No sitiemos a la República
Nadie debería sorprenderse de las reacciones que el pedido de condena a Cristina Fernández de Kirchner ha generado entre sus partidarios inmediatos, en el resto del Gobierno y en todos los referentes del peronismo y el Frente de Todos.
Ya nos resulta natural que el presidente o el ministro de Economía quieran darle cátedra de Derecho a los jueces y fiscales, que el PJ lance un comunicado en el cual se afirma que “no hay acción judicial que pueda contra el amor de un pueblo” o que se utilice el Senado como escenario para un alegato personal.
Pero naturalizarlas no significa tener que aceptarlas, porque esas acciones claramente constituyen un ataque directo a la división de poderes que debería existir en cualquier república que se precie de tal.
Pero lo inaceptable de estas posturas no debe impedirnos un análisis más profundo sobre las bases sobre las que se construye el “relato” que sostienen. Y, en ese punto, ciertos sectores sociales y políticos deberían revisar sus actitudes y acciones si no quieren acrecentar el daño que esta situación genera de por sí.
Flaco favor le hacen a las instituciones quienes, apenas conocido el pedido de condena, se agolparon en la casa de la Vicepresidenta en una actitud que roza el escrache que tanto se le critica al propio kirchnerismo.
Obviamente, no es lo mismo un grupo de manifestantes autoconvocados que un llamamiento de organizaciones políticas a desestabilizar la situación social por una causa judicial. La gravedad de lo que expresan las voces del oficialismo es inmensamente superior a cualquier movimiento ciudadano. Pero no es correcto avivar las llamas de la excusa del Lawfare, ni caer en el juego eminentemente populista, de entremezclar una situación judicial con expresiones y posicionamientos eminentemente políticos.
El pedido de condena de los fiscales de la Causa Vialidad no modifica en nada el posicionamiento político de Cristina. Y, en vista de las actuales leyes electorales, tampoco debería. La “proscripción como a Lula y Evo” solo existe en el imaginario del oficialismo, como excusa para hacer de la Vicepresidenta una víctima de persecución.
En estos tiempos de posverdad, no hay nada más simple que construir una narrativa “conspiranoica”, negando pruebas que son obvias. Pero lo más sano para la convivencia social y la estabilidad institucional es evitar caer en el juego de quienes buscan posicionar esas ideas.
Es entendible que muchos piensen que Cristina no debería poder presentarse a las elecciones del año próximo. Pero conviene que sean, justamente, las urnas (y no “la calle”) las que den el veredicto de la sociedad respecto de la Vicepresidenta.
La corrupción ya afecta demasiado a nuestras instituciones. Pero la Justicia está actuando como corresponde, por lo que hay que dejar que siga en esa línea, sin dar excusas a quienes buscan empañar el accionar de jueces y fiscales.
* Ejecutivo Sr. Responsable de la Unidad de Asuntos Públicos de OPEN GROUP – Consultores en Comunicación