El "Gobierno" de la Corte, la clave de la reforma que genera tensión y que el oficialismo podría negociar

El oficialismo creía tener asegurada la sanción de la reforma de la Suprema Corte, que propone un cambio radical en el funcionamiento de ese tribunal. En el camino aparecieron objeciones obvias de parte de la oposición, pero también de aliados, así como de la propia Justicia. Por eso dieron algunas señales para tratar de lograr un marco de acuerdo mayor: el proyecto “está abierto” para incluir modificaciones que aseguren un respaldo mayor, aunque no está claro cuál es el límite de lo negociable. Las sugerencias podrían venir desde la Legislatura y, sobre todo, desde la propia Corte.

Para el gobierno hay algunos aspectos intangibles a la ley. Entre ellos es el sorteo de las causas, la participación del Presidente en temas jurisdiccionales y que sea el pleno de la Corte quien resuelva las causas de inconstitucionalidad. La clave para relajar tensiones tiene que ver con algo mucho menos trascendente puertas afuera, pero relevante hacia adentro del palacio de justicia. Se trata del “gobierno”; de la gestión de Tribunales. Justamente lo que más tensión generó es que el modelo de gestión planteado en la reforma empodera más al presidente y le da “al oficialismo” el control total. Designación de personal, integración del Consejo de la Magistratura, orden de prioridades, vínculos con los otros poderes. Esos son algunos de los temas que están relacionados con la disputa. 

Los autores y defensores del proyecto aclaran que es un punto a dialogar para garantizar “pluralidad” en las decisiones que se tomen; es decir que haya más miradas sobre el día a día de la administración de la justicia. Allí puede estar la clave para lograr un acuerdo  mayor. Hoy Tribunales la conduce la Sala Administrativa, que es liderada por el Presidente de la Corte, pero tiene una integración rotativa porque está conformada por los presidentes de las salas 1 y 2 (que se renuevan anualmente). El proyecto propone que haya dos vicepresidentes elegidos por mayoría de la Corte y que sean ellos quienes acompañen al titular de la Corte  en la sala administrativa. Así, quien conduzca el cuerpo tendría potestades casi absolutas para la gestión.

“Hasta ahora hay un sistema que no funciona muy bien, pero es plural y democrático. Yo no soy parte del bloque hegemónico de la Corte pero formaría parte del “gobierno” por un año. Eso no sería más posible si se aprueba el proyecto porque  el gobierno quedaría en manos de un solo sector. La sala Administrativa va  a ser concentrada y el resto queda afuera. Va a faltar nuestra mirada en el gobierno de la Corte. Es algo importante y es político”, dijo Omar Palermo en MDZ Radio. “Quien tiene el gobierno del poder judicial tiene el poder de decisión sobre quien ingresa, a dónde ingresa, qué perfil tiene, quién va a representar. Habría un solo sector y políticamente es inadmisible y Mendoza no lo tolera. Tenemos otra tradición. Que la Corte es un tribunal político no se puede discutir, pero no en este sentido. Tenemos que hacer un esfuerzo todos los colegas para revertir eso”, agregó.

En lo jurisdiccional la disputa está en si se va abandonan las salas y se colegia la Corte para que todos los jueces aborden todas las causas; en la participación del Presidente y la convocatoria obligatoria a pleno cuando se aborden temas relacionados con la constitucionalidad de las normas y la disputa de poderes. Además, las amplias posibilidades que se otorgan para llamar a que los 7 jueces se aboquen a cualquier causa. Desde lo político y administrativo, se crean cargos con alto poder, como el Administrador General (que estará bajo el control del Presidente) y los dos secretarios. Los relatores tendrían más relevancia y los gestores (Sala Administrativa)  serían elegidos por votación.

El diálogo abierto comienza mañana y desde Cambia Mendoza aseguran que esperan las sugerencias del PJ para agregarle modificaciones. No serían solo de ellos las ideas, pues el Pro también marcó algunas dudas. Los encargados de negociar son Marcelo D'agostino de parte del Ejecutivo, Andrés Lombardi y Natacha Eisenchlas en la Legislatura y la incógnita es quién tendrá un gesto de humildad en la Corte para que los 7 se reúnan. Aunque están obligados a hacerlo y solían reunirse todos los viernes, es una rara excepción verlos trabajar juntos. Las tensiones políticas pueden más que sus obligaciones.