Mayorías automáticas: el trasfondo de la pelea política en la Corte
La tensión política entre los jueces de la Suprema Corte de Justicia de Mendoza, que está al borde de convertirse en una crisis institucional, revela algunos de los intereses reales que hay detrás de la selección de magistrados y también las carencias estructurales que tiene el sistema. No hay tantas discusiones de fondo, sino más bien peleas pragmáticas y por el poder. La disputa entre los bloques liderados por el radicalismo y el peronismo del Tribunal salió a relieve por la supuesta mayoría automática que tiene el oficialismo. El problema es real; pero en plural: son "las mayorías" automáticas que tiene la Corte; tanto en el plano de los 7 jueces, como en las dos salas jurisdiccionales.
Lo curioso es que los dos grupos se acusan de lo mismo, pero con sentido contrario: Adaro y Palermo acusan que hay una mayoría automática que favorece y vuelca fallos a favor del Gobierno y el radicalismo acusa que la Sala 2, la que más causas acumula, tiene también mayoría automática en contra del oficialismo porque Adaro y Palermo votan en yunta. Lo peor es que ambos pueden tener razón y ese sería el clímax de la crisis institucional: que las causas se resuelvan según el pensamiento político y los intereses de quien demanda o el demandado. De eso se acusan mutuamente nada menos que los jueces de la Suprema Corte.
"La poco feliz asignación por fecha de las acciones procesales administrativas y de inconstitucionalidad, las que para una equitativa distribución deberían ser sorteadas entre ambas Salas", dijo Palermo en los fallos que generaron la disputa. Curiosa coincidencia: el Gobierno piensa lo mismo; que las causas no deberían ser repartidas por turnos para evitar que haya una selección por conveniencia de los jueces. Lo extraño es que nadie lo cambia.
La historia se va a poner más interesante: el sindicalista Roberto Macho está detenido en la cárcel por haber cortado calles, pues es reiterante en el delito y tiene antecedentes. Lo curioso es que Marcho ya tuvo una condena favorable de la Suprema Corte. Para ser precisos: de la Sala 2 de la Corte, donde votaron a favor de dejar sin efecto la condena contra Macho (también por haber cortado una calle en una protesta) Omar Palermo y Mario Adaro. El caso se detonó por una de las primeras protestas que hubo contra el Gobierno de Alfredo Cornejo y también de las primeras imputaciones. Macho y Raquel Blas fueron condenados. Y la Sala 2 de la Corte revirtió el fallo.
Si hay nueva condena contra el sindicalista, el tema llegará a la Corte y volverá la duda política. El procurador Alejandro Gullé dijo que es necesario que la Corte determine si una persona debe o no ir a prisión por un piquete. Se debe referir a la Corte en pleno. Nuevamente entran en tensión las supuestas "dos mayorías automáticas".
El contexto
El funcionamiento de la Corte local es complejo y tiene falencias. Hay dos salas jurisdiccionales que abordan causas según competencias. La sala 1 aborda las causas civiles y comerciales. La Sala 2 las penales y laborales. Ambas se reparten las causas administrativas y de inconstitucionalidad según el turno. El Presidente de la Corte lidera la Sala 3 que es meramente administrativa y no tiene causas a cargo, por lo que el titular de ese cuerpo no vota ni opina en lo jurisdiccional, salvo en las causas que llegan al pleno de la Corte.
El problema de base lo mencionan los jueces de la Sala 2 en sentencias que detonaron el conflicto, pero también lo advierte en Gobierno y el ala mayoritaria de la Corte. Hay temas que las salas de la Corte abordan por turnos según el calendario. Es decir, gracias a ese mecanismo se puede elegir qué jueces se hacen cargo de una causa relacionada con procesos administrativos y de inconstitucionalidad, justo los más sensibles a nivel político.
La Sala 2 es la que más cantidad de causas tiene. De las que naturalmente le corresponden, es decir las penales y laborales, y también las administrativas y recursos de inconstitucionalidad. El 66% de los recursos administrativos y el 57% de las acciones de inconstitucionalidad recaen en la sala que preside Mario Adaro (según datos difundidos por la presidencia de la Corte). Además, es donde el Gobierno tenía puesto el ojo porque buscaban equilibrar lo que consideraban era una visión garantista. Por eso fue nombrado José Valerio, que era camarista penal y con la misma visión de política criminal de Cornejo y Gullé.
La puja política dentro de la Corte no es nueva pero recrudeció cuando ocurrió un hecho que, ahora se ve, fue clave: la jubilación de Jorge Nanclares. El expresidente tenía una posición menos condicionada que sus pares y oficiaba de punto de equilibrio en la grieta. Su salida y posterior designación de María Teresa Day inclinó hacia un lado la impronta de la Corte.
Hay varios intentos por modificar el funcionamiento de la Corte. Uno de ellos apunta a cambiar la forma en la que se distribuyen las causas para que deje de ser por turnos y se sortee para que haya más transparencia. Otra reforma, más profunda, apuntaba a cambiar las salas y que el Presidente también tenga injerencia jurisdiccional. Ese proyecto quedó trabajo porque escondía otro objetivo: ampliar a 9 la cantidad de jueces de la máxima instancia y garantía judicial de Mendoza. Ese intento fracasó, al menos por ahora.