Media sanción a un proyecto que busca acabar con la "mafia" de cables de cobre robados
Este martes la Cámara de Senadores de la Legislatura dio media sanción a la norma que le otorga facultades especiales a la Policía ante el robo de cables de cobre y metales no ferrosos en la provincia. Según fue indicado, la misma tiene una perspectiva penal. Entre 2021-2022 se contabilizaron 400 robos. La votación fue positiva por unanimidad.
La iniciativa de autoría de la senadora radical Mercedes Rus, establece un Régimen Preventivo y de Control de Actividades con metales no ferrosos, en particular el cobre, ante el aumento significativo de su sustracción y el mercado ilegal, ligado a los atentados contra transformadores eléctricos
Para la autora de la idea la finalidad es "otorgar facultades de incumbencia puntual a las fuerzas de seguridad para su abordaje concreto, teniendo en cuenta los daños que esto provoca en varios servicios públicos y su incidencia sobre el consumidor". En sentido aporta que "los robos de cobre se han acentuado considerablemente en nuestra provincia. Especialmente en los transformadores eléctricos, que ofrece gran cantidad de recurso en una sola operación, fundamentalmente por su ubicación geográfica".
Y añade: "Generalmente, estos están ubicados en zonas alejadas de las grandes urbes, lo que posibilita a los delincuentes actuar en despoblado y en banda, disminuyendo las chances de ser abordados o disuadidos por la policía o aledaños. Este material es vendido en el mercado negro, a un costo superior a los $ 1.300 por kilogramo y en fundiciones a $ 2.000, por lo que, si se tiene en cuenta que un transformador de dimensiones medianas (100 KVA) contiene aproximadamente 100 kg. de cobre, la operación ilegal se presenta como un negocio bastante suculento".
Según un informe presentado por la Auditoría Interna de Edemsa durante el período 2021-2022, se contabilizaron 400 robos y 174 tentativas. Se estima que se han sustraído alrededor de 48.000 Kg de cobre para ser comercializados, totalizando, a valor de “mercado ilegal”, una suma superior a los $48.500.000. El costo anual de reposición ronda los $ 199.500.000 y el operativo $39.900.000 aproximadamente.
Además, el proyecto presentado por Rus esgrime que "entre los perjuicios, el más significativo es el que sufre el usuario-cliente que se encuentra impedido de contar con el servicio eléctrico hasta que se logra reponer el transformador y se repara el daño. Los más perjudicados son principalmente clientes vinculados a zonas rurales, donde utilizan la energía para el riego agrícola".
Otro de los argumentos puestos en consideración es la incidencia del robo de cableado de cobre, que afecta a sectores sensibles como hospitales y aeropuerto (por ejemplo quedaron incomunicados el Hospital Lencinas debido a un atentado a la central de Villa Hipódromo, el Hospital Gailhac debido a un atentado contra la central Bermejo y también hubo un caso que afectó al Hospital Notti), entre otros.