de personas dentro del país.

Para el tercero se proyecta una actualización por inflación de la banda vigente al cierre de 2021, y derivaría en 17,7 millones a 17,9 millones de pasajeros anuales de cabotaje.

En cualquiera de estos tres escenarios, se alcanzaría un nuevo récord de acceso de argentinos a vuelos de cabotaje. El resto de los escenarios muestra el impacto negativo que tendría instaurar mayores bandas tarifarias.

Si las bandas mínimas retornaran a niveles de diciembre de 2015 - $10 mil a valores de abril de 2022 - se estima que habría 8,1 millones de pasajeros de cabotaje por año, pero con un grado de incertidumbre elevado. Según las proyecciones de la Bolsa cordobesa, la cifra podría variar en alrededor de 1 millón de pasajeros por encima o debajo de esa referencia. Esto sería la mitad de las proyecciones de los otros escenarios.

El peor escenario – dice el estudio de la entidad cordobesa - sería si la banda mínima alcanzara valores reales similares a los de fines de 2014 ($13 mil a precios de abril de 2022). Entonces serían 5,2 millones los pasajeros de cabotaje por año, con una máxima de 6,4 millones y un piso de 3 millones. Es decir, el mercado se achicaría entre 3 y 6 veces.

Todavía no se sabe cuál va a ser el nivel de la banda tarifaria que se implemente, pero en el sector aerocomercial hay preocupación por las señales que envían las autoridades. Por ejemplo, se solicitó a las empresas que informaran su estructura de costos y en la norma se habla de “precios razonables”.