El duro revés que pone contra las cuerdas al juez Walter Bento
El horizonte es cada vez más complicado para el juez federal Walter Bento. Esta mañana en la reunión del Consejo de la Magistratura se aprobó el pedido del consejero instructor Pablo Tonelli para que el expediente que analiza la conducta del magistrado pase de la Comisión de Disciplina a la Comisión de Acusación. Se trata de un paso clave en el camino para que la causa avance hacia un Jury de Enjuiciamiento contra el juez.
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En medio de las especulaciones políticas sobre maniobras del kirchnerismo para dilatar el proceso, finalmente el pase se votó por unanimidad en la Comisión de Disciplina, que encabeza la senadora K María Inés Pilatti de Vergara.
Se trata de una medida trascendente porque es un paso ineludible en el proceso del eventual juzgamiento del magistrado ante un Jury. Es decir, ahora la Comisión de Acusación le dará al juez federal Walter Bento 10 días para que ejerza su derecho a defensa de las graves acusaciones que existen en su contra. Tal como indica el artículo 20 de la ley que rige al Consejo de la Magistratura, está previsto que le concedan 10 días para que comparezca a declarar.
Una vez que eso ocurra, la comisión que integran Pablo Tonelli (presidente), Martín Doñate, Jimena de la Torre, María Fernanda Vázquez, Graciela Camaño, Roxana Reyes y Vanesa Siley deberá determinar si solicitan una medida disciplinaria o avanzan con el pedido de Jury para su destitución.
Si eso último sucede, el plenario del Consejo de la Magistratura deberá votar si aprueba el Jury e inmediatamente el juez quedará suspendido de su cargo para realizar el proceso.
El dato no es menor ya que actualmente Bento se sigue desempeñando como titular del Juzgado Federal N°1 de Mendoza, a pesar de las graves acusaciones que pesan en su contra. Al magistrado lo acusan de enriquecimiento ilícito, cohecho, lavado de activos y otros delitos.
Específicamente, se han presentado pruebas que lo comprometen como parte de una asociación ilícita que se dedicaba a cobrarle coimas a personas privadas de su libertad o investigadas por la justicia federal con el objetivo de beneficiarlos con medidas judiciales.
Ya hay decenas de personas detenidas por esta causa y el juez está procesado como líder de esta red de corrupción pero por sus fueros sigue desempeñándose en el cargo de magistrado.