Llegó el “Día D” para Portezuelo del Viento y Rodolfo Suarez define su reclamo contra Alberto Fernández
Este lunes vence el plazo para que el presidente Alberto Fernández laude sobre Portezuelo del Viento. En el Gobierno de Mendoza hay pocas expectativas de que el Jefe de Estado cumpla con esta fecha límite y resuelva el futuro del proyecto hidroeléctrico, por lo que el gobernador Rodolfo Suarez prepara un reclamo formal por vía administrativa o judicial. La decisión es crucial para definir el destino de los 1.023 millones de dólares apuntados originalmente para financiar la represa en Malargüe.
En las horas previas a que venza este plazo, desde la Casa de Gobierno manifestaron a MDZ que “por ahora no hay novedades”. Sostienen que no han tenido ningún contacto de parte del Ejecutivo nacional ni ningún indicio que les marque que se conocería este 22 de agosto la decisión de Fernández.
Señalaron que están analizando qué pasará si no hay respuesta este lunes. “Si hay respuesta, veremos cuál es. Y si no hay respuesta estamos evaluando que camino vamos a adoptar”, expresaron desde el entorno del gobernador.
Conforme al estatuto y el reglamento del Comité Interjurisdiccional del Río Colorado (COIRCO), este 22 de agosto ya se han vencido todos los plazos y prórrogas posibles para dictar el laudo presidencial.
Dos vías de reclamo
En el caso de que hoy no se conozca el laudo presidencial, el equipo del gobernador tiene definidas dos opciones para emplazar a Fernández para que dicte el arbitrio. Una de ellas es presentar un pronto despacho a través de un procedimiento administrativo.
Asimismo, desde el Gobierno provincial no descartan la judicialización del tema. Analizan la presentación de un amparo por mora ante la Justicia Federal. Este recurso consiste en una acción judicial en la que se plantea que hay un plazo vencido y se le pide a la Justicia que intime a quien tiene que resolver y no lo hizo en tiempo, a que lo haga.
La elección de una u otra alternativa está en manos de Suarez, pero antes de tomar una decisión esperará a que concluya la jornada para accionar.
Un dilatado conflicto
Desde el Ejecutivo provincial remarcan que solicitaron en tiempo y forma el arbitrio del presidente en el seno del COIRCO tras la disputa con La Pampa, Neuquén, Río Negro y Buenos Aires. Estas provincias pidieron una nueva evaluación de impacto ambiental sobre toda la cuenca hídrica y frenaron el avance del proyecto que se encuentra en la etapa de licitación. Ante este escenario, Mendoza solicitó un laudo presidencial para que se defina el futuro del obra.
Desde la provincia enviaron a la Casa Rosada toda la documentación que fundamenta la postura de que Portezuelo del Viento cuenta con el aval para concretarse. Asimismo, subrayan que los antecedentes del proyecto son los mismos que tuvo a su disposición el expresidente Mauricio Macri cuando laudó a favor de la obra en 2018.
A comienzos de mayo de este año, el presidente Fernández se posicionó públicamente del lado de La Pampa en el conflicto y adelantó que solicitará un nuevo estudio de impacto ambiental, lo que en la práctica sepulta las posibilidades de que el proyecto se concrete en el corto o mediano plazo.
Sin embargo, esa decisión todavía no ha sido oficializada y pese al casi seguro revés, Mendoza todavía se ilusiona con que, al menos, el presidente habilite a la Provincia a poder destinar parte de los 1023 millones de dólares a otras obras.
En las arcas provinciales ya han sido depositaros U$S 472.432.623 de los U$S 1.023.362.922 que se comprometió a enviar el Gobierno nacional por los perjuicios que provocó la Promoción Industrial a la provincia.
El convenio que se firmó en 2019 posee una cláusula que establece que los recursos solamente pueden destinarse a Portezuelo del Viento u otras obras hídricas de generación de energía. Suarez espera que Fernández permita una excepción para que esos fondos puedan ser usados para otras obras hídricas, de energía y otras que permitan ampliar la capacidad productiva de la provincia.
De hecho, tanto en el Ministerio de Planificación e Infraestructura Pública como el Departamento General de Irrigación vienen analizando algunas alternativas. Como por ejemplo el proyecto hidroeléctrico El Baqueano, en San Rafael, o la represa Uspallata, en Las Heras, además de un Máster Plan de obras hídricas sobre canales de riego y reservorios.