El Baqueano: por qué el plan muleto del Gobierno también tiene un camino complejo
El gobernador Rodolfo Suarez anunció que no esperará más a Alberto Fernández, volvió a bajar Portezuelo del Viento y priorizó la obra El Baqueano. Así logró descomprimir una insólita situación: tener millones de dólares disponibles, pero con una sensación de inacción; de pausa y sin ideas. En los hechos es un anuncio que tiene potencia política, pero representa es más un gesto para ganar tiempo, algo que Mendoza ha perdido; y mucho. Portezuelo era ya una “obra muerta” hace más de un año, pero el Gobierno eligió la extrema cautela para definirlo; con tensiones internas y cambios de foco en el medio. Ahora El Baqueano debe sortear una carrera de obstáculos y responder una pregunta clave: si conviene, si es viable hacerla. A esa obra, que tendrá como novedad que gran parte del costo es la perforación de uno de los túneles más largos del país, le falta, justamente, el estudio de factibilidad y el proyecto ejecutivo, mientras se acelera el lobby para ver quiénes hacen la obra; si se hace.
Alberto Fernández había bajado el pulgar a Portezuelo cuando dijo que le daría la razón a La Pampa en el laudo, pero lo hizo a su modo: un anuncio político con total desconocimiento del tema y sin darle vía legal a sus dichos. Esa obra ya era inviable ambiental, económica y, sobre todo, políticamente; con una licitación sin competencia y a un valor caro. La decisión del Presidente movió las culpas hacia Casa Rosada, pero sumó más tiempo perdido.
El elegido
Con el hecho consumado, Mendoza se topó con sus propias incapacidades: dinero disponible y pocas ideas. La decisión fue reunir los proyectos más avanzados para elaborar una especie de “plan hídrico”, que terminó más como un compendio que como un plan. Irrigación sumó más de 300 millones de dólares en obras a ejecutar, y se aceleraron los estudios para evaluar si los diques Uspallata y El Baqueano eran posibles como obras muleto. Por eso avanzaron en la contratación de consultoras que lo hicieran. Uspallata es la obra que Potrerillos y el oasis norte necesitan. Quedó en segundo plano en la prioridad de Suarez por que no pudieron resolver un problema: la ruta internacional 7 quedaría bajo el agua y no hallaron una traza viable para reemplazarla. Por eso El Baqueano quedó primera y el Gobernador lo anunció.
La obra se haría sobre el Diamante, un río ya regulado y aprovechado. Estaría entre dos diques y está proyectada con dimensiones pequeñas, pero con una particularidad: un túnel de más de 13 kilómetros entre el embalse y la central hidroeléctrica. Gran parte de los 500 millones de dólares se iría por esa necesidad.
Las tres represas que están en la misma cuenca son explotadas por Hidroeléctrica Diamante (Hidisa) que es parte de Pampa Energía, uno de los holdings energéticos más importantes del país, propiedad de Marcelo Midling. Y hay otro dato importante. Las represas Agua del Toro, Los Reyunos y El Tigre están concesionadas hasta 2024 y son controladas por la Nación. No está claro si Mendoza quiere tomar el control de la gestión, como impulsan Neuquén y Río Negro con sus represas, o no.
Al mismo tiempo no está claro si la concesionaria tiene interés o no en seguir o, incluso, si seguirán siendo privadas. En ese contexto, hay un telón de fondo inmanejable: el caudal del río Diamante que, como en toda la cordillera, ha disminuido y seguirá sufriendo las consecuencias del cambio climático. Hoy los diques del Diamante están al 61%, el río trae un 35% menos de caudal que el histórico para la época. Aunque los análisis requieren mediciones mucho más largas en el tiempo, Mendoza lleva una década en esa situación y nada indica que a largo plazo vaya a cambiar, sino más bien profundizarse. “Eso no implica que los diques no sirven, sino por el contrario”, explican quienes defienden las represas. Y ponen el ejemplo de Potrerillos, que aunque tiene impactos enormes por los sedimentos y una gran presión por la falta de otras obras, ha cumplido un rol clave para que el oasis norte no sufra mucho más las consecuencias de las sequías. El Baqueano no va a agregar gran valor en cuanto al almacenamiento de agua, sino que apunta a generar energía.
El Gobierno adjudicó los estudios ambientales de base cero, y faltan la Manifestación de Impacto Ambiental, tal como indica la ley 5961. Ese proceso es largo y volverá a tener la interferencia de La Pampa. En ese sentido hay un actor clave que visitó la provincia: el juez de la Corte Ricardo Lorenzetti, quien es el "más ambientalista" de ese organismo; justo el lugar donde van a parar todos los reclamos pampeanos por el uso del agua. Pero además hay otros estudios básicos en marcha, pero demorados (geotécnica, geología, geofísica y topografía). El proyecto originar es de Agua y Energía, pero en 2017 se hizo una actualización y hasta se cambió el sitio para ubicar el paredón porque se “desmoronaba” la roca. La clave es el estudio de factibilidad técnico económica.
Empresas que recalculan
La caída de Portezuelo deja una licitación inconclusa, donde hay tres empresas mendocinas; las tres con un potente poder de lobby. IMPSA es la más golpeada porque no recibirá la inyección de dólares que preveía y ese problema se le suma a la incertidumbre nacional que hay en el nuevo ministerio de Economía (con el plan de ajuste de Massa no está claro si seguirá habiendo apoyo y quién conducirá la empresa). Claro que puede haber compensación. Y esa palabra ronda en el sector empresario, sobre todo con las otras dos empresas. CEOSA, de Fernando Porreta, ya tiene adjudicadas obras y servicios importantes, concursa por otras y ya recibió otro guiño secundario cuando se volvió a mencionar que con los dólares ahorrados también se podrían hacer “pequeñas hidroeléctricas” como las que esa empresa ya hizo. Obras Andinas, de Omar Álvarez, siente que “juega de local” con El Baqueano, pues está en San Rafael. En el medio de todo el entramado y con lazos cruzados vuelve a estar EMESA, la empresa estatal de energía que sigue sumando tropiezos y poder.
Mendoza recibirá en total 1023 millones de dólares. El Baqueano está pautado en algo más de 500 millones, pero los cálculos no son precisos, así como no es preciso el proyecto aún. Mucho menos con el antecedente de Portezuelo, que originalmente se pensó de una forma, se amplió, tuvo una oferta única y carísima y finalmente no se hará. Aún así quedarán más de 500 millones “ahorrados”, si es que El Baqueano se hace. La licitación por la represa del Río Grande quedó sin adjudicar. Hay quienes reviven el plan original para la represa, que era más chica, más barata y con el trasvase de agua al Río Atuel. Ese proyecto lo empezó Lafalla, lo continuó Cobos y luego fue recalculado.
Para evitar problemas legales, esperan que Alberto Fernández desbloquee el uso de los fondos para poder ejecutar otras obras. La duda es cómo se ejecutan. En una charla que tuvo ribetes extraordinarios, Arturo Lafalla y Julio Cobos coincidieron en que hay que evitar que esos recursos se “evaporen”, que haya acuerdos y que se aprovechen para solucionar problemas estructurales de Mendoza. El agua es uno de ellos y, como dijo Lafalla, es de los problemas graves cuya solución dependen de la provincia. El contexto político apunta a otro lado. No hay puentes entre Cambia Mendoza y la oposición para pautar vías de solución a los problemas. Incluso puertas adentro del oficialismo no hay tantos puentes y ese sector apunta cada vez más a consolidar y profundizar su poder; de acción y decisión.