El fiscal Diego Luciani apuntó contra la perita de Cristina Fernández de Kirchner por ocultar sobreprecios

En el quinto día de alegatos en el juicio que tiene a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner sentada en el banquillo de los acusados, el foco estuvo puesto en las pericias de los sobreprecios en las obras de Lázaro Báez.

Cabe recordar que solo se analizaron cinco de las 51 obras, algo que fue cuestionado por la defensa de Cristina Kirchner e incluso llegó con ese planteo a la Corte Suprema. También cuestionó al perito oficial de la Corte Suprema porque había tuiteado contra su gestión.

Los peritos que declararon en la causa fueron los ingenieros Pablo Eloy Bona, de la Corte Suprema; Roberto Panizza, de la Fiscalía; y Adriana Alperovich, de la defensa de la expresidenta.

Bona detectó sobreprecios en más de 198 millones de dólares respecto del presupuesto determinado originalmente. Panizza habló de un sobreprecio estimado en 202 millones de dólares. En tanto la perita propuesta por la vicepresidenta sostuvo que las cinco ofertas del Grupo Báez no tuvieron sobreprecio alguno. Además concluyó que las empresa del grupo Báez estuvieron 71 millones de dólares por debajo de los precios de plaza.

Uno de los ejemplos de la fiscalía se enfocó en el cálculo de los terraplenes. Y subrayó el caso de la ruta nacional 288. "Si hubiera construido el terraplén que usaron en esa compactación, era para cubrir a una persona de 1,80 metros”, dijo mostrando un render de esa ruta si se hubiera hecho un trabajo según el análisis de los peritos. Sin embargo, detalló, cuando se fue al lugar, la calzada apenas se levantaba al ras del suelo. "¿Donde está levantada la ruta en un 1.80 metros? Ahí no supera la suela de zapato del inspector”, explicó Luciani.

"Son cuestiones evidentes, incontrastables. En los terraplenes es donde suelen concentrarse los mayores abusos en los gastos injustificados y más incidió en el valor final de la obra", completó el fiscal.

Para el Ministerio Público, la ingeniera Alperovich dio “vidriosas explicaciones” ante el tribunal y hasta admitió que ni siquiera consideró los costos de transportes en sus cálculos. Además, contó que para su trabajo consultó bibliografía de tesis de alumnos de universidades de Perú, Colombia o Perú, cuya riguridad se desconoce. “Tampoco sabemos si fueron aprobados”, resaltó el fiscal.

Por último, Luciani denunció que la profesional faltó a 16 de las 30 reuniones que se hicieron en el colegio de peritos para analizar este caso y desoyó “las claras advertencias que le hicieron sus colegas sobre las fuentes de información homogénea” a utilizar, en donde ella decidió “acotar su análisis a una serie de ítems definidos por ella misma arbitrariamente”.