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Causa Vialidad: la ficción toma por asalto a la Democracia

Los abogados Carlos Blanco y Facundo Martearena critican la acusación de los fiscales que pidieron 12 años de prisión para Cristina Fernández de Kirchner. Aseguran que es un caso escandaloso de lawfare y que la causa tiene orfandad probatoria.
Foto: EFE
Foto: EFE

A lo largo de las últimas semanas la sociedad argentina ha estado frente a uno de los casos de Lawfare más resonantes de nuestra historia, el cual tiene un solo objetivo, la proscripción de Cristina Fernández de Kirchner.

Estamos asistiendo a un espectáculo deplorable para la institucionalidad de la República Argentina, los fiscales Luciani y Mola han montado unos alegatos casi cinematográficos, en los que ha reinado, ante la falta de pruebas, la ficción, la imposición de la voz, los gritos y la generación de títulos, que de ningún modo se condicen con la realidad que demuestra el expediente.

Esto debería alertar a la sociedad toda, ya que un quebrantamiento tal de las reglas y los principios rectores del proceso penal solo hacen a la inseguridad jurídica, de la cual somos víctimas pasibles toda la ciudadanía.

La referencia al lawfare no resulta caprichosa, los ejemplos en la región son innumerables y no provienen de ideaciones ficcionales. Nos permitimos resaltar algunos puntos que nos parecen determinantes para sostener esto:

  • A lo largo del juicio ha quedado evidenciada la carencia de preparación original de la investigación y la desastrosa organización de los fiscales. Prueba de ello es la falta de peritaje económico en 46 de los 51 procesos licitatorios que se han analizado a lo largo de este juicio.
  • Esta orfandad probatoria ha llevado a que los fiscales tengan que recurrir a elementos ajenos al proceso y que han analizado de manera parcializada, siempre perjudicando a una sola parte.
  • A la vez lejos de aportar pruebas que acrediten mínimamente las participaciones de cada uno de los imputados, recurren a frases como “sentido común”.
  • Como si esto no fuera poco, tenemos un análisis parcializado de las pruebas, no hablan de las pericias que con claridad determinaban que no hubo sobreprecios, tampoco de los innumerables testigos que daban cuenta de la inexistencia de delito, o de las presiones que sufrieron para generar una causa.
  • La frutilla del postre, cercenar un derecho básico, que es la defensa en juicio, no permitir ampliar la indagatoria, luego de que se introdujeran nuevos hechos atenta contra nuestro sistema constitucional y convencional, vulnerando garantías que hacen al Estado de Derecho.
  • Por último, y no menos grave, el alejamiento de los estándares internacionales al respecto de los juzgadores, la presencia del fiscal y del juez en la quinta del ex presidente Macri, indican claramente una vinculación entre los nombrados que viola el deber objetivo de imparcialidad. La regla es que ante la mera sospecha de parcialidad debe apartarse a los jueces, en este caso no hay solo mera sospecha, hay una demostración objetiva de la falta de imparcialidad entre los amigos Luciani y Gimenez de Uriburu, ambos integrantes del equipo Liverpool.
La vicepresidenta, luego de su descargo. 

Los fiscales nos han tratado de imponer un relato, bajo la falsa idea de que mientras más horas durara su película más convincente resultaría frente a sus oyentes, sin atender a la sencilla razón de que debían valorar las pruebas, si es que realmente las hubieran tenido. El Ministerio Público Fiscal tiene una obligación con la verdad real, no sirve que se crean su película, porque la ficción siempre es ficción.

Prueba de esta liviandad (vagancia quizás) es no haber advertido, realizar al menos una compulsa respecto de las comunicaciones, asiduas, amistosas, y hasta cotidianas entre Caputo, Gutiérrez y López, conversaciones que bajo los estándares que ellos mismos han impuesto, necesariamente merecen ser investigados.

Estos no son los únicos ejemplos. Hay que enfatizar que, un proceso penal, sin importar quienes sean los imputados, tiene que transcurrir por carriles institucionales, jueces y fiscales tienen que cumplir su tarea sin dejar margen a la arbitrariedad. En este caso particular, y dada la trascendencia que tiene este juicio, necesariamente se debería haber profundizado en el cuidado de estos estándares para que cualquiera sea el resultado el mismo sea indubitable.

El Poder Judicial goza de un desprestigio generalizado que nadie puede negar, pero debemos entender que está compuesto por personas, como los Fiscales Luciani y Mola, o los jueces que eran asiduos a los encuentros con el ex presidente, y son estas personas que con su obscena promiscuidad profundizan el descrédito de ese órgano del Estado. Una investigación deficiente produce procesos que no se sostienen, y a la larga, solo queda el sentimiento de injusticia.

Así solo nos queda concluir que este proceso solo tiene un objetivo, la proscripción de una líder que durante los años de su gobierno logró generar, ampliar y garantizar derechos políticos y sociales como nunca se había visto desde el regreso a la democracia. Levantó las banderas de la memoria, la verdad y la justicia, redistribuyó la riqueza para que los trabajadores y trabajadoras puedan gozar de sueldos acordes, estatizó empresas estratégicas para el desarrollo de nuestra nación, en definitiva, alguien que, se animó a dar batallas que nadie daba y que por eso los núcleos del poder fáctico, no la perdonan.

Por Carlos Blanco y Facundo Martearena, abogados.