Los curiosos efectos que podría tener la reforma de la Corte y los problemas de fondo que surgen

Con el proyecto de reforma de la Suprema Corte que envió el Gobierno de Mendoza, con aval y respaldo de algunos jueces de ese tribunal, va a ocurrir una curiosidad: va a haber más sorteos en el cuarto piso de Tribunales que en la sede del Instituto de Juegos y Casinos. Es que cada causa que ingrese deberá tener una tómbola para elegir los tres magistrados que se avocarán y, dada la cantidad de expedientes que ingresan diariamente, será un trabajo complejo. Por año se suman más de 2 mil expedientes a la Corte y un grupo se deriva automáticamente a las salas especializadas, mientras que otras se avocan según turno (allí se genera el fórum shopping). La intención del oficialismo es que se sorteen, pero no dónde van los casos sino los jueces que las analizarán. Por eso habrá más de 2 mil sorteos anuales; más que en la quiniela de Mendoza.

Justamente detrás de la arbitraria comparación entre las causas judiciales y la quiniela emergen dos datos relevantes sobre la cúpula de la Justicia mendocina: la desmedida cantidad de litigios que llegan a esa instancia y la duda que genera la pérdida de especialidad que tendrá la Corte, si se aprueba la reforma.

Ese es un debate abierto: ¿La Corte tiene que tener jueces especializados o que todos voten todo como el máximo tribunal nacional? En el oficialismo hubo una mutación: en la gestión de Alfredo Cornejo propusieron una ampliación para que haya 9 ministros, con más poder en las Salas (como hizo Jujuy). Ahora se propone un colegio de jueces, con 7 integrantes y donde todos aborden todos los temas, aunque con la llave de oro del presidente para convocar a plenario.

La idea de colegiar la Corte supone que los jueces deberán estar al tanto de todas las áreas del Derecho; jueces generalistas. También supone una complejidad extra por la cantidad de combinaciones de ternas que se generarán para resolver causas; todos con todos.

En lo operativo habrá, en realidad, otro grupo de personas que terminará empoderado en las sombras. No son jueces, no firmarán sentencias y el proceso de nombramiento no tiene el rigor de los magistrados. Pero en el esquema propuesto probablemente tendrán un poder enorme en las sombras. Se trata de los relatores, los funcionarios que asesoran a los jueces, investigan, argumentan, justifican votos y redactan. Son “la mano” de los "supremos".

No son pocos y su nombramiento ha sido motivo de disputas políticas entre los propios jueces. De hecho, como ocurre en los comités políticos, las disputas por la designación de personal jerárquico de la Corte ha sido más dura que los propios debates jurisdiccionales. Hoy la Corte tiene 33 relatores. La Sala 1 tiene 15 y la Sala 2, 18 relatores.  

El nuevo esquema propuesto dispone que los 7 jueces de la Corte, incluido el presidente, traten todos los temas. El presidente mantiene y crece en poder, no solo jurisdiccional. Por año ingresan al máximo tribunal unas 2300 causas. Si se consideran los días de feria, fines de semana y otros, la concentración de expedientes es enorme. Desde 2018 a este año la Sala 2 sumó 7174 causas, y la Sala primera 2347. La diferencia es enorme y tiene dos razones principales. 

A pedido

El volumen de trabajo es enorme. La Justicia de Mendoza tiene algunas carencias que aumenta la cantidad de trabajo del máximo tribunal. El derecho a la revisión de las sentencias no está garantizado en el fuero penal y laboral. No hay casación, por lo que las apelaciones en esas instancias llegan directamente. Cuando una persona es condenada por un tribunal penal, solo le queda la Corte como instancia para revisarla. Con las cámaras laborales ocurre lo mismo. Por eso la Sala 2 está saturada. Hay un proyecto de ley para garantizar el “doble conforme” en lo penal; es decir, crear un tribunal de apelación que sirva de revisión de los fallos. Esa iniciativa no fue tratada en la Legislatura.

Las Acciones Procesales Administrativas (APA) llegan a esa instancia porque así lo dispone la Constitución provincial y no hay solución intermedia posible. “Decide las causas contencioso-administrativas en única instancia, previa denegación expresa o tácita de la autoridad administrativa competente al reconocimiento de los derechos gestionados por parte interesada”, dice el inciso 5 del artículo 144 de la Carta Magna. Por eso cualquier recurso relacionado con el Estado llega derecho, previo rechazo administrativo de los reclamos.

Las causas administrativas y de inconstitucionalidad se reparten por turnos, se puede elegir. La Sala 2 está colapsada también por el defecto político que ahora se ve en la Corte: como se sugiere que hay jueces oficialistas y opositores, conviene elegir la Sala 2 (donde el ala peronista tiene mayoría) para accionar contra el Gobierno y viceversa. El 66% de las Acciones Administrativas recaen en la “sala opositora”, al igual que el 55% de los recursos de inconstitucionalidad. 

El sorteo supone sanear el fórum shopping y que se pueda elegir el tribunal. Es eso están todos de acuerdo. Pero no en sortear todas las casusas. Lo mismo en la idea de dejar tan abierta la posibilidad de sacarle expedientes a las salas más elegidas. Si se aprueba el proyecto oficial como está, cualquier causa podría ser llevada al pleno para que voten todos, con el pedido de tres ministros o del presidente; sin que haya cláusulas de objeción. No está de más recordar que así como se acusa la “mayoría peronista” de la Sala 2 (que quedaría disuelta), el oficialismo tiene 4 de 7 votos asegurados de su lado para causas calientes. La puja política tiene repercusiones muy concretas en la vida cotidiana y del Estado.

Las resoluciones laborales y la APA, por ejemplo, inquietan. La Sala 2, por ejemplo, resolvió gran parte de las causas judiciales iniciadas por funcionarios y empleados cesanteados durante la gestión de Alfredo Cornejo. Se trata de personas que fueron nombradas en planta permanente por el exgobernador Francisco Pérez, que luego Cornejo echó por considerar que hubo irregularidades.

En la mayoría de los casos la Sala falló a favor de la reincorporación, con la orden de “pagar sueldos caídos”. Son sumas millonarias y ahora se cruzan chicanas porque el tribunal tardó en dictar sentencia, aún cuando tenían plazos perentorios. Asesoría de Gobierno, por ejemplo, recurrió algunas sentencias para no pagar los años de mora.

La procedencia política de los jueces y la influencia en el mismo sentido que tienen sus sentencias ya no está en duda porque se disolvieron los eufemismos. El problema para adentro es la pérdida del pudor en cuanto a la permeabilidad que tienen. Esa idea de que en la Corte se falla para ayudar a un compañero o complacer a un correligionario y no para hacer justicia.