Solo dos de los seis intendentes peronistas mendocinos denunciaron "persecución judicial" contra Cristina

Más de 500 intendentes de todo el país salieron en apoyo de Cristina Fernández de Kirchner ante el juicio que se lleva a cabo en su contra por acusaciones de corrupción en la obra pública. Flor Destéfanis, intendenta de Santa Rosa y Fernando Ubieta, de La Paz, fueron los únicos jefes comunales del PJ local en sumarse a la causa. Quedaron cuatro intendentes peronistas afuera.

Dentro del peronismo mendocino, hay seis dirigentes que comandan municipios. Al no sumarse a esta carta de apoyo a Cristina Fernández de Kirchner, marcaron la pauta de que se siguen quedando del lado del peronismo tradicional. Los que no firmaron fueron: Matías Stevanato (Maipú), Emir Félix (San Rafael), Martín Aveiro (Tunuyán) y Roberto Righi (Lavalle). Sin embargo, no se conocen los motivos por los que no adhirieron la firma en este comunicado.

A través de un comunicado, intendentes de todo el país aseguraron que el juicio oral que la vicepresidenta enfrenta por el desvío de fondos públicos en favor del empresario Lázaro Báez durante su etapa como mandataria nacional, caso conocido como “Vialidad”, representa un intento por proscribirla de la actividad política.

"Los intendentes del interior del país manifestamos nuestra preocupación frente a la utilización del sistema judicial como un mecanismo de estigmatización, de condicionamiento y disciplinamiento social. La persecución judicial sobre la vicepresidenta de la Nación Cristina Fernández de Kirchner, que se instrumenta con la activa participación de numerosos medios de comunicación, constituye una práctica violatoria de los derechos humanos que bajo el maquillaje de la aplicación de la justicia, pretende condicionar, invisibilizar y anular social y políticamente", indicaron los jefes comunales este domingo.

A lo que sumaron: "Las y los argentinos nos merecemos una justicia a la altura de las circunstancias, de cara a la celebración de 40 años de democracia ininterrumpida en nuestro país y llamamos a la reflexión a la comunidad en su conjunto, para rechazar estas prácticas institucionales y consolidar la plena vigencia de los derechos humanos".