Asociaciones y federaciones mostraron su preocupación por el "intento de cercenar" investigaciones de los fiscales.

Los últimos días, sobre todo tras el pedido de condena a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner en la causa que se conoce como Obra pública o Vialidad, se escucharon todo tipo de improperios y hasta amenazas hacia los jueces y fiscales Diego Luciani y Sergio Mola, quienes están a cargo del juicio por las presuntas irregularidades en las licitaciones otorgadas al empresario santacruceño Lázaro Baéz entre 2003 y 2015. 

En ese contexto primero se expresó la Asociación de Fiscales mostrando su preocupación por las manifestaciones vertidas por el presidente Alberto Fernández. Entienden que “no pueden dejar de ser interpretadas como una injerencia en el sistema de Justicia y en el desempeño del Ministerio Público, a la luz de de las cláusulas constitucionales que le aseguran independencia y autonomía en el desempeño de sus funciones”.

A ello se sumó luego la Asociación de Magistrados que repudió las expresiones que realizaron altos funcionarios del Poder Ejecutivo y Legislativo que “tienden a descalificar la legitimidad de la tarea que lleva adelante el Poder Judicial y los ministerios públicos”.

Finalmente la Federación Latinoamericana de Fiscales sostuvo que viene reiterando hace tiempo, con profunda preocupación, que en varios países de la región en donde se realizaron imputaciones a personas con alta trascendencia social o a integrantes de los cuadros superiores de organizaciones transnacionales delictivas, se ha pretendido atacar las investigaciones judiciales, “desacreditando o amedrentando la persona de los operadores, en especial a los fiscales”.

En su comunicado manifestaron que se observó, en varias oportunidades, que se instaló “un indebido hostigamiento mediático e institucional en contra de los fiscales, desacreditándolos o amenazándolos con sumarios administrativos y juicios políticos basados en impugnaciones genéricas y aparentes, que tienen poco pronóstico de éxito en los remedios recursivos propios de un proceso judicial, con el fin de alterar el correcto desarrollo de la función judicial”.

En este orden de ideas, cabe resaltar que la vinculación de los ataques con personalidades del ámbito de la política que fueron sometidas a proceso, permite sospechar con claridad objetiva que “existe una aparente intención de contaminar las investigaciones sobre importantes hechos de corrupción y cercenar las capacidades investigativas de la fiscalía”.

En ese marco, hemos observado que, en estos días, “el señor presidente de la Nación argentina, durante el juicio oral y público (Caso: 2833, caratulado 'Fernández de Kirchner; Cristina y otros s/ infracción arts. 173 y 210 del Código Penal'), después que los fiscales realizaran su alegato, emitió un comunicado oficial, en donde sostuvo que 'el Gobierno nacional condena la persecución judicial y mediática contra la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner que quedó expresada hoy, una vez más, en el alegato final y pedido de pena en la denominada Causa Vialidad...', adoptando la condición de parte, aún antes de la participación de las defensas y desacreditando irregularmente las manifestaciones del Ministerio Público Fiscal”.

Según refiere el comunicado, dichas expresiones “ponen en tensión los principios de un Estado de Derecho, constituyendo una injerencia indebida en la tarea judicial, máxime que el Poder Ejecutivo, es el encargado de asegurar la integridad física de los fiscales, su familia, y colaboradores”.

En ese contexto convocaron a la comunidad jurídica de la región a estar alerta sobre la reiteración de estas irregularidades, exhortando a una prudencia especial, en este caso, de los organismos competentes de Argentina, de modo tal que eviten “que sus conclusiones afecten a los procesos penales en marcha, y pongan en riesgo los principios republicanos, al admitir que presiones intolerables traten de afectar la independencia e imparcialidad del Ministerio Público Fiscal”.

En otro orden de cosas desde Change.org/CuidenALosFiscales se están juntando firmas bajo la petición de que se brinde a los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola total resguardo y garantías para que puedan continuar con su función en la causa Vialidad.

“Reclamamos que se brinde a los fiscales todas las garantías que corresponden, para que actúen con libertad y continúen cumpliendo el rol que les compete, sin que se ejerza, directa ni indirectamente, sobre ellos ninguna presión o intimidación que pudiera incidir en su normal desempeño”.