Se reanuda el juicio contra Cristina Fernández de Kirchner con los alegatos de la defensa de Julio De Vido
Mientras el foco de la opinión pública está puesto en la causa que investiga el intento de homicidio contra la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, que tiene como principales imputados a Fernando Sabag Montiel y a su novia Brenda Uliarte, detenidos actualmente en sedes policiales a la espera de la resolución judicial que llegaría esta semana con sus procesamientos, en los tribunales federales continúa la etapa de alegatos en el juicio por el direccionamiento de la obra pública. Este lunes se reanudará el juicio y será el turno de la defensa de Julio De Vido.
La semana pasada fueron tres defensas las que expusieron. El lunes 5 de septiembre, el abogado Mariano Fragueiro Frías, defensor de Héctor Garro, exfuncionario de Vialidad de Santa Cruz, estuvo presente en los estrados del tribunal y aseguró que la fiscalía "violó la Constitución" al mantener la acusación sobre hechos ya juzgados. De este modo solicitó la absolución de su asistido.
Asimismo sostuvo que los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola hicieron abuso de "falacias circulares" al "afirmar cuestiones que son absolutamente inexistentes y que de ningún modo pueden alcanzar a nuestro defendido”.
El martes 6, la defensa del exfuncionario de Vialidad Nacional con funciones en Santa Cruz desde 2008 a 2016, Mauricio Collareda, pidió su absolución y negó que el también acusado, Lázaro Báez, haya tenido "injerencia" en decisiones del organismo.
"Es escandaloso e inaceptable" el pedido de seis años de prisión de la fiscalía para Collareda, exresponsable del distrito 23, Santa Cruz, de Vialidad Nacional, sostuvo su defensor oficial Luis Alonso Martínez en el alegato, a la vez que negó que el exfuncionario haya sido amigo del dueño de Austral Construcciones y sostuvo que la maniobra que se analiza en el juicio "no está probada".
Finalmente, el viernes pasado el abogado Mario Ganora, quien hizo una exposición técnica pero también se refirió en términos históricos a la corrupción, aseguró que el exresponsable del distrito 23 "Santa Cruz" de Vialidad Nacional, Raúl Daruich Daruich, "no tuvo en ningún momento la posibilidad de tener a su cargo el manejo de la administración o cuidado de bienes" desde su puesto, en el que se desempeñó durante poco más de un año.
En su alegato dijo: "Hay algo que es la peor forma de corrupción, que es condenar a un inocente", así reclamó la absolución y pidió al TOF 2 que en caso de condena ésta sea de ejecución condicional y no efectiva.
Este lunes a las 9.30, el Tribunal Oral Federal 2 comenzará a escuchar a la defensa del arquitecto Julio De Vido, exministro de Planificación Federal representado por los abogados Maximiliano Rusconi y Gabriel Palmeiro, quienes en su momento adhirieron al planteo de recusación efectuado por la defensa de Cristina Fernández de Kirchner contra los fiscales y uno de los jueces del TOF. La fiscalía solicitó para el exfuncionario 10 años de prisión.
Se espera que expongan al menos durante dos audiencias -lunes y martes- para luego dar paso a la defensa de Abel Fatala, exsubsecretario de Obra Pública que utilizaría en principio una audiencia, por lo que todo hace prever que el lunes 19 comenzarán los alegatos de la defensa de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, encabezada por Carlos Beraldi y Ary Llernovoy.
Lo que se debate en el juicio oral
En diciembre de 2017, los fiscales Gerardo Pollicita e Ignacio Mahiques al solicitar la elevación a juicio dieron por acreditada una maniobra delictiva llevada a cabo “entre 2003 y 2015 por parte de una asociación ilícita, que tuvo por finalidad sustraer y apoderarse de fondos públicos a través de un plan criminal que derivó en una defraudación al Estado Nacional a través de la obra pública vial adjudicada a la provincia de Santa Cruz y distintas maniobras de lavado de dinero con el objeto de enriquecer a la familia Kirchner”.
En tanto dieron por probada también la intervención de los distintos imputados que permitieron lograr con éxito tal finalidad delictiva, partiendo de “quien la dirigió y sostuvo en el tiempo, Cristina Fernández de Kirchner, pasando por quienes tenían a su cargo la administración de los fondos estatales destinados a la obra pública vial y los direccionaron hacia Lázaro Báez, tanto desde el Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios -Julio Miguel De Vido, José Francisco López, Carlos Kirchner, Nelson Periotti (entre otros)- para culminar en el individuo que fue escogido como destinatario del enriquecimiento, el amigo personal y socio comercial de Néstor y Cristina Kirchner, Lázaro Antonio Báez”.
Los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola pidieron una condena a 12 años de prisión para Cristina Fernández de Kirchner y condenas de entre dos años en suspenso y doce años de prisión para el resto de los imputados ante el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°2.
La fiscalía pidió además la inhabilitación especial para el ejercicio de cargos públicos, y el decomiso de más de 5,3 mil millones de pesos, monto considerado del perjuicio causado; de los bienes muebles e inmuebles utilizados para la comisión del delito; y de aquellos que resultaron su producto.
Al referirse a los hechos traídos al debate, Luciani señaló que “se trató de actos de corrupción sistemáticos promovidos y mantenidos por los máximos responsables políticos del país, que arrasaron con todos los principios de contratación pública y que provocaron un gravísimo perjuicio a las arcas del Estado”.