Análisis

La importancia de meritocratizar la administración

Entrevista a Enrique Cárdenas, el abogado egresado de la Universidad Austral y que tiene una Maestría en Políticas Públicas y Administración de la London School of Economics & Political Science.

Ignacio Boulin sábado, 10 de septiembre de 2022 · 14:15 hs
La importancia de meritocratizar la administración
Foto: Pixabay

La administración pública suele ser sinónimo de burocracia e ineficiencia pero no necesariamente debe ser así. Existen experiencias exitosas y eficientes basadas en la formación de los empleados. Desde un ingreso por concurso transparente a una capacitación constante. Desde Londres así lo remarca el especialista Enrique Cárdenas.

-¿Qué diferencias puede encontrar entre la administración pública en Argentina y en el Reino Unido?

-En el Reino Unido el servicio civil es meritocrático, independiente de la política y con una gran cultura de eficiencia. Goza de un enorme prestigio tanto a nivel local como internacional.

Opera con absoluta claridad de que el dinero público que administra es dinero de los contribuyentes y que cada decisión sobre el uso de recursos tiene, por ende, que pasar un riguroso análisis de costo-beneficio. Esto tiene como consecuencia una cultura de gran eficiencia, en donde los procesos de reclutamiento son vistos como una herramienta más para asegurar la administración eficiente de la cosa pública. Por ende, los cargos en su gran mayoría se concursan y los concursos son públicos, abiertos y transparentes. Adicionalmente, todos los concursos son anónimos, para asegurar que exista igualdad de acceso - un derecho humano fundamental e internacionalmente reconocido, pero también un termómetro que ayuda a medir la calidad institucional de un país, y también predecir la eficiencia de la administración pública. La calidad meritocrática del sistema puede compararse en el ámbito local con el acceso al Instituto del Servicio Exterior de la Nación (ISEN).

La larguísima historia constitucional del Reino Unido ha resultado en una cultura en donde se entiende que la administración pública es una tarea muy delicada, en la cual las decisiones que se toman pueden impactar a cientos de miles de personas para bien o mal, de forma irreparable y con impactos que perduran por generaciones. Si se me permite la metáfora, una labor comparable a la de un ingeniero en un puente destinado a durar por siglos. La pregunta que el contribuyente debe hacerse es qué proceso de reclutamiento y qué estándares quisiera que se apliquen para el ingeniero que va a diseñar el puente.

En el Reino Unido, el servicio civil goza de un enorme prestigio y reconocimiento social. Esto ayuda a valorar a la función pública y por ende a fortalecer el compromiso del empleado público con su función y su carrera.

-¿Cree que hay relación entre los problemas argentinos y los problemas de la administración pública?

-El rol de la administración pública es central e insustituible y su mal funcionamiento tiene consecuencias concretas en la vida de la gente. Creo que el denominador común en muchos de los principales reclamos populares tiene que ver con una falta enorme de confianza en la capacidad de la administración pública de solucionar los problemas de la gente. La administración pública se transforma entonces en un costo transaccional que parece generar más problemas en vez de soluciones. En un contexto en donde cada peso que se paga en impuestos tiene un impacto cada vez más grande en el bolsillo de la gente, eso genera bronca y aumenta la anomia y el desprecio por las normas y la institucionalidad, que son fundamentales para una convivencia pacífica. Cuando se desdibuja el rol de la administración pública y se la utiliza como un instrumento al servicio de la política en vez de la administración de ‘las políticas públicas’, inevitablemente se perjudica al pueblo y se daña la confianza en las instituciones.

Si tuviera que proponer dos reformas concretas para "hackear" la administración pública, ¿qué propondría?

-Dos reformas concretas son, primero, un acuerdo político para garantizar que la administración opere de forma independiente a la política, y segundo, generar procesos transparentes e igualitarios para el ingreso.

Un acuerdo político de amplio espectro para garantizar que la administración pública opere de forma independiente a la política y con criterios claros de imparcialidad, independencia, integridad honestidad y objetividad. Esto es fundamental - hay que proteger a los cientos de miles de servidores públicos que tienen muy pocas herramientas para resguardarse del manoseo político del cual terminan siendo víctimas y también hay que reconstruir la confianza pública en el Estado y, más fundamentalmente, en cómo se usa el dinero de los impuestos. En el Reino Unido, este acuerdo político tuvo su hito fundacional en 1854, con la publicación del informe Northcote-Trevelyan que propuso la creación de un servicio civil permanente, profesional e imparcial.

Esta garantía de independencia e imparcialidad viene también con obligaciones: los servidores públicos tienen que ser y parecer independientes e imparciales, absteniéndose de toda participación política y operando de forma tal que su propia visión política no interfiera con el ejercicio de las funciones para las cuales el contribuyente les paga. Tienen que operar de forma tal que retengan la confianza del público, de los políticos de turno a los cuales sirven, y de los políticos de la oposición a la que servirán mañana. Si este acuerdo político existiera, sería interesante explorar la creación de un funcionario (también apartidario) con rango de secretario de estado que sea el responsable de la administración pública y garante de su independencia, al estilo del Cabinet Secretary inglés. En la Argentina existen antecedentes muy valiosos de ideas ambiciosas para lograr la profesionalización del estado, algunas cuyos vestigios permanecen hasta hoy. Entre muchas otras rescato la creación del Cuerpo de Administradores Gubernamentales propuesta durante el gobierno de Alfonsín, el ISEN ya mencionado y el Banco Central (BCRA) entre otros.

La segunda reforma - también fundamental - es generar procesos transparentes y confiables de ingreso. Es importante que todas las vacantes se publiquen, con descripciones detalladas de los puestos (incluyendo remuneración); que se simplifiquen los esquemas salariales para que no haya excepciones que den lugar a la discrecionalidad y el amiguismo en el pago de pluses salariales y que se estandarice el escalafón y el plan y requisitos para los ascensos. En cuanto a los procesos, creo que es fundamental que los concursos están abiertos a todo el que pueda probar tener las condiciones buscadas; que estén basados en condiciones y experiencia relevante para el cargo (más que en número de títulos - que puede operar como un factor alienante y que no necesariamente contribuye a tener mejores funcionarios) y que sean anónimos y transparentes, permitiendo el acceso a la información pública sobre los procesos de reclutamiento.

-¿Qué ve a nivel subnacional? ¿Qué mejoras en principio podría proponer?

-Creo que es fundamental rescatar las buenas prácticas que se desarrollan en los niveles provinciales o municipales, muchas veces llevadas adelante en contextos de grandes limitaciones de recursos y con apoyo político variable. Me parece que es importante identificar estas buenas prácticas y aprender de ellas para poder escalarlas.

Me parece también importante generar mecanismos para que los funcionarios puedan rotar entre las administraciones municipales, provinciales y nacionales y dentro de ellas, que puedan rotar en distintas áreas de gobierno. Creo que la organización del servicio civil en ‘funciones’ o ‘profesiones’ (compras, legales, comunicaciones, políticas públicas, datos, análisis, etc) podría ser muy beneficiosa para generar planes conjuntos de capacitación, compartir buenas prácticas y nivelar para arriba. Creo que también existe una oportunidad grande para el Estado Nacional de pensar en un en nuevo federalismo que se enfoque en la provisión de servicios centrales a las provincias (como por ejemplo procesos de capacitación y reclutamiento, sistemas administrativos, etc), permitiendo a los gobiernos sub-nacionales abaratar costos y mejorar la eficiencia. Creo que si bien el Estado Nacional tiene que liderar estos esfuerzos para generar un servicio civil independiente e imparcial, esto tiene que ser la consecuencia de un acuerdo que se construya sobre las autonomías provinciales y en última instancia, que sea la consecuencia de un cambio cultural profundo en cuanto a las expectativas que tiene la sociedad de la administración que la sirve.

-¿Por qué destaca tanto la necesidad de proteger la igualdad en el ingreso a la administración y la meritocracia en la carrera?

-Creo que uno de los valores fundamentales a recuperar es la confianza de la población en la administración pública. Volviendo a la imagen del ingeniero, lo que nos va a dar tranquilidad cuando estemos cruzando el puente, va a ser confiar en que no se va a caer porque el que lo diseñó sabía lo que hacía –es decir, es una persona idónea. Esto solo se puede asegurar con procesos robustos de reclutamiento que garanticen la igualdad de acceso. Pero esta función es tan importante que el estado no puede cumplir un rol pasivo: hay que salir a buscar a los mejores y ofrecerles una carrera atractiva, interesante y prestigiosa. Hay que apoyarlos antes y durante el ejercicio de sus funciones con capacitación constante, estabilidad e independencia. También que asegurar que la administración pública refleje la diversidad de la sociedad a la que sirve y que no haya lugar para la discriminación - por eso es importante que los procesos sean anónimos y basados en el mérito.

Por último, hay que desarrollar mecanismos para corregir vicios institucionales y evitar que se perpetúen- en concreto, las formas de saltear los ingresos por concurso (por ejemplo favoreciendo ingresos por contrato y luego el pase a planta sin concurso) y la discrecionalidad en el manejo de las condiciones, los beneficios y los ascensos. Este tipo de prácticas atentan contra la idoneidad, imparcialidad, independencia y en última instancia la eficiencia de la administración, generando incentivos perversos y perjudicando tanto al ciudadano como a quien ingresa por este medio, quien gozará de una estabilidad ficticia, condicionada por una deuda con quien pueda haber apadrinado su ingreso.

 

Enrique Cadenas es abogado egresado de la Universidad Austral, y tiene una Maestría en Políticas Públicas y Administración de la London School of Economics & Political Science. Fue ganador de la beca Chevening otorgada por el British Foreign, Commonwealth and Development Office (FCDO). En el 2018 entró por concurso al Servicio Civil Británico, la Administración Pública Nacional del Reino Unido. Desde entonces se desempeña como asesor estratégico en el Her Majesty's Courts & Tribunals Service (HMCTS), órgano responsable de la administración del sistema de justicia. Cadenas es experto en temas de justicia y administración pública. 

Archivado en